Esta es una semana importante para el futuro de la gratuidad 2016 impulsada por el gobierno. Hoy a las 9.15 de la mañana comenzó la audiencia pública convocada por el Tribunal Constitucional en que 18 instituciones y organizaciones de la sociedad civil pudieron debatir a favor o en contra del requerimiento presentado por disputados de la oposición, quienes acusan vicios de inconstitucionalidad en la glosa presupuestaria a través de la cual el gobierno pretende entregar educación gratuita a 200.000 estudiantes de los cinco primeros deciles el próximo año.

A través de la glosa número cinco de la partida de educación, el gobierno no sólo destinó $536.620 millones para este propósito, sino que además fijó los requisitos que se aplicarán a las instituciones que reciban recursos del Estado. Así, podrían optar por la gratuidad las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), tres universidades privadas sin fines de lucro, e Institutos Profesionales (IF) y Centros de Formación Técnica (CFT) que, al 30 de septiembre de 2015, estuvieran acreditados y constituidos como una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro.

No obstante, es precisamente eso lo que cuestiona la oposición. A mediados de noviembre, una treintena de parlamentarios de Chile Vamos, encabezados por el diputado UDI Jaime Bellolio, impugnaron la glosa ante el TC, argumentando primero que la partida presupuestaria no es el mecanismo adecuado para legislar el financiamiento a la educación superior, y  además, que la glosa discrimina arbitrariamente a estudiantes vulnerables, al distinguir entre distintas universidades.

Pese a que el tribunal declaró admisible el requerimiento por unanimidad, las autoridades del gobierno han transmitido tranquilidad, ya que los fondos para la gratuidad están asegurados y confían en que podrán convencer al organismo de que la política fue diseñada correctamente.

Este lunes, la mandataria solicitó al Tribunal desechar el requerimiento en todas sus partes mediante un documento que a lo largo de 118 páginas detalla los alegatos del ejecutivo.  Entre sus argumentos cita tres veces en las que el gobierno de Sebastián Piñera asignó recursos mediante una glosa presupuestaria: los recursos para la creación de Liceos Bicentenarios de Excelencia en 2011, para el Ingreso Ético Familiar en 2012, y para la Política Integral de Envejecimiento Positivo en 2013.

Sin embargo, los expertos en materia constitucional coinciden en que no se trata de un caso fácil.

LAS VISIONES QUE SE ENFRENTARON

A FAVOR

Fundación Jaime Guzmán: “Las exigencias son requisitos que no cumplen las universidades del Cruch”

Máximo Pávez, representante de la fundación Jaime Guzmán, fue uno de los primeros en exponer. "Creemos que (la glosa) es arbitraria porque en igual y objetiva situación de vulnerabilidad estudiantes van a ser excluidos del beneficio. Y en segundo lugar porque las exigencias son requisitos que no cumplen las universidades del Cruch. Esta es una parte medular de la arbitrariedad", señaló.

Efectivamente, uno de los argumentos que expone el recurso que presentó la oposición es que tres universidades del Consejo de Rectores, sólo tienen tres años de acreditación: la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Los Lagos. Sin embargo, de acuerdo a las normas que establece la glosa, esto no es requisito para las universidades del Cruch.

Representantes de IP e CFT: “El legislador sabe ex profeso cuáles son las instituciones que van a poder cumplir”

Desde que se comenzaron a discutir los requisitos para acceder a la gratuidad, los representantes de los IP y CFT han sido uno de sus más férreos opositores. De los 500.000 estudiantes que están matriculados en instituciones de este tipo la mitad pertenece a los cinco primeros deciles de la población. Sin embargo sólo el 18% podrá acceder a la gratuidad de acuerdo a información entregada por Miguel Ángel Fernández, representante de Vertebral, entidad que agrupa a los IP y CFT acreditados.  Además, el 90% de los beneficiados serán estudiantes de Santiago, Valparaíso o Viña del Mar.

El problema es que muchos de los IP y CFT están constituidos como sociedades anónimas, lo que está permitido por ley. Esto dejó afuera de la gratuidad por no cumplir con el requisito de estar conformado como corporación o fundación sin fijes de lucro a tres de las instituciones de este tipo que concentran a la mayor cantidad de estudiantes, el Inacap, el AIEP y el CFT Santo Tomás, que en conjunto reciben a más de 200.000 alumnos, el mismo número de estudiantes que contempla beneficiar la glosa.

Las autoridades de estas instituciones solicitaron al ejecutivo una ley corta que les permitiera cambiar su figura jurídica, pero las negociaciones no llegaron a puerto.

“El legislador sabe ex profeso, de antemano, cuáles son las instituciones que van a poder cumplir, porque las otras ya no pudieron cumplir”, fue el alegato del representante de Vertebral.

Juan Matulic, del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior (Conifos) reiteró este argumento. “La aplicación de requisitos en forma retroactiva perjudica a estudiantes e instituciones que en todo momento han actuado de buena fe y conforme a la Ley”.

EN CONTRA

Consejo de Rectores: Sin privilegios

Aldo Valle, rector de la Universidad Católica de Valparaíso y vicepresidente del Cruch, descartó que las universidades del consejo fueran beneficiarias de privilegios, pero recordó que el grupo “representa esas instituciones que hacen un aporte valioso a la educación superior”.

Valle fue enfático en que las 25 universidades del Consejo han sido siempre las que se sometido a una fiscalización más estricta para recibir requisitos del Estados. Además, debido a sus estructuras jurídicas y patrimoniales, no hay controladores ni lucro, cuentan con un sistema público de admisión y tienen una gran población universitaria deliberante que participa en distintas instancias.

"No hay discriminación en esta glosa, puesto que el Estado –legítimamente– siempre está estableciendo condiciones, determinando ámbitos de elegibilidad, fija incentivos. Si no lo hiciera el Estado lo cierto es que se convertiría en un entidad autómata sin poder distinguir entre aquello que es objetivo de política pública, de aquello que no lo es", afirmó el rector, quien hizo un llamado al Tribunal a terminar con la incertidumbre que ha generado este debate.

Cuech: “No había interés por las universidades estatales”

El principal argumento de Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio Universidades Estatales (CUECH), fue la situación de abandono en que quedaron las universidades del Estado debido a la fuerte presencia del mercado en el modelo de educación superior.

"Me parece increíble que no se entienda que lo que se debe hacer es fortalecer instituciones, ¿quién se beneficia? las universidades estatales han tenido que mantenerse en regiones ante la indiferencia", señaló Vivaldi, quien además sostuvo que es imprescindible recuperar los recursos que se han traspasado del gobierno a instituciones privadas.

Fernando Montes, UAH: Una injusticia basal

El sacerdote jesuita, rector de la Universidad Alberto Hurtado –una de las tres universidades privadas que podrían optar por la gratuidad–, repitió varias veces en su exposición que se sentía perplejo por esta discusión.

A su juicio, desde que el Cruch se volvió una institución cerrada durante la década de los 80 se generó un tremendo problema estructural, ya que las universidades que acogen a los alumnos más pobres no son parte del consejo.

"El Cruch era una institución abierta y se transformó en un cuerpo cerrado, que provoca un tremendo problema. El Estado le entrega a las 25 universidades del Cruch, como aportes directos, 372 mil millones contra 17 mil millones a las universidades más pobres y donde está la mayoría", planteó el sacerdote.

Por ende, limitar la gratuidad 2016 sólo al Cruch –una de las alternativas que se barajan en caso de que el TC falle a favor del recurso–, para él sería perpetuar lo que considera una “injustica basal”.

Bancada PC-IC: “Muchas políticas públicas que se determinan a través del presupuesto”

Aunque se esperaba que la diputada Camila Vallejos expusiera como representante de la bancada PC-IC, finalmente lo hizo el abogado Luis Cuello.  Su principal argumento fue que la adhesión a la gratuidad es voluntaria, no una imposición, por lo que no puede ser considerada arbitraria.

Además, al igual que el gobierno, puso énfasis en que en el pasado muchas veces se ha utilizado el presupuesto como medio para determinar políticas públicas sin que sea cuestionada su constitucionalidad.

El futuro de la discusión

Mañana tanto los parlamentarios de oposición que presentaron el requerimiento como el gobierno tendrán la posibilidad de exponer sus alegatos frente al Tribunal Constitucional, quien tendrá diez días hábiles para hacer público el fallo. El 23 de diciembre es la fecha límite para conocer la resolución.

Dado que los recursos ya están comprometidos, en caso de que el TC decida acoger la impugnación, el gobierno baraja distintas opciones, las que a su vez dependen de la manera específica en que falle el tribunal.

Una de ellas es aplicar la gratuidad 2016 sólo en las universidades del Cruch, perjudicando a un número considerable de estudiantes. Otras de las alternativas son la promulgación de una ley corta, el establecimiento de un convenio directo entre el Mineduc y las instituciones de educación superior, o la reasignación de recursos a través de becas. Ésta última sería una derrota para el gobierno, ya que debilita el principio de la educación gratuita como un derecho social.