“A lo imposible nadie está obligado, nos gustaría sacar esta reforma antes del 31 de enero, pero si no es posible quedará entonces para marzo”. Estas palabras de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, expresadas esta tarde en el Congreso, develan el alto grado de complejidad que existe al interior de la Nueva Mayoría para sacar adelante una de las reformas emblemáticas de La Moneda: la reforma laboral.

 El Ejecutivo ha dilatado hasta donde más ha podido la discusión del texto final, luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados el 17 de junio del año pasado. Desde ahí, la propia presidenta Michelle Bachelet se involucró en una encrucijada que se ha ido transformando en un verdadero callejón sin salida: ceder ante las presiones de los sectores más moderados de la Nueva Mayoría representados en las posiciones de la DC y el PPD para moderar el proyecto; o cumplir con lo pactado con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Partido Comunista en torno a sacar una nueva regulación del sistema de relaciones laborales que incluya, sin matices, la huelga efectiva y la titularidad sindical. En ese plano, un parlamentario oficialista confiesa que Bachelet está buscando la fórmula de hacer valer un acuerdo que existe entre el oficialismo y la CUT para concretar la reforma, y contrarrestar los constantes reparos y cuestionamientos que nacen de fuego amigo, especialmente de los senadores DC, liderados por Andrés Zaldívar e Ignacio Walker, y también por los PPD, Ricardo Lagos Weber y Felipe Harboe.  Por ello, desde diversos sectores del bloque creen que la reunión de mañana en Cerro Castillo será una cita crucial para destrabar los nudos y encontrar la salida del callejón en que se encuentra el gobierno, y concretar un sincero alineamiento de sus parlamentarios.

Y en esa búsqueda, La Moneda ya comenzó a mover algunas piezas, con el fin de lograr el esquivo acuerdo oficialista. La ministra Rincón confirmó ayer que existe la posibilidad de que el proyecto, una vez que se discuta en la Comisión de Hacienda del Senado (aún sin fecha de citación), en vez de pasar directamente a la Sala, vuelva a la Comisión de Trabajo. La razón: destrabar allí los nudos, revisar las diferencias y redactar un nuevo informe que de cuenta de un completo acuerdo tanto de los senadores como de diputados oficialistas.

El gobierno busca a toda costa evitar la Comisión Mixta: este escenario se daría si el Senado aprueba tal como está el proyecto pues, al volver a la Cámara, sería rechazada con los votos de partidos de izquierda como el PC y la IC, entre otros, forzando a un tercer trámite. Esto, pues lo aprobado por el Senado no respetaría lo que la propia Cámara despachó en junio de 2015.

Sin embargo para que esta idea surta efecto debe existir un acuerdo de las bancadas que permita que el proyecto regrese a Trabajo, sin pasar por la sala. Y para ello, Rincón durante la mañana sostuvo reuniones con los senadores de la oposición, Hernán Larraín (UDI) y Andrés Allamand (RN), quienes se mostraron dispuestos a aceptar dicha opción. Sin embargo, dentro del conglomerado oficialista aun “no hay agua en la piscina”, para lograr el acuerdo, según comentó un legislador. En ese sentido, algunos parlamentarios concordaron que la ministra “se adelantó” en expresar este anuncio.  Otro de los argumentos para que el proyecto ingrese nuevamente a Trabajo es que ahí se podrán revisar las objeciones que hizo en diciembre pasado la Corte Suprema a algunos elementos de la nueva regulación que apuntan a temas procedimentales, como por ejemplo las reclamaciones que puedan surgir con las huelgas y al rol de los tribunales bajo la nueva regulación.

 Con todo, ya en el Gobierno apuestan por dilatar más las negociaciones, observando que aún no está el piso necesario, más aún bajo un escenario económico más adverso de lo que se anticipaba, lo que mantiene en duda el alcance que tendrá lo que alguna vez se llamó la “agenda laboral”, y que luego desembocó en el concepto de reforma, tras las presiones que emanaron desde la CUT y el PC por instaurar un cambio sustancial a las relaciones laborales.

En ese sentido, Bachelet tiene flancos desde los dos polos del bloque de gobierno, cuestión que aún no sabe cómo poder acallar, calculando los costos que podría tener dejar bien a uno, y mal a otro. Este tema podría tener una luz de salida en la reunión de este miércoles, en donde al menos desde el PC irán con toda la intención de recibir aclaraciones, pues para ellos el proyecto ya se está desvirtuando, según comentó uno de sus parlamentarios.

Los nudos

 Extensión de beneficios; definición de huelga y aclaración del concepto de prácticas desleales; sindicatos interempresas y los requisitos de los integrantes de las comisiones negociadoras de cada una de ellas; el descuelgue en huelga y la entrada en vigencia de la nueva ley. Estos son los elementos en donde se está más lejos que cerca de aunar posiciones. El tema de la huelga efectiva simboliza el quiebre que existe en la Nueva Mayoría en este punto que, por lo demás, es el llamado “corazón de la reforma”. Ahí la piedra en el camino son las denominadas “adecuaciones necesarias”, indicación del Ejecutivo que tuvo que ser moderada para despacharse de la Comisión del Trabajo del Senado y que ahora piensa ser repuesta. Ahí, el gobierno estaría volviendo a ceder a las presiones de la DC, y en especial del senador Andrés Zaldívar, que insiste en dejar una opción al empleador de cambiar o ajustar turnos con el propósito de que la huelga no afecte la productividad de la empresa, más aún considerando  un magro escenario económico. Este punto a juicio de senadores como el PS, Juan Pablo Letelier, apuntan a un reemplazo en huelga encubierto. Pese a que desde el gobierno insisten en que no hay nada encubierto, y que se mantiene el concepto de huelga efectiva.

Otro de los puntos en la nebulosa es la extensión de beneficios. Acá también desde los sectores moderados pretenden que no se obligue a un trabajador a tener que afiliarse para obtener los beneficios. Incluso desde la derecha están convencidos que este articulado es completamente inconstitucional por vulnerar la libertad de afiliación.  Estos dos son los temas más complejos para lograr en acuerdo final. El presidente de la DC, senador Jorge Pizarro, cree en la necesidad de las adecuaciones necesarias, como también en que la extensión de beneficios debe ser para todos los trabajadores: “Hay pequeñas diferencias, como las adecuaciones necesarias que algunos la interpretan como reemplazo interno, nosotros creemos que no es así. El tema de la extensión de beneficios es un tema de lógica y sentido común, son todos los trabajadores sindicalizados o no los que ayudan a que una empresa mejore y tenga beneficios, y cuando llega el momento de repartirlo no se puede distinguir entre uno y otro”. Visión diametralmente opuesta a la que tienen en la CUT, en el PC y en el PS.

El senador Letelier aún cree en el acuerdo, pero que éste se debe dar bajo el respeto de la esencia del proyecto original: “Estamos en una discusión donde el problema es conceptual y ver que la huelga sea efectiva, es decir sin reemplazos”, expresó. El parlamentario agregó que “lo que interesa al final del día es que en Chile tengamos una buena reforma laboral que empareje la cancha, que reconozca la titularidad sindical y que permita nuevas relaciones laborales y una condición para que eso ocurra es que la huelga efectiva exista, no es porque queramos huelga, por querer conflicto, porque la huelga sin reemplazo asegura- y eso lo ha demostrado toda la experiencia comparada-, que el empleador también tenga un incentivo para conversar con sus trabajadores”, finalizó.

Rincón no quiso entregar detalles sobre los nudos que complican el pronto despacho del proyecto, que ya lleva 1 año de tramitación, pero expresó su confianza en aunar las posiciones: “Estamos trabajando para llegar a un acuerdo entre diputados y senadores y poder sacar el proyecto antes del 31 de enero. Hasta que no haya claridad de que podemos efectivamente cambiar no vamos a hacer anuncios”, finalizó.

Así, este miércoles será un día clave, se intentará una vez más concretar un acuerdo político en la Nueva Mayoría, con la presidenta Bachelet dirigiendo dicha reunión como dueña de casa en Cerro Castillo y con los presidentes de partidos y bancadas de invitados, quienes defenderán sus puntos de vista que por ahora aparecen como muy distantes. La presidenta tiene la última palabra.