Cómo salir del embrollo que dejó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) fue la consigna que predominó en el tradicional comité político de los lunes entre los ministros de La Moneda y los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría. El gobierno, a través de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó varias fórmulas para cumplir con la gratuidad en 2016, basadas en los distintos escenarios que planteé el contenido de la resolución del TC que será dada a conocer en los próximos días. Si bien hubo fuertes críticas de algunos jefes partidarios sobre la improvisación con la que el gobierno ha actuado en la materia y el escaso trabajo pre legislativo, también hubo un consenso en que el fallo tuvo más un carácter político que jurídico.
Para decidir una salida y poder así cumplir con la gratuidad, todo dependerá del contenido del fallo que puede apuntar a dos vertientes en lo que el TC denominó de forma general “arbitrariedad en la entrega de recursos”.
Por un lado, el contenido puede apuntar a la discriminación por los grados de vulnerabilidad de los estudiantes, o bien porque la discriminación se debe por el desempeño de las universidades o instituciones técnicas de educación superior. El último caso, explicó la ministra Delpiano al interior de la reunión, sería una mala señal debido a que se estaría abriendo la posibilidad de entregar recursos a universidades que no cumplan con los requisitos expuestos en la glosa de gratuidad aprobada en el Congreso, lo que atentaría con subir los estándares de calidad a los planteles educacionales, cuestión que es una de las bases esenciales para los cambios que se buscan con el fin de no dar pie al nacimiento de otros casos como el ocurrido en la Universidad del Mar.
En ese plano, para el presidente del Partido Comunista, diputado, Guillermo Teiller, es clave saber a dónde se apunta con la arbitrariedad: “Si el criterio del TC debe ser sólo la falta de recursos de estudiantes, y deja de lado la calidad, es imposible resolver el problema de la gratuidad educación en Chile”, expresó. Así también, el presidente de la Izquierda Ciudadana, diputado Sergio Aguiló, comentó que “en cualquier caso hay que decir que si el TC considerara que es arbitraria la discriminación por calidad, se tiene que hacer responsable que pueda haber gratuidad en universidades completamente carente de todo calidad como la U. del Mar”-
Con estos escenarios, se discutieron varias alternativas, una de ellas es el envío de una “ley corta” que sea despachada antes del 26 de diciembre, en donde se puedan redistribuir los recursos. Esta fórmula tendría el riesgo, según comentaron en la reunión, de que pueda también ser llevado al TC, por lo que deberían tomarse todos los resguardos pertinentes, incluido algún tipo de diálogo con la oposición. Esto para La Moneda es uno de los puntos centrales, pues marcaría un precedente sobre cómo se va a enfrentar el proyecto de ley de educación superior que debería ser ingresado a fin de este año, en donde se establecerá un nuevo marco regulatorio para las instituciones de educación, el cual también será un parámetro para la entrega de recursos bajo el nuevo sistema de gratuidad.
El debate que se viene: la ley de educación superior
Muchos presidentes llegaron a La Moneda a buscar certezas a la reunión de este lunes, por ejemplo el presidente de la DC, senador Jorge Pizarro, quien esperaba encontrar soluciones. Sin embargo, el gobierno reconoció que aún no hay fórmula, pues todo depende del contenido del fallo
Así, la ministra Delpiano expresó: “Queremos dar seguridades, el Cruch en cualquiera de los escenarios debería estar presente, en la glosa ya está la ampliación de becas para institutos profesionales. No hemos descartado que se amplíen esos recursos para esos alumnos (…) pero aún no existe la fórmula”.
En la misma línea, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, apuntó que “estamos examinando distintas opciones a partir de distintas hipótesis El piso serán las universidades del Cruch. (…).Instrucción de la Presidenta es clara; comienzo gratuidad y extender al máximo los beneficios”.
Con la decisión de que las Ues del Cruch sí estarán sujetas a la gratuidad bajo cualquier argumento del TC, 180 mil los alumnos serían los beneficiados, quedando 60 mil estudiantes fuera del sistema, y es para ellos los que urge algún tipo de solución, que según lo concluido en la reunión del comité político si recibirán algún tipo de ayuda del Estado.
Lo que sí, el escenario que se abre respecto al fallo, es en torno al concepto de calidad como condicionante para la entrega de recursos, pues en La Moneda no quieren entregar dineros a cualquier institución. Y ese tema aún está en duda. Para el gobierno será clave la forma en que el TC redacte su fallo, para ver cómo enfrentar la batalla más grande que es la nueva ley de educación superior, que aún no está plenamente afinada y la cual carece de una fórmula de financiamiento.
Y para ello, el gobierno les adelantó a los presidentes de partido algo de información, luego de que se les entregara un breve borrador con los puntos centrales que tendría el proyecto que estaría pensado enviar en dos tandas: la primera con la nueva institucionalidad, lo que entre otras cosas llevaría la creación de una superintendencia de educación superior y une elevación de los estándares de acreditación para las universidades, dejando para más adelante el envío del financiamiento que tendría el nuevo sistema. Ello, pues una de las conclusiones que se emitieron en la reunión, fue que habrá que tener más resguardos en los temas de financiamiento tras lo ocurrido con el TC. La ministra afirmó en la reunión que el proyecto debería ser ingresado antes de fin de año, pese a los reparos de varios presidentes por el escaso trabajo pre legislativo que ha existido en este proyecto que es considerado clave para el futuro de la reforma educacional y la promesa de una educación gratuita y de calidad.
