Llueve fuerte en Coronel y un grupo de vecinos refugiados al alero del minimarket Abraham comienzan a discutir, aquejados por la incertidumbre de qué va a pasar con sus hogares. “La humedad, los hongos en las paredes, las ventanas que no cierran y entra el polvo, entra el viento helado, entran los bichos, la escalera no resiste peso, por la puerta no caben los muebles —hace un tiempo murió una vecina y no pudieron entrar el ataúd— se empieza a filtrar el alquitrán en las baldosas, a mí me da vergüenza invitar gente a mi casa”, se lamenta Juan Andrés Castro. “Por supuesto que yo quiero que la demuelan, no me importa”.

“Yo estoy alterada de los nervios, no puedo dormir”, interviene la dueña del almacén, Graciela Aguilera: “Este negocio es mi sustento. Yo soy una persona discapacitada, con esto sobrevivo yo y mi hijo; le pago el instituto profesional, no tiene gratuidad. Qué va a pasar con mi negocio si demuelen estas casas, quién me devuelve lo que invertí en ampliar mi pieza. Que no la demuelan, que me la arreglen, eso es lo que yo pido”.

Más joven, Maximiliano Almarza, vestido de overol, levanta la voz: “¿Y por qué no fiscalizan a las constructoras? ¿Por qué les siguen dando contratos? ¿Por qué el ministerio acepta estas casas? Aquí hay una fila de corruptos. El gobierno está muy liviano con estas empresas burdas, falsas, sinvergüenzas, que roban a la gente humilde. ¿Dónde está el alcalde?, no lo he visto”.

Las preguntas y los rumores han ido creciendo en el sector de Paso Seco Sur desde que el pasado 7 de enero se enteraron por televisión del anuncio que hizo la recién asumida directora del Serviu de la Región del Biobío, María Luz Gajardo (DC): que el gobierno había resuelto demoler las 500 casas del lugar, ya que presentaban graves problemas estructurales. Todas construidas e inauguradas entre 2011 y 2013, durante la administración del ex presidente Sebastián Piñera. La noticia tomó por sorpresa incluso a los dirigentes vecinales, ya que hasta las últimas conversaciones en las mesas de trabajo, a fines del 2015, el acuerdo era que las casas serían solamente reparadas.

Sin embargo, según explica María Luz Gajardo, los profesionales del Serviu finalmente concluyeron que resultaba más conveniente para el Estado demoler y reconstruir las viviendas, con un costo de 600 UF por unidad, que repararlas, lo que equivale a 620 UF. En cualquier caso, corresponde a un gasto extra para las arcas fiscales de casi $ 8 mil millones, que se suma a los $ 6 mil millones que costó en su momento levantar el proyecto. La autoridad regional ya consiguió la autorización y el financiamiento del Ministerio de Vivienda para tomar la medida, de una magnitud nunca antes vista en Chile.

Desde entonces, el servicio ha tenido una serie de conversaciones con los vecinos para explicarles los nuevos modelos de vivienda que se construirán y mecanismos de subsidio y compensación para el período que deban pasar fuera de sus hogares. La directora señala que una vez construidas las casas piloto del nuevo conjunto habitacional podrán convencer a los más indecisos, principalmente quienes han invertido dinero de sus bolsillos en mejorar sus viviendas. Si alguien finalmente insiste en no querer sumarse, estará en su derecho de rechazar la demolición de la suya.

Mientras entre las 509 familias de Coronel afectadas persisten las dudas —principalmente porque el subsidio temporal de arriendo sólo cubrirá de 3 a 4 meses y es difícil que se levante una vivienda de calidad en tan poco tiempo—, la drástica medida del gobierno también activó las alarmas en Santiago: en la Fundación Avanza Chile, que pavimenta la candidatura de Sebastián Piñera, estudiaron con preocupación lo que consideran una arremetida directa contra la gestión del ex mandatario.

El constructor civil Francisco Merino, coordinador de la fundación de Piñera en Concepción y quien fuera director del Serviu de la VIII Región durante su mandato, plantea una serie de interrogantes sobre el manejo que han hecho las actuales autoridades de este caso. Por ejemplo, ¿por qué el ministerio se está asesorando para este tema con una EGIS (entidad de gestión inmobiliaria social) privada, como es la EGIS Cal, organismo que ya tiene amarrado el nuevo proyecto inmobiliario en la zona afectada? ¿Por qué, después de detectadas las deficiencias de construcción, el Serviu no sólo no se querelló contra la Constructora VyA, la responsable del proyecto, sino que le siguió pagando hasta el año pasado a una empresa directamente relacionada, Incovesa S.A. por la etapa quinta del conjunto habitacional de Paso Seco? Y, sobre todo, ¿por qué el gobierno se resiste en público y en privado a mostrar los informes que justifiquen la necesidad de demoler las casas? Dichos documentos se han convertido en el principal misterio en este caso.

La primera piedra

La actual directora del Serviu destaca que el proyecto de Paso Seco se inició el 4 de junio de 2010 —gobierno de Piñera— cuando fue seleccionado. El director del Serviu de Piñera, dice, en cambio, que el primer paso se dio el 2009 cuando se firma contrato con la Constructora VyA y la EGIS Fergo, en el primer gobierno de Bachelet.
Una discusión que poco importa a los vecinos de Coronel. Habían ahorrado y luchado durante años para acceder a la casa propia en el proyecto construido sobre un antiguo humedal. Ellos mismos votaron que las viviendas no fueran de madera propia del sur, sino que de metalcon, material que los técnicos prometían como más liviano, menos húmedo y fácil de instalar. Por eso, el 2012, cuando empezaron a habitar las viviendas, hicieron la vista gorda al mal diseño de los 47 metros cuadrados distribuidos en dos pisos, con recovecos y el baño junto al comedor. Prefirieron no prestar atención a cómo se movía el piso del segundo piso como si la casa no estuviera firme junto al suelo. Luego las goteras y las filtraciones de agua junto a la ducha se hicieron más incómodas. Finalmente, el primer invierno, desató la crisis: algunas techumbres se volaron, la casa se zamarreaba con el viento y comenzaron a empaparse las paredes y adquirir el tono negro y verde de los hongos.

Los primeros años la constructora acudía a reparar situaciones puntuales, como obliga el periodo de posventa. La empresa que había sido elegida a trato directo, sin licitación, como permite la actual normativa, según las demandas de los vecinos fue colocando tornillos de refuerzo para fijar la losa del segundo piso con el muro. Medidas parche.
El Serviu apenas estaba fiscalizando el trabajo. Aún con los estragos del terremoto de 2010 a la vista, el servicio estaba completamente sobrepasado. Si antes levantaban 5 mil viviendas al año, durante el mandato de Piñera debieron construir y reconstruir 100 mil en el Biobío.

Las fallas en las casas iban en aumento. Aun así, la constructora siguió entregando las cuatro etapas del proyecto sin corregir las deficiencias ni recibir multas. Durante los dos primeros años del gobierno de Bachelet el servicio de posventa se paralizó y no se hicieron más arreglos, lo que incrementó el deterioro. La actual directora del Serviu dice que esto se debió a que el gobierno anterior había devuelto las boletas de garantía, dejándolos de manos atadas y cerrando la relación comercial con la empresa.

Pero insólitamente, y pese a los evidentes problemas, el Serviu mantuvo contratada entre abril de 2014 y diciembre de 2015 a la empresa Incovesa para la ejecución de la quinta etapa del proyecto. La sociedad es propiedad de la esposa y la hija del dueño de la disuelta constructora VyA, Héctor Vera Arias, quien asumió como jefe de obras de la nueva empresa. La directora del Serviu responde que no hay impedimento legal en contratar a una empresa relacionada.

El informe fantasma

Según relatan en la Municipalidad de Coronel, y el ex Serviu Francisco Merino, el caso tomó un giro imprevisto en junio de 2015, cuando en una asamblea vecinal el diputado DC Marcelo Chávez presentó a la EGIS Cal, entidad privada, como una alternativa para que se hiciera cargo del proyecto de reparación de viviendas. Según sostiene la dirigenta del sector cuatro Francisca Chuma, la jefa de gabinete de Chávez presionó a los comités vecinales para que suscribieran un acuerdo con EGIS Cal. Tres de cuatro dirigencias vecinales lo hicieron.

Tras revisar cinco casas (1% de la muestra) EGIS Cal preparó en septiembre un informe técnico que está en manos del Serviu sobre la gravedad irreversible de los daños de las viviendas. El documento ha sido replicado en su contenido y fotografías por otro informe privado del Ministerio de Vivienda de enero de 2016. Para Merino, es del todo irregular que el gobierno base una decisión tan relevante como demoler las viviendas en un informe de una entidad privada con intereses en el caso. La directora del Serviu replica que la decisión se sostiene en un estudio del Ministerio de Vivienda de Santiago de noviembre de 2015. Merino duda de la existencia de dicho informe.

Francisco Merino, director del Serviu regional en el gobierno de Piñera, plantea una serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué el ministerio se está asesorando para este tema con una EGIS privada, EGIS Cal, que ya tiene amarrado el nuevo proyecto inmobiliario en la zona afectada?

La resistencia de María Luz Gajardo a presentar los informes que justifiquen la demolición ha traído repercusiones impensadas. A la prensa ha explicado que no lo hace porque serán pruebas clave en la demanda que presentará en los próximos días contra la constructora VyA. Una razón que no le parece suficiente al alcalde de coronel, Leonidas Romero, independiente de derecha.

El edil dice que se enteró “por la prensa” del llamado a demoler las 500 casas de su comuna, y a través de Contraloría y en conversaciones con la directora de Serviu ha insistido en que le den a conocer los informes que respaldan la medida. Asegura que ha visto extrañado cómo las autoridades del Serviu van a reuniones con el representante de EGIS Cal, Ricardo Alarcón, quien oficia de vocero para explicar la inédita política de reconstrucción del gobierno en la zona.

El alcalde sostiene que detrás de todo hay una jugada para perjudicarlo en año electoral municipal, por ser el único representante de la derecha en la provincia. Más aún cuando muchos vecinos lo están culpando a él del problema de las viviendas. Por eso tomó una decisión polémica: dijo que no firmará los decretos que autorizan las demoliciones, y que deben pasar necesariamente por la alcaldía, hasta que vea un informe serio independiente que avale esta medida.

“La directora del Serviu no tiene nada. Se tiró a la piscina sin ningún estudio, sólo el de la EGIS Cal, que quiere construir. Aquí hay un negocio de algunos para llenarse los bolsillos con $ 8 mil millones y no me voy a prestar para que hagan negocios a costa del sufrimiento de la gente”, dice el alcalde Romero.

La controversia recién está empezando, y nadie se quiere quedar fuera. Mientras el diputado Chávez ya anunció que recurrirá a Contraloría para que se determinen las responsabilidades de la anterior administración, el senador del MAS, Alejandro Navarro, representante de la región, prepara una presentación ante el Consejo de Defensa del Estado para que indague el perjuicio fiscal por la construcción de las 500 viviendas sociales que pronto serán escombros.