Pocos días antes de que Michelle Bachelet designara el Consejo Ciudadano de Observadores, que supervisará los diálogos ciudadanos y el nuevo proceso de educación cívica, Davor Harasic, decano de Derecho de la Universidad de Chile, entregó a la presidenta una serie de propuestas —de 63 académicos, chilenos y extranjeros— que pretenden ser un marco de los aspectos que debería tener una nueva Constitución.
Se trata del documento “Proceso Constituyente y Nueva Constitución Política” en el que el grupo, entre ellos el rector de la UDP Carlos Peña, el ex ministro del TC Jorge Correa Sutil y el abogado constitucionalista Patricio Zapata —quien hoy es parte de los observadores que designó el gobierno—, trabajó en 15 sesiones, entre agosto y noviembre, y definió qué nuevos temas y capítulos debiera tener una Constitución 2.0.
—¿Qué capítulos son clave?
—El derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la dignidad humana, la forma de consagrar los derechos de las personas, la probidad, el derecho a la propiedad; el derecho de los pueblos originarios, la forma y el rol del Estado; los partidos políticos y la participación ciudadana; la forma del gobierno presidencial, y los límites del poder constituyente, que es uno de los temores. Porque ¿de qué se trata la Constitución?, ¿es una tabla rasa?, ¿vamos a partir de cero?
—¿Y usted qué cree?
—Que Chile tiene muchos años como país independiente, una historia. Porque sólo un loco querría partir de cero. Por ejemplo, el caso más extremo, que es la Asamblea Constituyente (AC), no es borrón y cuenta nueva. Uno puede perfectamente darse la vuelta completa, volver al mismo punto de partida y acordar una Constitución muy parecida a la actual, pero ya eso va a haber cambiado esencialmente la cosa y la legitimidad, que es lejos lo más importante.
—¿De qué manera se debe abordar la probidad es una nueva Constitución?
—La probidad debe ser un principio rector constitucional que tiene que informar todas las actuaciones. Cuando hablas de corrupción, ¿qué vas a decir en una Constitución? ¿Puedes decir que las empresas no pueden financiar la política? Eso es absurdo. Pero sí puedes establecer la probidad como principio rector de la política nacional. Y al hacerlo, todas las cosas que han pasado en el último tiempo, y que casi todas y todos criticamos, caen por su propio peso. Entonces, no necesitas entrar a esa regulación minuciosa, porque es imposible. Andrés Bello tenía una frase que decía: “la Constitución es como una hoja de papel, que al principio flota, pero luego se humedece y se hunde”.
—Porque la Constitución tiene que ser muy vigente.
—Sí. Por ejemplo, dicen que esta Constitución (la actual) ha cambiado más de 300 veces. Pero una Constitución debiera ser algo bastante estable y un principio orientador.
“No estoy de acuerdo con una frase que pronunció el ex presidente Lagos cuando dijo que la Constitución no puede ser ideológica. Pero sí estoy de acuerdo con la idea de fondo: que la Constitución no puede ser la que quiere el Partido Socialista, la Alianza o la Democracia Cristiana”.
—¿Qué le pareció la integración del Consejo de Ciudadanos Observadores para el proceso constituyente?
—Me parece que en cualquier tema vinculado con la nueva Constitución, el gobierno tiene que preocuparse particularmente de sumar gente y ser extremadamente lógico y claro, porque mientras más personas participen en este proceso, más posibilidades tiene de ser exitoso. Debe ser sumamente lógico y muy claro para que la ciudadanía entienda las razones por las cuales ciertos grupos se integran de una forma determinada. Pero en el caso de Consejo ( de Observadores), no están claras sus atribuciones ni bajo qué criterios fueron citados. Tampoco si es suficientemente representativo.
—¿Por qué? ¿Cree que debió haber más “expertos”?
—Esta no debiera ser, necesariamente, una comisión de expertos, más bien debiera preocuparse de generar confianza en la ciudadanía. La falta de claridad respecto de sus atribuciones ayuda a generar dudas acerca del expertise de sus miembros. En las explicaciones del gobierno se entendió que estas personas velarán para que el proceso sea plural y participativo; para ello se requiere de personas socialmente respetables y que constituyan un conjunto plural. La hora de los expertos, en un proceso constituyente, viene después.
—Hoy muchos empresarios consideran innecesaria una nueva Constitución.
—Pero si los empresarios se restan de la discusión, sus intereses no van a estar representados. Y ellos son parte importante del desarrollo económico de Chile. El problema es cómo van a estar representados y eso depende de cómo ellos enfrenten el tema. La Constitución no es a medida para algún grupo, sino que queremos que sea nuestra. No estoy de acuerdo con una frase que pronunció el presidente Lagos cuando dijo que la Constitución no puede ser ideológica. Pero sí estoy de acuerdo con la idea de fondo: que la Constitución no puede ser la que quiere el Partido Socialista, la Alianza o la Democracia Cristiana.
—Porque si no, sería como la de hoy.
—Claro. Entonces, en la medida en que todos participemos, vamos a poder tener una Constitución que nos dé confianza. Porque si analizamos la Constitución de 1925, la del 80 y sus modificaciones, se ha ido cada vez complejizando máa. Y si la comparas con la norteamericana, alguien podría creer que nos volvimos locos, porque es brevísima. Mientras que la nuestra es superdetallada, entra incluso a la forma en cómo se designa a los jueces, a los fiscales regionales, etc. Y esto es porque fue producto de desconfianzas que se fueron generando. Pero una Constitución podría ser perfectamente un marco general que estableciera determinados principios. Y así como la actual asegura casi como un baluarte la seguridad nacional, la nueva, en cambio, debería determinar que el principio más importante sea la dignidad de las personas.
—Eso englobaría muchas cosas.
—Son muchas las consecuencias que se derivan de la dignidad de las personas. Ahí entra la no discriminación, la igualdad entre las personas, el derecho a la autodeterminación y la discusión sobre el aborto. Porque esa discusión (del aborto) es distinta si consideramos la dignidad. Pero acá no se trata de dar recetas, sino de consagrar formas de relacionarse.
—¿Tratan el aborto?
—No, porque esa sería una Constitución confesional. Pero si tú pones la dignidad como un valor, tienes la discusión del aborto enmarcada en un tema enteramente distinto de si la mujer puede autodeterminar qué hace con su cuerpo, de si el embrión es o no persona. Además, la Constitución pasa a no vulnerar ninguna de las posiciones sobre el aborto.
—¿Y cómo se plasma el matrimonio igualitario?
—No lo plasmas en la Constitución, pero cuando estás diciendo que debe respetarse la dignidad de las personas homosexuales. ¿Por qué se va a respetar? Yo creo que es un tremendo avance, porque en Chile nadie está obligado a contraer matrimonio. Pero ¿por qué obligar a algunos a no contraerlo? Hoy como gran cosa llegamos al Acuerdo de Unión Civil, pero es una transacción entre un matrimonio heterosexual y el derecho de vivir en pareja de las personas no heterosexuales. Entonces ¿por qué si nadie está obligado a casarse, obligamos a otras personas a no casarse? El matrimonio está hecho para el hombre y la mujer, pero para el hombre y la mujer que se quieren casar. Y para dos hombres que se quieren casar ¿por qué no?, ¿cuál es la razón?, ¿que no pueden procrear? ¿Y qué pasa con las parejas heterosexuales que no pueden procrear? ¿No son matrimonio? Eso no es un tema constitucional, pero si tú estableces en la Constitución la dignidad de la persona, vas a llegar a consecuencias sobre esa materia.
—¿Desde qué visión sumaron los derechos de los pueblos originarios?
—Primero, señalamos que hay que abordar el tema de los derechos de los pueblos originarios, porque tienen algo que decir. Lo que pasa es que en este asunto hay una distorsión muy grande, porque alguien automáticamente va a querer que pienses en la violencia en La Araucanía, pero no tiene nada que ver. La realidad es que en nuestros países existen los pueblos originarios en el norte y en el sur. En otras partes es un orgullo y un respeto que es ancestral. Y si eso lo vinculas con dignidad y valores de la persona, evidentemente que eso tiene que tener una acogida en la Constitución: tienen que tener voz.
PENTA Y LA COLUSIÓN
Harasic asumió en mayo de este año como decano de Derecho de la Universidad de Chile. Un día antes dejó el caso Penta, en el que era abogado junto a Julián López de los dueños del holding, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, ambos formalizados por delito tributario y soborno.
—¿Dejó todos los casos de connotación pública o sólo Penta?
—No necesariamente los casos de connotación pública, sino más bien casos que tengan una connotación ideológica clara o un sesgo que no sea conveniente. Llevo varios arbitrajes y tengo juicios que no tienen una relevancia nacional.
“Cuando hablas de corrupción ¿qué vas a decir en una Constitución? ¿Puedes decir que las empresas no pueden financiar la política? Eso es absurdo. Pero sí puedes establecer la probidad como principio rector de la política nacional”.
—¿Influyeron las críticas de los alumnos de Derecho en que se marginara de Penta?
—No es que hayan influido. Yo creo que esas son las cosas que hay que tratar de evitar. ¿Se ha escuchado que alguno de los juicios que llevo actualmente hayan generado alguna crítica? No. Entonces, es eso. Y si me dijeran ¿entraría usted en este momento a defender a uno de los imputados por colusión? No. Porque no me parece que sería conveniente. Además, entre otras cosas, la Facultad está estudiando el tema para un seminario que haremos el próximo año. Y yo no podría estar abanderizándome con una situación en un tema que es tan de política pública como ése.
—¿Qué le parece el proyecto de castigar con cárcel la colusión?
—Siempre es extremadamente delicado legislar al calor de la presión social de un delito que acaba de ocurrir, porque normalmente lo que haces es sacar ese hecho y quebrar la escala penal. Y eso me parece que es negativo. En segundo lugar, la falacia que tiene esto de penalizar todo es pensar que la cárcel es una solución y un disuasivo, pero está probado que no lo es, ni tampoco una solución para el delito. Entonces, si la colusión debe tener pena de cárcel o no, llevémoslo a la discusión del ordenamiento penal. Es decir, dentro de qué escala de disvalor se ubica la colusión y a esa pongámosle la pena que corresponde. Pero hagámoslo con un análisis centrado, tranquilo, no a a la luz de los hechos que sucedieron con el confort o los pollos.
—Es lo que ha sucedido con la agenda corta de la delincuencia.
—Absolutamente. Entonces, quiebras la escala. Y lo que una sociedad considera un disvalor se desdibuja y ya no sabes por qué le corresponde una pena y no otra.
—¿Y qué pasa cuando se quiebra esta escala?
—Pasa a haber un ordenamiento incoherente. Además, se produce la situación engañosa de pensar que la delincuencia se soluciona con penas. Pero no es así, en absoluto. La delincuencia se soluciona con un enfrentamiento social. La gente que cree que Tolerancia Cero en Nueva York fue solamente sacar policías a la calle para apalear a los que estaban delinquiendo, está equivocada. Tolerancia Cero partió arreglando las ventanas, limpiando los barrios, borrando los grafitis e incorporando a las personas a trabajos comunitarios. Es un trabajo social. Nosotros no podemos tratar de combatir la delincuencia sin preocuparnos de lo rabiosos que andamos por la calle. Tenemos que preocuparnos de qué nos pasa como sociedad.
