Proteger la figura de la presidenta Michelle Bachelet. Esa ha sido desde el primer día de gobierno, la principal misión de los asesores más cercanos a la mandataria, que hoy se radican en el Segundo Piso de La Moneda, donde la figura de la jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, ha destacado por su decidido desenvolvimiento político. Incluso, causando problemas al interior del gobierno como lo ocurrido con el viaje a La Araucanía de la presidenta sin informarle a su ministro del Interior, Jorge Burgos.

Quizás, el destello que produjo este episodio, encegueció a la opinión pública respecto de otro tema que, en paralelo, ya había activado todas las alarmas en el círculo más cercano de Bachelet y también entre los ministros de La Moneda, donde buscan desesperadamente aislarla a ella -y también al gobierno- de todo efecto colateral que se produzca: el caso Caval.

Si bien en La Moneda ya se anticipaban a un escenario en que los principales personajes del caso, incluyendo a la nuera de la presidenta, Natalia Compagnon, transitaban en una compleja travesía hacia una inevitable formalización de cargos, hubo dos episodios que desordenaron todos los planes de control de crisis: la destemplada tercera y última declaración de Sebastián Dávalos, primogénito de la mandataria, y el anuncio posterior de formalizaciones del caso que, excluían precisamente a la mujer de éste último y principal socia controladora de la empresa Caval.

La errónea omisión

La declaración de Dávalos conocida el 21 de diciembre pasado reactivó la presión pública sobre el caso justo cuando avanzaba silenciosamente, enredado en una maraña de operadores políticos, funcionarios públicos, intermediarios, inversores, síndicos, abogados, etc. Dávalos volvió a poner el caso en las primeras planas con su violenta alusión al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a quien acusó básicamente de operar políticamente para perjudicarlo, sacarlo del gobierno y, según su testimonio, levantó y manipuló el caso Caval para tapar su vinculación al caso SQM.

No pasaron muchos días, cuando en medio esta polvareda levantada innecesariamente por Dávalos, según los análisis en el palacio de gobierno, se conoció la esperada noticia de que el fiscal Luis Toledo anunciaba la formalización de la investigación del caso Caval. Pero venía una nueva sorpresa: la acción judicial dejaba fuera a Compagnon y Dávalos y se concentraba en el rol jugado por el síndico de quiebras Herman Chadwick, quien negoció la enajenación de los terrenos de Machalí a Caval, acciones que fueron consideradas por el Ministerio Público como reñidas con la ley de Comercio al configurarse, presuntamente, el delito de ventajas indebidas del síndico.

El anuncio de Toledo involucraba a otros personajes como los abogados del dueño original de los terrenos, Patricio Wiesner, o a los funcionarios públicos Jorge Silva (Jefe de la Dirección de Obras de Machalí), su esposa Marisol Navarrete, al operador vinculado a la UDI Juan Díaz y la arquitecta Cinthya Ross, entre otros.

Incluso, el socio de Compagnon en Caval, Mauricio Valero, figuraba entre los futuros imputados por delito de soborno al igual que la empresa Caval, en su calidad de persona jurídica.

La ausencia de Dávalos era explicable para La Moneda: el hijo de la presidenta era sólo un empleado de Caval -gerente de proyectos- y no existen antecedentes que lo vinculen a las gestiones de cambio de uso de suelo para concretar el negocio. Mientras que su mujer es dueña y socia fundadora de Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, al igual que Valero, quien sí sería imputado, por lo que no se encontraban mayores razones a la omisión. Una de las explicaciones que se comentaban en el gobierno era que Compagnon no era la representante legal de la empresa, a diferencia de su socio.

El escenario instaló la preocupación en el palacio de gobierno: si bien el foco del Ministerio Público terminaba por alejar del núcleo presidencial las consecuencias penales del caso, asomaba como cuestionable públicamente que la nuera de la presidenta, principal socia de la empresa, sea la única en quedar fuera.

En el gobierno primó el análisis de que se abría otro flanco de conflicto pues las decisiones del fiscal Toledo dejaban el espacio para las críticas por una supuesta parcialidad en favor de la familia de la mandataria. El tema fue comentario de los abogados de la causa, pero también en el mundo político y principalmente en el gobierno y el oficialismo.

El abogado querellante y representante de la UDI, Mario Zumelzu, lo resumía así: "Uno después de una investigación tan exhaustiva no puede comprender cómo se formaliza a Valero por el delito de cohecho, cómo se formaliza a la sociedad Caval por el delito de cohecho, y no se formaliza a la socia del otro 50 por ciento".

Orden de arriba

Con todo, en La Moneda había un solo diagnóstico: pese a que el caso llegaba hasta el núcleo presidencial, Compagnon no podía quedar fuera de las responsabilidades. A esa altura, los asesores presidenciales estaban convencidos de que la judicialización de la situación de Natalia Compagnon era un costo necesario para proteger a la mandataria, porque permitía encauzar la arista penal y poner límites a otros costos que podrían resultar inmanejables.  Además, había otro análisis: la señal pública de que nadie está por sobre la ley, y que este tipo de acciones tienen castigo, aunque sea un integrante de a familia presidencial, impactaría directamente en la imagen de Bachelet.

En este contexto fue que, al menos en el oficialismo, no hubo sorpresas cuando la semana pasada el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que se querellaba por delitos tributarios en el caso Caval, incluyendo entre los imputados, a la nuera de la presidenta de la República. La decisión representaba un giro del servicio, pues el propio director, Francisco Barraza, había dicho semanas antes a los diputados de la comisión investigadora del caso que no tenía antecedentes para ejecutar dicha acción y que recién evaluaba las informaciones del caso.

Lo más extraño del anuncio, es que fue hecho por el ex presidente del PS, Osvaldo Andrade, quien en una sesión de la citada comisión señaló que tenía la "información extraoficial" de que el servicio se querellaría contra la sociedad Caval. Andrade fue uno de los más incisivos en la comisión para buscar concentrar las reponsabilidades del informe final en cualquiera de los personajes del caso, menos en la presidenta de la República.  Incluso los diputados recogieron su propuesta de apuntar reproches hacia el "gobierno" y no la "presidenta" en el texto definitivo.

Tanto en el oficialismo como en la oposición se instaló un convencimiento: la acción del SII tenía la venia del Palacio de La Moneda. La decisión de incluir a Compagnon en la querella por delitos tributarios, contaba con la anuencia presidencial, lo que es confirmado por varias fuentes a Qué Pasa.  Según relatan cercanos a la presidenta, cuando fue informada de que la querella sería presentada, la mandataria tomó la decisión de no intervenir, pudiendo hacerlo.

El sustento de esta información se basa también en la necesidad que tiene el gobierno y la propia jefa de Estado de cerrar cuanto antes los flancos abiertos del caso Caval.

La acción a la postre fue tan potente, que dejó sin espacio al fiscal Luis Toledo, quien pese a descartar inicialmente a Compagnon del primer anuncio, la incluyó finalmente este lunes al enviar un oficio a tribunales donde solicita su formalización por el delito de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, al ser responsable del ingreso de boletas falsas a la contabilidad de Caval por servicios no prestados a la empresa Lo Beltrán.

De hecho este mismo lunes declaró Compagnon ante el fiscal a propósito de los antecedentes proporcionados en la querella del SII. La decisión de Toledo fue celebrada en el oficialismo.

PS y el blindaje a Bachelet

Este martes en La Moneda, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz fue consultado sobre la formalización de Natalia Compagnon y si afecta o no a la imagen de la familia presidencial. Su respuesta, aunque escueta, deslinda responsabilidades: “Cada uno responde de sus actos de manera individual y reitero, la fiscalía es organismo autónomo que cumple con una función y nosotros respetamos".

Las versiones desde el oficialismo avalan la necesidad de cerrar el caso y aislar a la presidenta. Desde el PS, el partido de la mandataria, las señales de los diputados Osvaldo Andrade y Juan Luis Castro, ambos integrantes de la comisión Caval fueron explícitos. Incluso el ex presidente del PS avaló la tesis de que la señal de la acción del SII demuestra que no hay trato privilegiado de la familia presidencial.

“Aquellos que han querido ver en la actuación del Ministerio Público un sesgo político y por cierto también del SII porque esto es a partir de una querella del SII (contra Compagnon), se desmorona completamente.  La tesis del brazo armado, del brazo político ha quedado absolutamente en el mayor descrédito”, dijo esta tarde Andrade.

Castro agrega también que el matrimonio Dávalos-Compagnon debe asumir sus propias responsabilidades.

“Para superar el daño que le han producido a la presidenta y para cerrar esto de una vez por todas, debiera Natalia Compagnon y Caval, sincerar efectivamente hasta donde llegaron en la operación comercial irregular que llevó a una desprestigio tan grande de la familia presidencial producto de un error de ellos, no de la presidenta, en cuanto a participación política, como está acreditado, ni menos en cuánto a que haya jugado un rol o se hubiere informado respecto de esta situación”, señaló Castro.

Y añadió el diputado socialista: “Si Caval sobornó o hizo cohecho lo sabremos el día de la formalización. El matrimonio Dávalos–Compagnon se ha paseado 11 meses con distintas versiones, contradictorias todas y llega el momento en que esto se aclare y se resuelva de una vez por todas. Le pido al matrimonio que digan de una vez por todas las irregularidades que cometieron y cierren de una vez por todas  este martirio para la presidenta Bachelet”, puntualizó.

El escenario también fue recogido en otros partidos de la Nueva Mayoría. En la DC, el senador Andrés Zaldívar, reconoció este martes una posición ejemplar de la mandataria al evitar cualquier tipo de interferencia que pudiera revertir una situación "dolorosa" como la que vive.

"Lo que ha hecho ella es lo que corresponde, que es evitar que por su influencia y su poder se pudiera creer que está interviniendo para evitar que las instituciones funcionen, hay que reconocer que la presidenta lo ha hecho impecable y hay que reconocérselo. Es muy doloroso para ella todo lo que ha pasado pero creo que es ejemplar su conducta en ese sentido", expresó el senador DC a 24 Horas.

El tribunal de garantía de Rancagua acogió la petición del fiscal y Compagnon será incluida en la audiencia de formalización del próximo 29 de enero, junto a otros nuevos imputados como Juan Díaz y el ex asesor de Caval, Patricio Cordero, entre otros. Si se logra o no el objetivo de aislar a la mandataria, dependerá exclusivamente del fiscal Toledo. Ese días se sabrá a ciencia cierta hacia dónde se encamina derechamente su investigación.