Jueves en la noche. Viernes a primera hora. Lunes a primera hora. Lunes en la tarde. Así fueron los mensajes que el gobierno recibió desde el Tribunal Constitucional (TC). Sus diez integrantes vienen trabajando a toda máquina desde la semana pasada en la redacción del fallo que se convirtió en un golpe al corazón de la promesa de gratuidad para el 50% de los alumnos más vulnerables en la educación superior. El TC declaró como "discriminación arbitraria" los criterios establecidos en la glosa 05 del Presupuesto 2016 para determinar quienes accederían a la gratuidad, es decir, aquellos que pertenezcan a las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) y en universidades privadas o institutos profesionales sin fines de lucro y que cumplan con una acreditación institucional vigente mínima de cuatro años.

La resolución obligaba al gobierno a modificar su plan inicial y desde el 10 de diciembre, día en que se conoció la decisión del TC sobre el requerimiento interpuesto por un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, que busca una fórmula adecuada para salir jugando, conscientes de que necesitan leer el fallo antes de decidir un camino.

Desde la semana pasada, en La Moneda iniciaron un frenético lobby con los integrantes del TC más cercanos al gobierno, para conseguir que el organismo adelantara el texto antes del plazo auto impuesto de entrega que  vence este lunes. De hecho, el plazo legal para conocer el fallo era el miércoles 22, pero ocurría un día después de otra fecha límite: el martes se sabía qué universidades se adherían a la gratuidad.

Pero, las señales desde el tribunal no fueron alentadoras y finalmente se tomarán todo el tiempo fijado, es decir, el fallo se conocerá recién esta tarde.

Habría sido ideal para el gobierno conocer el detalle de la argumentación de los ministros la semana pasada, pues así el Ministerio de Educación habría trabajado durante el fin de semana el texto de la ley corta de "adecuación", fórmula que se definió la semana pasada para salir del paso. El problema ahora es otro: el calendario universitario se estrecha y comienza a asfixiar a las autoridades y a todo el sistema.

El próximo domingo 289.444 mil estudiantes que dieron la PSU iniciarán, como cada año, el proceso de postulación a las universidades cuando tengan los resultados de la prueba de selección en sus manos.

El principal problema es que hoy, a una semana de la entrega de resultados, no se sabe a ciencia cierta qué universidades contarán con gratuidad: de hecho, este martes vencía el citado plazo para que las universidades que cumplían con los requisitos originales se adhirieran al beneficio. El viernes de la semana pasada, la Universidad Católica, en medio de la incertidumbre, definió a través de su Consejo Superior, sumarse a la gratuidad.

El gobierno necesita el fallo para trabajar una propuesta: si bien inicialmente desde La Moneda se barajaba un plan que beneficiaba sólo a las universidades del CRUCh, buscando traspasar los costos a la oposición respecto del caudal de alumnos vulnerables de instituciones privadas que quedaban fuera, hacia fines de la semana pasada ya se evaluaban fórmulas para ampliar la gratuidad a universidades privadas, pero con cuatro o más años de acreditación, a cambio de dejar fuera a tres universidades estatales con bajos estándares de acreditación: la Universidad de Los Lagos, Universidad Arturo Prat, y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).

La fórmula encendió aún más los ya acalorados ánimos en el mundo universitario, donde incondicionales como el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, pusieron coto a su apoyo a la reforma: "Aquí es todos o ninguno", dijo en tono amenazante.

A esto se suma la molestia que también han manifestado los estudiantes que ya comenzaron a movilizarse. La Confech convocó una marcha nacional para este martes y durante la mañana de hoy carabineros tuvo que desalojar el ministerio de Hacienda, luego de que un grupo de estudiantes secundarios y universitarios se encadenaran a las puertas del edificio a modo de protesta.

Ante este escenario, Adriana Delpiano ha intentado tranquilizar a las universidades del Cuech y defendió dar un trato preferente a las universidades del Estado. “Uno de los principios básicos es que el Ministerio está obligado a tratar a las universidades estatales con una diferenciación por el sólo hecho de que el propietario es el Estado. Eso les da una condición distinta”, afirmó la ministra de Educación. Pero quien ha jugado un rol protagónico por destrabar el futuro de la gratuidad tras el fallo del TC ha sido el ministro Rodrigo Valdés, quien ha estado a cargo de las negociaciones tanto con la Nueva Mayoría como con la oposición.

Con todo, el día será movido en La Moneda, pues apenas se conozca el fallo, el Mineduc deberá redactar los términos de la "ley corta", que deberá ser discutida de manera "express" por el Congreso: el presidente de la Cámara, Marco Antonio Nuñez, ya despejó la agenda para tramitar lo más rápido posible el proyecto, pero antes el gobierno debe buscar el apoyo de las distintas bancadas, sobre todo de la oposición que, aprovechando el vuelo del fallo del TC, ha buscado hacer valer su opinión.

Pero el Congreso también tiene sus plazos: apenas ingrese, el proyecto debe esperar 24 horas antes de comenzar a ser discutido, lo que podría ser revertido por un acuerdo de comité. El escenario ideal es que ingrese en la tarde de hoy, pase a comisión de Hacienda y la sala lo revise el martes a primera hora antes de ser despachado al Senado.

Esta mañana el comité político de La Moneda será tenso: los ministros políticos del gabinete más la ministra de Eduación, Adriana Delpiano, discutirán una fórmula con los presidentes de partido del oficialismo. Todo, en base a trascendidos sobre lo que podría decir la resolución del TC que, dicen, tiene más de 150 páginas.

Pero, antes hay que conocer el fallo, redactar el proyecto y buscar un acuerdo político que satisfaga a todos. No será un día fácil.