La abogada Paulina Veloso repitió en reiteradas oportunidades, tras la presentación de los argumentos a nombre del gobierno ante el Tribunal Constitucional, que "la gratuidad no estaba en juego".

Sin embargo, luego de que el organismo rechazara la propuesta, se confirmaron los peores temores del gobierno y el oficialismo: el adverso escenario que plantea, para los planes de La Moneda, el rol más político que estrictamente jurídico que juega el TC.

Si bien la oposición había presentado reserva de constitucionalidad en proyectos anteriores, como el levantado ante la ley de inclusión, que pone fin al lucro, al copago y la selección; con el pronunciamiento del TC ante la glosa presupuestaria para iniciar la gratuidad en 2016, que podría afecta los 200 mil estudiantes comprometidos para el debut de la iniciativa, el paso de las iniciativas al tribunal que debe establecer un control constitucional se convertirá en una pesadilla para La Moneda.

En septiembre, Qué Pasa  adelantó que el desembarco al TC del abogado José Ignacio Vásquez, vinculado a la oposición, abría un flanco de complejidad para Palacio: su nombramiento por la Corte Suprema rompía el empate político en la conformación del organismo (5 ministros cercanos al oficialismo y 5 de oposición), pues llegaba a reemplazar a Francisco Fernández, cupo del Partido Socialista.

Por esos días la decisión del máximo tribunal desató las alertas en el oficialismo e incluso hubo "desazón por la poca atención que el gobierno puso a la designación del nuevo ministro del TC", dijo entonces un senador oficialista.

En el conglomerado señalan que hubo poca previsión y "dialogo" con la Suprema para haber mantenido el equilibrio en el reemplazo de Fernández. "Faltó ofició" comenta un funcionario de gobierno.

En ese minuto ya se advertía el duro trance que tendrían las reformas y en particular tres proyectos emblemáticos: la gratuidad en la educación superior, la reforma laboral (aún en discusión en el Senado) y la despenalización del aborto. En la votación de la glosa de gratuidad ya se reflejó esta realidad: la votación a favor de declarar inconstitucional los denominados "requisitos de elegibilidad" agrupó a todos los ministros con sensibilidad de derecha: Marisol Peña, Iván Aróstica, Juan José Romero, Cristián Letelier, María Luisa Brahm y el recién designado Vásquez.

Los otros dos proyectos siguen en el Congreso y, eventualmente, podrían recalar en el TC. En el caso de la despenalización del aborto la inclinación de la balanza podría ser más evidente: Vásquez se definió en su presentación como integrante del tribunal como defensor del “irrestricto derecho a la vida”.

Con todo, tras la resolución de este jueves, las voces que cuestionan el rol y la vigencia de este organismo, comenzaron a resurgir. Cabe recordar en los albores del proceso constituyente recientemente anunciado por el gobierno que, como parte de los postulados de campaña del programa de gobierno de Bachelet figuraba el desafío de terminar con los "enclaves autoritarios de la dictadura", apuntando directamente al Tribunal Constitucional.

El senador y presidente de la comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti, lo resume así: "El TC es un grupo de personas designadas, por las cuales ningún ciudadano ha votado. Tiene en nuestra institucionalidad la posibilidad de decidir el futuro de reformas relevantes para nuestra sociedad, incluso pasando a llevar la voluntad del Congreso y el Ejecutivo. Esto no es aceptable en una democracia".