Tributaria: un tiempo para cada equipo

Cuando el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunció en agosto —escoltado por Alejandro Micco, Andrés Zaldívar, Pablo Lorenzini y Pepe Auth— un proyecto de ley para avanzar en la simplificación técnica de la reforma tributaria suscrita meses antes por su antecesor Alberto Arenas, se encendieron las alarmas en los sectores más de izquierda de la Nueva Mayoría.

Cuando ya habían celebrado con bombos y platillos la nueva recaudación de tributos, el PC y amplios sectores del PS y el PPD no querían abrir una nueva discusión, ya que pensaban que el empresariado podía cobrar una revancha.
“Puede que al ministro Valdés se le pase la mano con el realismo y caiga en el no cumplimiento del programa”, advirtió hace dos semanas en El Mercurio el presidente del PC, Guillermo Teillier, quien ha exigido que no se toque la recaudación destinada a la reforma educacional. Pese a los reclamos de los “sin renuncia”, Valdés envió el 15 de diciembre la llamada “reforma a la reforma” al Congreso que, aunque el ministro asegura que no altera los objetivos de la reforma original (aumentar la carga tributaria en 3 puntos del PIB, dar mayor progresividad al sistema tributario y reducir los espacios para la evasión y elusión), propone una serie de cambios con los que simpatizan los empresarios.

“Salió una reforma tributaria muy avanzada, pero inaplicable, porque ahora el ministro Valdés se está haciendo cargo de un conjunto de materias que hacen complejo, engorroso o definitivamente imposible sacarle provecho a esa recaudación de tributos”, señala el vicepresidente del PS, Camilo Escalona.

Educacional: penal en el minuto 90

Pese a los argumentos de los realistas sobre la imposibilidad de concretar de buena forma la gratuidad universitaria, la presidenta Bachelet ordenó a Hacienda buscar fórmulas para cumplir este año una de sus promesas de campaña más ambiciosas. Tras muchas horas de reuniones, en el gobierno apostaron por no hacer una ley y agregar una glosa al presupuesto para financiar este ítem, asegurando así el beneficio para 2016, pero al 50% de los alumnos más vulnerables y no al 60% como se había comprometido. El cinturón se ajustaba, pero la gratuidad marchaba.

Pero cuando los “sin renuncia” se aprestaban a celebrar esta fórmula, aprobada por el Congreso, el Tribunal Constitucional, tras una solicitud de la oposición, volvió todo a fojas cero al declarar inconstitucional el mecanismo para distribuir los recursos, declarando “arbitrarias” las exigencias a las instituciones de educación superior.
El TC acogió la petición de inconstitucionalidad sobre los denominados “requisitos de elegibilidad” para que accedan a la gratuidad los estudiantes matriculados en las universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

Tras nuevas negociaciones, el gobierno debió agregar una serie de cambios a la iniciativa, que apuntan a introducir mejoras en las becas y el trato para los IP y CFT. Esto luego que Chile Vamos amenazara con volver a recurrir al TC, acusando que la ley corta mantenía un trato discriminatorio hacia los estudiantes de esas casas de estudio.

Finalmente, el proyecto se aprobó en general por 22 votos. Si bien la UDI y RN valoraron los cambios al proyecto, se abstuvieron. Pese al revés original, el gobierno siguió la línea de los “sin renuncia” al limitar la entrega de becas —como impulsó, entre otros, Ignacio Walker, quien promovía dicha fórmula— y reducir incluso de cuatro a tres los años de acreditación de las universidades para salvaguardar que las estatales queden dentro del beneficio. Este escenario ha despertado dudas de las voces más “realistas” con miras al proyecto de educación superior, que buscará establecer el beneficio de manera permanente. El ex ministro Sergio Bitar si bien valoró la postergación del proyecto —que sería enviado antes del fin de año— espera un debate más “pausado”. “A dos años de gobierno, el rumbo no ha cambiado ni va a cambiar, pero la aceleración inicial ha disminuido y lo que viene será más pausado, más conversado y debiera ser más estudiado. En esto último tengo dudas: pensé que esto iba a ocurrir antes y no ha ocurrido. Me refiero a la forma como se presenta el proyecto de educación superior, creo que va a ser la señal de si hay madurez para procesar las reformas y no exponerlas innecesariamente”, afirmó el ex ministro de Educación.

Constitución: "realistas" rayan la cancha

La asamblea constituyente para definir una nueva Constitución fue, sin duda, una de las banderas que más atrajeron a los jóvenes a la campaña de Bachelet. En el primer año de gobierno, cuando la izquierda más radical de la Nueva Mayoría esperaba una definición en esa línea, Bachelet la postergó para el 2016. Sin embargo, el esperado anuncio de la presidenta —realizado en cadena nacional la noche del 13 de octubre— golpeó fuerte a este sector. Desoyendo los consejos de Pedro Güell, unos de sus principales asesores del Segundo Piso, Bachelet optaba por la vía institucional y dejaba la modificación de la Constitución en manos del próximo Congreso, tal como lo había propuesto, entre otros, el ministro Jorge Burgos. Esto, pese a que el compromiso original de su campaña era concretar esta modificación durante su mandato.

Los “sin renuncia”, liderados por el ministro Marcelo Díaz, contraatacaron señalando que habían logrado poner la “asamblea constituyente” como una de las alternativas para cambiar la Carta Fundamental.

Sin embargo, pese a las costosas campañas de difusión del proceso constituyente y a la constitución del Consejo de Observadores Ciudadanos, entre otras cosas, no existe claridad sobre cuál será el futuro real del cambio constitucional, ya que la conformación del próximo Congreso es incierta, al igual que el signo del próximo gobierno.
“La asamblea constituyente se acepta como opción válida, pero es un camino difícil de alcanzar”, resume el vicepresidente del PPD, René Jofré.

Laboral: se juega el tiempo de alargue

A raíz de las profundas diferencias políticas en torno la reforma laboral al interior del gobierno y de la Nueva Mayoría, hace un par de meses el ministro Valdés movió sus hilos en el Parlamento para postergar la votación del proyecto. Pero los plazos se acortan y se acerca la hora de la verdad. Hasta ahora lo único claro es que a mediados de enero debe salir humo blanco.

La semana que viene es clave: mientras el PC apuesta a volver al proyecto que salió de la Cámara de Diputados, que plantea el derecho a huelga efectivo, es decir, sin ningún tipo de reemplazo; las últimas indicaciones ingresadas por Valdés en el Senado apuntan a lo contrario y establecen el concepto de “adecuaciones necesarias” para que el empleador pueda utilizar a trabajadores que no están en huelga en los puestos de trabajo que sí adhieren a la movilización.

El miércoles en la mañana la directiva de la CUT tenía previsto reunirse con los diputados y senadores de las comisiones de Trabajo, luego que la multigremial advirtiera que no apoyarán la reforma con las actuales indicaciones y saldrán a la calle.

En el Ministerio del Trabajo los asesores directos de la ministra Ximena Rincón continúan revisando el texto para analizar posibles modificaciones. Desde esa cartera han insistido en que el proyecto tal como está propone una huelga efectiva sin ningún tipo de “reemplazo encubierto”, como han acusado desde el PC.

Otro de los temas que podrían generar ruido en esta última etapa de la discusión es la extensión de beneficios hacia todos los trabajadores, estén o no sindicalizados, y la negociación interempresas.

Sin embargo, Valdés se enfrentará en las próximas semanas a una comisión a favor —la de Hacienda—, que adhiere a sus posturas, que apoya la DC y los sectores más moderados de la Nueva Mayoría. Si todo sale bien, pasa a la Sala del Senado. “Haciendo una analogía futbolística, quien está hoy ejerciendo el poder no es el presidente del club, sino el tesorero”, señala un influyente dirigente del PS, quien prevé un triunfo de Valdés en este extenso partido que está en su tiempo de alargue.