Este martes, el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, llegará hasta la comisión de Constitución de la Cámara con una nueva propuesta bajo el brazo, luego que ayer los diputados rechazaran de manera unánime una de las indicaciones para regular el financiamiento de los partidos políticos: la norma que permite a las colectividades hacer uso de instrumentos de inversión, como una forma de equilibrar la prohibición de los aportes de empresas privadas.
El traspié de Eyzaguirre se produjo en la sesión que este martes buscaba discutir las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos, y facilita su modernización.
Varios de los puntos precisados por el secretario de Estado en las enmiendas fueron aprobados sin mayor problema, y hasta por unanimidad. Los parlamentarios compartían galletas e intercambiaban bromas entre ellos, e ironizando también con el propio ministro, que optaba por sonreír ante las interpelaciones. Sin embargo, las risas se acabaron cuando el ítem que se puso en la mesa fue el ingreso de la citada indicación, que permitía a los partidos invertir en instrumentos de renta variable, cuando la propuesta inicial que el propio Eyzaguirre había transmitido a los parlamentarios era precisamente restringir este escenario, acotando dichas inversiones a instrumentos de renta fija y fondos mutuos.
El artículo cuestionado del proyecto es el número 35 quárter plantea que “los partidos políticos podrán ser titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que llevan las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras”.
Además, propone que “los partidos políticos podrán invertir, sin la restricción establecida en el inciso anterior, en valores emitidos por el Estado, por el Banco Central, por la Tesorería, por las empresas públicas en la medida que lo sean con garantía del Estado y por otras entidades públicas, así como en aquellos cuyos emisores siendo nacionales, hayan sido exceptuados del registro por la Superintendencia de Valores y Seguros”.
La lectura de estos párrafos encendió los ánimos entre los diputados, que no tardaron en hablar de “improvisación del gobierno” y calificar la propuesta como “un error garrafal”. En este punto, los diputados se peleaban por tomar la palabra. René Saffirio (DC), por ejemplo, expresó a viva voz que la propuesta del Ejecutivo podía terminar abriendo “otro caso SQM- Penta, o almuerzos millonarios de 20 millones pasados como seminarios”.
Saffirio manifestó que la indicación contravenía totalmente el espíritu de reforma de estas leyes, que buscan regular de mejor forma la política y la relación con los negocios, en medio del desarrollo de los casos Penta y SQM: “con esta propuesta de que los partidos sean accionistas, estamos pasando de ser receptores de dineros de Ponce Lerou a ser accionistas de SQM y Penta. ¡Digamos las cosas por su nombre!”, dijo mirando al ministro.
“Con esta propuesta de que los partidos sean accionistas, estamos pasando de ser receptores de dineros de Ponce Lerou a ser accionistas de SQM y Penta. ¡Digamos las cosas por su nombre!”, dijo el diputado DC René Saffirio.
El diputado Fuad Chahín (DC) también criticó la indicación, asegurando que “con ella, me transformo en acreedor de una empresa y después, tengo que legislar sobre ella. Hay que buscar una norma que sea equilibrada frente al conflicto de interés", señaló.
Además, hizo mención a otra arista: “¿qué pasa cuando un partido ha invertido en una sociedad inmobiliaria?”, citando como ejemplo unos departamentos que tiene la DC, y según dijo, arrienda actualmente. “No le amarremos tanto las manos a los partidos. No estamos hablando de construcción o especulación”, marcando que sería legítimo si una colectividad como su partido, por ejemplo, quisiera alquilar su sede en la Alameda por un recinto que le resultara más barato.
El diputado Arturo Squella (UDI) comentó que “debiéramos avanzar en una redacción más objetiva. Si algo se espera de nosotros, los parlamentarios, es que esto no se preste para malos entendidos en términos de probidad”.
“Esto es titular mañana de todos los medios de comunicación. O sea, ¿un partido dueño de Soquimich, o un partido dueño de Machalí? Es una vergüenza. Entonces, demos la posibilidad a la renta fija. Esa es la lógica de que las platas puedan tener una rentabilidad razonable. Pero ¿hablar de que van a tener una inmobiliaria del partido y sociedades anónimas? Por eso no es inocuo ver cómo se va a invertir el dinero de uno u otro partido. Es importante regularlo", añadió el también UDI Juan Antonio Coloma.
“Me imagino un partido político socio de Soquimich. O sea, ¿qué hubiera pasado si un partido hubiera tenido acciones en SQM?”, remató.
“Habría recibido más recursos”, le contestó irónicamente Osvaldo Andrade, entre risas de todos, menos del ministro.
El ex líder del PS también tomó la palabras en el debate, para advertir que “valdría la pena hacer precisiones, pero respecto de los fondos del Estado no debiera haber ninguna posibilidad” de establecer ganancias, utilizando los recursos que le aporte el Fisco a los partidos, para tener participación en inversiones de renta variable, como detalla el artículo propuesto por el gobierno.
Llegado este punto, el ministro explicó a los diputados que los montos que fija el proyecto no hacen atractiva la posibilidad de invertir en empresas – ante la alusión constante al fantasma de SQM- y propuso: “Podemos dejar la segunda parte del artículo a ‘renta fija’”, y destinar así dineros a depósitos a plazos o similares.
Pero este no fue el único punto objetado por los parlamentarios, quienes también le hicieron ver al ministro el “peligro” que encierra la posibilidad de que los partidos utilicen la organización de seminarios como fuente de financiamiento. Uno de los diputados citó, sin mencionarlo, el caso de los veinte millones cobrados por Andrés Velasco en el almuerzo-asesoría a los controladores de Penta.
Tras el intenso debate, el ministro se comprometió a reescribir la indicación y presentarla este martes. Los diputados se retiraron de la sala, comentando algunos que “ha habido mucha improvisación y confusión” en el planteamiento de esta norma. "Y después somos nosotros los que tenemos que poner la cara ante la gente", comentó uno de los diputados, caminando hacia la salida del céntrico edificio.