La labor de Cristián Riquelme (PPD) como administrador de La Moneda está en el ojo del huracán, y no por su desempeño laboral, siempre de bajo perfil, sino por dos casos de alta connotación pública en los que su nombre ha aparecido sorpresivamente y donde ha jugado roles que al gobierno le interesa poco esclarecer. Primero, el caso Caval y, últimamente, la investigación a SQM por financiamiento de campañas políticas.

En el primer caso hubo una respuesta concreta. Desde la comisión Caval querían indagar en la responsabilidad del G-90 y amigo del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en los datos que se borraron del computador del ex Director Sociocultural de La Moneda y primogénito de la presidenta, Sebastián Dávalos, el que mantuvo en su poder tres semanas antes de ser incautado por la PDI. Pese a las peticiones de parlamentarios de oposición y el oficialismo, La Moneda evitó ahondar en el tema, ni menos abrir una investigación sumaria como se pedía públicamente.

En esa oportunidad las razones del porqué no se cursó una investigación sumarial fueron emitidas por el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien el 19 de octubre de 2015 expresó: “Los sumarios administrativos tienen lugar cuando hay faltas administrativas, cuando hay asuntos de carácter administrativo que deben ser objeto de investigación. Conforme al marco jurídico, los órganos del Estado cuentan con el deber de respaldar la información ‘crítica’ para los funcionarios del servicio. No existe el deber de respaldar la información personal de los funcionarios almacenada en los equipos una vez que dejan la institución”. Dicha argumentación se sustentó en el decreto 83 de la Secretaria General de la Presidencia.

Pero hubo otro episodio, más grave, a juicio de los legisladores: Riquelme había sostenido una reunión  en su oficina en el palacio de gobierno con el gestor inmobiliario Juan Díaz, según el mismo funcionario de gobierno declaró ante la comisión investigadora de Caval el 27 de septiembre del año pasado. En dicha conversación, como explicó el propio funcionario hablaron de la compra del polémico terreno en Machalí: “El señor Díaz me relató su situación y me dijo si yo tenía alguna posibilidad de poder resolver su problema” (…) (Díaz) me pidió si yo pudiera hacer una gestión para que la señora Compagnon pudiera resolver su deuda, una deuda que tenía con él” (…) “yo le dije que no tenía ninguna herramienta o solución posible porque no tengo relación con ella", fue lo que expresó ante los diputados.

Este hecho fue incluido en el informe de la Cámara de Diputados de la comisión investigadora del caso Caval, donde se establece un reproche hacia su figura y su permanencia en La Moneda. “Resulta necesario censurar la permanencia del Sr. Cristián Riquelme Urra en el cargo de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, habida consideración del nivel de conocimiento que dicho personero pueda haber tenido del nexo del Sr. Juan Díaz Sepúlveda con las actuaciones que son investigadas por la Comisión Investigadora y la ausencia de un reporte a sus autoridades respecto de la realización de la aludida audiencia, situaciones que están revestidas de la mayor gravedad”, dice el texto aprobado por diputados del oficialismo también.

Pese a las peticiones cada vez más explícitas de la apertura de un sumario interno, en La Moneda advierten que eso no sucederá, bajo el argumento de que la mencionada cita, cuestionada transversalmente, no se considera reñida con algún tipo de falta a sus funciones, requisito central para iniciar cualquier tipo de indagación interna.

Todo este panorama se torna más complejo para el funcionario, una vez que se conociera este fin de semana la declaración de Giorgio Martelli, quien está formalizado delitos tributarios en el marco del denominado caso SQM.

Martelli reconoce que le  transfirió dineros desde Asesorías y Negocios SPA (AyN) para trabajar en la llamada "precampaña" presidencial de Michelle Bachelet, donde el ex ministro Peñailillo y otras figuras se instalaron previo a la llegada de la entonces ex presidenta desde su cargo en ONU Mujeres en Nueva York, cuyas actividades preparativas fueron financiadas, en parte por SQM y el grupo Angelini, según el propio Martelli.

“Conozco a don Cristián Riquelme Urra, a quien conocí a propósito de la etapa previa a la campaña del 2013. Me lo presentó (Rodrigo) Peñailillo, él no participó en la génesis ni en la gestión de AyN”, declaró Martelli en la diligencia del 13 de noviembre pasado.

“Mi relación con él (Riquelme) fue una relación exclusivamente de trabajo para la futura campaña, al final de la gestión activa de AyN nos reuníamos en su casa, en mi domicilio, cafés y en la oficina de Peñailillo, ubicada en (Francisco) Bilbao con Antonio Varas, en la Fundación Dialoga, y también en la casa de Peñailillo, ya que Cristián Riquelme vivía al lado de Peñailillo, en Ñuñoa, nos reuníamos por temas políticos pero con el tiempo nos fuimos haciendo amigos, estas reuniones fueron hasta fines de la campaña, es decir, hasta comienzos de 2014”, detalló el geógrafo ante la fiscal Carmen Gloria Segura.

En la diligencia del 13 de noviembre el Ministerio Público también le pidió al imputado explicar ocho transacciones por un total de $32,5 millones que fueron transferidos a Riquelme entre marzo y agosto de 2013.

"Cristián Riquelme me solicitó recursos para la campaña y yo le hice préstamos porque yo tenía compromisos políticos con la campaña", detalló Martelli.

Toda esta situación, y pese a que Riquelme no está siendo formalizado por ningún delito, ha hecho aumentar la presión a favor de su salida desde La Moneda: desde diferentes sectores, incluso ahora desde la Nueva Mayoría, exigen su renuncia al cargo.

Pese a ello, el ministro del Interior, Jorge Burgos, dejó cierta puerta abierta, al menos, a una evaluación de su situación: "Tengo mi opinión (…)Los antecedentes siempre hay que tenerlos presente, la evaluación depende de quienes tienen a su cargo la gestión”, indicó el jefe del gabinete.

Mientras que el ministro Diaz, sólo se limitó a decir que esto era un tema que estaba llevando la justicia y que no se podían involucrar en ello.

Las presiones oficialistas

Desde la Nueva Mayoría fueron duros en cuestionar esta situación, pues ven que el caso Caval y el caso Martelli siguen rondando La Moneda, lo que debe tener un freno. "Ese es un tema que lo tiene que evaluar sin duda el Gobierno, lo saludable seria indudablemente de que todas las personas que tienen algo que ver con esto dieran un paso al costado y liberar al Gobierno de algo que es complejo, eso no implica no creer en la presunción de inocencia", expresó  el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco.  Mientras que su par del MAS, el senador Alejandro Navarro, dijo que "toda relación de La Moneda con el caso tiene que ser separada. Yo creo que es insostenible que Cristián Riquelme siga en La Moneda. El principio de inocencia se mantiene, pero su permanencia le hace daño al Gobierno, a la Presidenta".

Desde la Presidencia señalaron a Qué Pasa que mientras no exista una denuncia concreta sobre algún mal actuar del funcionario, no se puede llevar a cabo una investigación sumarial, y que ese elemento aún no se ha dado. Pese a ello, los diputados de RN, Marcela Sabat, y Diego Paulsen, han solicitado a la Contraloría General de la República que actué de oficio, cuestión que hasta ahora el órgano regulador no ha encontrado méritos para llevar a cabo o solicitar la investigación.

Desde el Ministerio del Interior en tanto, explicaron que el funcionario si bien antes dependía de dicha cartera, luego de un decreto que se ejecutó en gobiernos anteriores, esa dependencia se delegó hasta Presidencia y es desde allí, desde la misma presidenta Michelle Bachelet de donde debería emanar una decisión, ya sea de despido o de investigación. Varios jefes de partidos también corroboraron dicho estado, pues han expresado que desde el comité político les señalaron que es la mandataria la que tiene la facultad para determinar el futuro del cada días más cuestionado Riquelme.