Lo que se sabe es esto: primero vendrán los cabildos, después las Bases Ciudadanas para la nueva Constitución y luego la propuesta que presentará la presidenta al Congreso en 2017, pero entre medio un espacio sin definir que abre una gran incógnita y entrega responsabilidad a una figura aún desconocida. El encargado de poner en palabras la voluntad de la ciudadanía, de darle forma al proyecto constitucional, sigue sin especificar. Hay quienes creen que debería hacerlo un comité de expertos, otros piensan que lo hará el Consejo Ciudadano de Observadores, y algunos defienden que el Ejecutivo debe levantar el proyecto desde alguna cartera ministerial, y varios apuntan a la que dirige Nicolás Eyzaguirre. En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia mantienen el suspenso: “No hay nadie que pueda confirmar ese dato, excepto la presidenta”.
Pero incluso antes, una primera instancia de traducción genera incertidumbre: el paso desde los diálogos a las bases. En la oposición la desconfianza es hacia la figura que tome nota durante los cabildos. “¿Quién prioriza y sintetiza las conclusiones? Hay un espacio de manejo que tiene el gobierno y vamos a estar atentos a que no se mal utilice”, dice Víctor Manuel Avilés, quien es parte del equipo constitucional de Chile Vamos. Fernando Atria, que participó de la comisión de Constitución del comando de Bachelet, plantea que lo problemático de ese momento será pasar de discusiones orales a un texto escrito. Ese proceso, considera, puede interpretarse como manipulativo y dar la impresión de que quien lo redactó puso lo que le parecía a él. “Alguien va a tener que sentarse a tipear en el computador y decidir qué es importante y qué no de lo que se dijo. ¿Cómo se van a legitimar públicamente esas decisiones de redacción? Yo no alcanzo a verlo”, dice.
Pero una vez que las bases estén hechas, hay que escribir la propuesta. Para Arturo Fermandois, miembro del Consejo de Observadores cercano a la UDI, la redacción depende de cómo se conciba la Constitución: si se piensa como ícono de una cruzada ideológica, la tarea de redactarla sería de líderes sociales con alta sensibilidad sociológica y no requeriría de abogados ni jueces. Él prefiere que sea una norma jurídica destinada a limitar otras leyes, restringir el poder, organizar el Estado y garantizar derechos. Para eso, considera, se necesitan expertos: profesores, abogados, técnicos. “La fantasía debe ceder ante la prolijidad, el sueño ante la realidad y el ideario político ante la prudencia operativa”, dice.
Lo que sí se preocupa de aclarar Patricio Zapata, que preside el consejo y es una de las voces más autorizadas para hablar del tema, es que la tarea de redacción no les corresponde a ellos como equipo. Además entrega algunas respuestas: falta seleccionar a los monitores de los cabildos y a un secretario general encargado de coordinarlos, como también a los que transformarán los resultados de los 54 cabildos provinciales y los 15 regionales en las Bases Ciudadanas. De eso podría encargarse eventualmente, especula, la división jurídica de Segpres. El trabajo del consejo solamente será el de monitorear que todos esos documentos expresen lo que se habló en los cabildos. “Los que hagan ese trabajo van a ser especialistas. Puede que sea uno de nosotros o puede que la presidenta invite a personas externas al consejo. No me corresponde a mí ni a ninguno de los 17 conformar un proyecto constitucional”, dice. Advierte además que el proceso de transformar las ideas de las personas en una propuesta no va a ser sencillo. “Hay un riesgo de que las ideas personales incidan para llevarse la pelota a la casa, y en ese momento no va a dar lo mismo si los encargados son más de derecha o más de izquierda”, explica. Hasta ahora, la única pista que ha entregado la presidenta es que la nueva Constitución surgirá de las Bases Ciudadanas, recogerá la tradición constitucional chilena y respetará las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo.
Las opciones que aparecen como más viables son las de una comisión plural de expertos de alta calificación y la de un proyecto que emerja de la Secretaría General de la Presidencia. Francisco Zúñiga, ex jefe de la comisión de Constitución del comando de Bachelet, es partidario de lo primero. “Los funcionarios públicos no necesariamente son expertos en temas constitucionales”, dice. Olga Feliú, ex presidenta del Colegio de Abogados, cree lo contrario: la responsabilidad recae en el Poder Ejecutivo, ya sea en la Segpres o en otro ministerio. Piensa que los abogados que trabajan ahí tienen las capacidades para hacer ese proyecto. “No me parece que el Ejecutivo tenga que contratar externos cada vez que deban preparar algo complejo. Segpres ha tenido siempre excelentes abogados”, sostiene.
Lo que cree Francisco Soto, miembro del Consejo de Observadores Ciudadanos y académico de la U. de Chile, es que ambas opciones no son excluyentes y que lo más probable es que la redacción pase por las manos de asesores, ministros y abogados que han participado de la discusión. Cree en una opción mixta: un equipo político sistemáticamente asesorado por personas que han trabajado regularmente en esos temas. Soto habla de un grupo permanente de abogados constitucionalistas que han estado detrás de este proceso desde el programa de Michelle Bachelet, y menciona algunos: Fernando Atria, Francisco Zúñiga, Pablo Ruiz-Tagle. Otro de ellos es Tomás Jordán, abogado de la Universidad de Chile cercano a la DC y magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional en la U. Autónoma de Barcelona. Viene trabajando en la arista constitucional del comando de Bachelet desde la campaña presidencial y ahora es el jefe del equipo de asesores en materias constitucionales de la Segpres. Hoy su nombre es uno de los que más suena como candidato para redactar el texto. Qué Pasa intentó comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta.
