Desde que el 2 de diciembre la presidenta Michelle Bachelet dio a conocer los 17 nombres que formarán parte del llamado Consejo de Observadores del proceso constituyente, desde diferentes flancos se comenzaron a incubar una serie de interrogantes sobre la verdadera labor que iba a cumplir dicha instancia. ¿Qué tenían en común un futbolista como Jean Beauseajour, con la baterista Juanita Parra, el periodista Patricio Fernández, o el abogado Arturo Fermandois todos ellos bajo el liderazgo del abogado y académico Patricio Zapata? De inmediato, algunos en privado, otros en público, cuestionaron no solo la ecléctica composición del grupo, sino que también le eficacia que tendría el trabajo del consejo, debido a las dudas en torno a las atribuciones que éste tendría.
Tanto desde el mundo académico como político comenzaron a proliferar estas críticas. Uno de los primeros en expresar sus reparos fue el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien con su habitual pluma irónica expuso que era “casi imposible encontrar alguna función jurídica y políticamente relevante a este Consejo de Observadores”. El abogado cuestionó que este consejo no podría redactar informes, ni sugerir mecanismos para modificar la Constitución. En simple, Peña se preguntaba: ¿Cuál iba a ser la utilidad del trabajo de estas 17 personas convocadas por la Presidenta? Mientras, desde el mundo político el senador Alfonso de Urresti (PS) emitió sus reparos en Qué Pasa, aludiendo que no estaba claro el rol y el funcionamiento que iba a tener este consejo, acusando improvisación por parte del gobierno.
Para enfrentar dicho escenario, es el propio consejo de observadores el que ha ido tomando decisiones para arrojar mayor claridad sobre sus funciones y objetivos.
El lunes de esta semana se reunieron por primera vez los 17 miembros. Allí, comenzaron a trazar las primeras directrices de lo que será su funcionamiento de aquí al mes de octubre de 2016, plazo donde debería culminar esta primera etapa de la reforma constitucional. Una de las primeras conclusiones de aquel encuentro fue que se iban a solicitar recursos para crear una secretaría ejecutiva que estuviera dedicada tiempo completo a organizar el trabajo. Funcionarios con dedicación exclusiva y remunerados a diferencia de los miembros del consejo que desempeñan su rol ad honorem. La solicitud fue hecha al gobierno el mismo lunes, y durante la semana desde La Moneda se les confirmó que se enviará un decreto para poner a disposición dichos recursos y contratar a dos o tres personas que cumplan con las características técnicas solicitadas.
Así también, se espera que con relativa prontitud se puedan nombrar a los monitores que guiarán los cabildos y que, a solicitud de la oposición, deberán ser nombrados por vía de la Alta Dirección Pública, con el fin de evitar suspicacias en torno a los posibles sesgos ideológicos con los cuales se puedan llevar a cabo los encuentros.
Así las cosas, desde el consejo enfatizan que su trabajo es muy concreto y específico: apunta a cumplir un rol de observador, algo similar a lo que ocurre con los observadores internacionales que acuden a diferentes procesos eleccionarios, y no a más que eso. No redactarán propuestas y solo emanará un informe final de observación: si es que el proceso fue o no transparente y cómo se llevó a cabo. En ese plano, no cumplirán ni el rol de una Contraloría, ni de los Tribunales de Justicia, ni menos de redactor de una nueva Carta Magna. Ello quedaría en manos de los pasos siguientes que sería la conformación de un grupo exclusivo de expertos a cargo de velar por ese proceso, del Congreso Nacional o bien de otra instancia que la mandataria determine, sea la encargada de escribir una nueva Constitución.
Zapata defiende al consejo
Respondiendo a las críticas iniciales, el coordinador de la instancia, Patricio Zapata, reconoce a Qué Pasa que ha habido cierta confusión, pero se encarga de aclarar que el rol principal que tendrá este consejo es velar la buena fe en que se lleve a cabo el proceso constituyente y en ningún caso redactar propuestas de contenido, ni proponer ideas para llevar a cabo la reforma a la Carta Magna.
“En algunos casos ha habido una cierta confusión, respecto a la función. La Presidenta en su discurso el 13 de octubre en la constitución del consejo fue muy clara: es un grupo de personas que van a colaborar a efectos que la primera etapa de educación cívica del proceso constituyente y los cabildos sea transparente, inclusiva y abierta. No estamos llamados a llevar adelante ese proceso, a dirigirlo ni coordinarlo. No estamos llamados a ser protagonistas en ese proceso, no estamos llamados a redactar contenidos que van a surgir de las reuniones ciudadanas”, indica. Ahora, más allá de las no atribuciones que explica el abogado DC, a su juicio el mandato está bastante claro y será completamente despejado en la medida que se vaya avanzando en el proceso: “Nosotros tenemos súper claro el rol que nos corresponde que es un rol que calificaría de apoyo, de colaboración, no de protagonismo. En la medida que vayamos trabajando van a ir despejándose las dudas y debiéramos tener más que críticas, ofertas de colaboración y de aporte, como ya hemos recibido algunos”, apunta.
En ese sentido, Zapata también responde a las críticas de su colega constitucionalista Fernando Atria, quien puso en duda las primeras palabras de Zapata relacionadas a que este consejo finalmente redactaría las conclusiones que se extrajeran de los cabildos, lo que para Atria ya sería entrar derechamente en el contenido de una reforma. Ante ello, Zapata afirma que puede haberse entendido mal o expresado mal, pues este consejo no está convocado para tal función: “En una de esas hay alguna frase suelta mía que se interpretó mal, pero he tratado todas las veces en enfatizar que nosotros vamos a observar la manera en que las autoridades de este gobierno lleven adelante este proceso, no estamos llamados a recoger insumos, no tenemos la capacidad para hacerlo”, aclara.
Este lunes en el Centro Gabriela Mistral se volverá a reunir la instancia, en donde se espera den a conocer los nombres de los miembros de la secretaría ejecutiva, que serán personas externas, además de comenzar a definir calendarios de actividades a corto plazo. La función de los secretarios ejecutivos a designar será participar en los cabildos y elaborar informes al consejo sobre el funcionamiento de los mismos, además de coordinar las labores logísticas.
También, aclaran que no siempre será necesario que los 17 miembros se desplacen a los lugares en donde se llevarán a efecto las consultas ciudadanas, pues para ello estarán los monitores y los secretarios. Los 17 miembros recibirán los informes del desarrollo de los cabildos y podrán apuntar críticas como hacer consultas sobre el proceso.
Además, el Consejo de Observadores se encontrará a disposición de recibir audiencias a quienes quieran participar. La primera reunión que se llevaría a cabo sería con el movimiento Cónclave Social, que solicitó formalmente una cita.