Un tira y afloja desde varios flancos ha debido sortear el gobierno estos días, para encontrar una salida al fallo del Tribunal Constitucional que impugnaba los criterios expuestos en la glosa del presupuesto 2016 sobre gratuidad para la educación superior. Por un lado, el Ejecutivo ha intentado presionar al TC para que expusiera los argumentos del fallo a la brevedad, pues el 27 de diciembre comienza el proceso de postulaciones, fecha en que ya debe estar plenamente informada a la opinión pública la fórmula de gratuidad  para que las familias estén al tanto de qué planteles van a suscribir o no al beneficio. Y por otro lado, La Moneda se vio forzada a tender puentes con la oposición para evitar que la derecha torpedeara una nueva ley con otra impugnación ante el TC.

Bajo ese escenario, las reuniones se intensificaron este fin de semana, con encuentros extraordinarios del comité político, a las cuales asistieron también algunos presidentes de partido, como la que se efectuó el domingo por la tarde en las oficinas del Ministerio de Educación. Ya en esa instancia se resolvió algo concreto: no se esperaría más la publicación del fallo y se enviaría una "ley corta", y en el caso que se requirieran cambios tras conocer el contenido del texto del TC, éstos se llevarían a efecto mediante indicaciones del Ejecutivo.

Esa determinación que emanó de los ministros de Hacienda, Segpres, Interior y Mineduc fue aprobada esta mañana por todos los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría en la reunión del comité político en La Moneda.  En la cita se expresó la molestia transversal por la demora en el TC, y según uno de los asistentes, el gobierno habría hecho las gestiones para que el organismo revisor adelantara las conclusiones, debido a que el costo político que tendría que las familias al momento de postular a las universidades a partir de este 27 de diciembre no supiesen qué universidades estaban o no adscritas a la gratuidad, podría ser muy alto y una escala más en la telaraña de complicaciones en que se ha transformado comenzar el proceso de gratuidad a partir del próximo año.

La conclusión fue una sola: el Congreso no alcanzaría a despachar una ley, si esta no ingresaba hoy. Los tiempos no cuadraban y el reloj seguía avanzando sin un fallo concreto que leer. Así también, algunos presidentes de partido como el diputado Guillermo Teillier (PC) y el senador Jaime Quintana (PPD) apuntaron en la reunión que era hora también de analizar la labor del TC, para ver los cambios que se debían hacer a un tribunal que a juicio de ellos y otros en la Nueva Mayoría, se estaba transformando en una corte más política que jurídica. Por ello, la conclusión también apuntó a que no se podía estar pendiendo de un hilo a costa del TC. La vocera (S) de Gobierno, Javiera Blanco, hizo público este malestar con el TC a la salida de la reunión: “Lamentamos que tengamos que estar hasta todavía estas fechas esperando. Nosotros hemos dicho siempre, respetamos el fallo, no lo compartimos, pero lamentamos que se hayan tomado todo este tiempo".

 Con estas conclusiones adoptadas no se pudo cumplir lo expuesto por la presidenta Michelle Bachelet la semana pasada, cuando afirmó que no se iba a tomar ninguna resolución sin haber leído el fallo.

Finalmente el fallo fue publicado esta tarde, justo en momentos en que el proyecto de ley corta ingresaba a la Cámara de Diputados para su tramitación.

Las negociaciones con la oposición

El gobierno enviará este proyecto con varias certezas que le aseguran, según comentaron en La Moneda, un éxito en la aprobación del texto, pero por sobre todo que la oposición no acuda nuevamente al TC. Para ello, tuvo que hacerle varios guiños a la oposición, quienes han estado en permanente contacto con los ministros en un intenso e inédito trabajo pre legislativo que incluyó a parlamentarios de Chile Vamos. En ese sentido, el gobierno sacó de esta ley corta los cambios a la gobernación de las universidades, que pretendía hacer más participativos a los planteles de forma obligatoria como requisito para acceder a la acreditación. Punto para la derecha, que tuvo la venia de la Nueva Mayoría a la cual se le aseguró que este tema iba a ser repuesto en la tramitación de la ley larga de gratuidad de educación superior.

Ahora, el gobierno también propuso dentro de la fórmula escogida que todas las universidades estatales serían beneficiadas con la gratuidad, y todas aquellas privadas que cumplan con dos requisitos: cuatro años de acreditación y que sean sin fines de lucro. La oposición estaría cediendo en este punto, aunque estaría marcando matices en otro de los elementos resueltos esta mañana: los aportes basales a universidades estatales que tengan problemas de recursos y gestión. Este tema fue ampliamente discutido y La Moneda terminó por reforzar el concepto de que los planteles de educación superior estatales son de responsabilidad plena del Estado y deben tener un tratamiento especial: “Se entiende que las universidades del Estado tienen  un trato preferente que el Estado solo puede mejorarlo. Si el día de mañana una universidad del Estado tiene algún problema, el Estado tiene que hacerse cargo de mejorar ese problema”, enfatizó la ministra de educación, Adriana Delpiano. Con ello, el Estado se hará cargo de las tres universidades estatales que no cumplen con los cuatro años de acreditación, como ocurre con la UTEM, de Los Lagos y Arturo Prat.

Respecto a los centros de formación técnica, se explicó que estos quedarían fuera de la gratuidad, pero que se extendería la beca milenio para sus alumnos, además de la opción abierta que se transformen en instituciones sin fines de lucro, con lo que podrían optar más fácilmente a la gratuidad.

Así, la fórmula del gobierno (gratuidad a todas las estatales, Úes privadas con 4 años de acreditación y sin fines de lucro, y becas para Institutos y centros de formación técnica) alcanzaría a cubrir gratuidad a 185 mil alumnos, sumados a becas llegando a una cobertura de 220 mil estudiantes. Y además, sacando el tema de los gobiernos internos, se estaría en los márgenes constitucionales, según lo que La Moneda ha logrado establecer en torno a la argumentación que el TC daría a conocer esta tarde. Con esto, desde el Gobierno confían en que el texto se aprobara sin la amenaza de una nueva impugnación de la derecha ante el TC. Aunque desde la oposición advierten que no están de acuerdo con los aportes basales a universidades estatales que no cumplan con los estándares reconocidos de calidad, lo que abrirá un nuevo flanco de debate en los próximos días.

Fallo Tribunal Constitucional.