Después de dos largas jornadas, el Senado despachó en su totalidad el proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, que pasó a tercer trámite constitucional con la amenaza latente de terminar en comisión mixta, retrasando aún más la estrecha agenda legislativa que se impuso el gobierno durante enero. ¿La razón? No todos los partidos están conformes con cómo quedó la disposición que establece elecciones universales para las directivas de los partidos que van a recibir financiamiento del Estado.

Desde que el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados en junio, el debate entorno a este punto ha sido uno de los grandes dolores de cabeza. El proyecto original del Ejecutivo consagraba la exigencia del conocido sistema de "un militante un voto" para que las colectividades elijan a sus dirigentes. Así, en línea con lo propuesto por la Comisión Engel, la universalidad de las elecciones internas se transformó en una de las obligaciones mínimas para que los partidos pudieran recibir financiamiento público, junto con otras como convertirse en personas jurídicas de derecho público o la reinscripción completa de sus militantes.

Sin embargo, durante la tramitación en el Congreso la presión de las colectividades, especialmente el PS y el PC, obligó al gobierno a modificar dicha disposición, devolviéndole a los partidos la atribución de elegir soberanamente el mecanismo que consideren adecuado para definir a sus autoridades. Así, el artículo 24 del documento que fue aprobado por la Cámara Baja establecía que "el Órgano Ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados o bien por el Órgano Intermedio Colegiado, conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres miembros".

Pero en el Senado se volvió a introducir el elemento de universalidad, cuando la Comisión Especial de probidad eliminó la frase que facultaba a los órganos intermedios para definir a sus autoridades, lo que encendió las alarmas de los partidos que utilizan métodos indirectos para elegir sus directivas. La senadora Isabel Allende buscó reponer la redacción de la Cámara a través de una indicación que contó con el respaldo del Ejecutivo, pero tras un acalorado debate, faltó un voto para aprobarla. Por lo tanto, la última alternativa que queda para revertir la modificación, es que la Cámara la rechace en la revisión que todavía queda pendiente y que el proyecto pase a Comisión Mixta.

A favor y en contra

Aunque en general los senadores estuvieron de acuerdo en que tanto los métodos directos como indirectos son igual de democráticos, el argumento de fondo que sostuvieron las bancadas de oposición como caballito de batalla fue que, dada la situación de desprestigio que experimenta la política, es necesario dar señales claras hacia la búsqueda de más participación y transparencia, especialmente si las colectividades van a recibir financiamiento estatal.

Así lo hizo ver, por ejemplo, Baldo Prokurica (RN). " Tanto la elección directa como la indirecta son sistemas democráticos. Pero la realidad de hoy es la que nos debe mover para salir del descrédito, especialmente por un hecho nuevo, que es el financiamiento de los partidos con recursos públicos. Por eso, yo creo que el Estado tiene el derecho de exigir nuevos estándares, no sólo para que la gente participe, sino porque los partidos tienen que hacer de lo que es la vida democrática un ejemplo para que la gente se acerque. Y eso no se logra dejando las cosas como están", sostuvo el senador.

Desde la UDI lo respaldo su par, Hernán Larraín: "En principio, es razonable que los partidos puedan tener mecanismos directos o indirectos, en sí mismo eso no es anti-democrático, pero si se va a seguir el camino indirecto, el organismo base tiene que ser elegido de forma directa, como ocurre en los sistemas parlamentarios. Y aquí, lo que se está buscando es que el órgano intermedio no sea elegido de manera directa, lo que respeto, pero no corresponde al espíritu de un militante-un voto, ni corresponde al esfuerzo que se está haciendo por modernizar los partidos".

En el oficialismo, no obstante, acusan que se está pasando por sobre la autonomía constitucional de los partidos.  "La autonomía para decidir como una organización se constituye es algo que en otros momentos las bancas de al frente han defendido con tremenda pasión, porque dicen que las leyes no pueden pasar sobre ciertas normas de carácter constitucional. Para que esta sea una ley que interprete a todos los que estamos en el parlamento, tenemos que generar los mecanismos que permitan reconocer la autonomía de la constitución de las distintas formas de organización, porque a la larga uno puede tratar de condicionar cómo los partidos generan sus autoridades, pero si va contra su historia y su cultura, es evidente que tenemos un Estado que está imponiendo a través de la ley mecanismos que van mucho más allá de la Constitución", sostuvo el senador Juan Pablo Letelier (PS), quien incluso soslayó la posibilidad de apelar al Tribunal Constitucional si es que la medida no se corrige en las siguientes fases del proceso legislativo.

"La gente sabe cómo el Partido Comunista elige a sus autoridades e  igual ingresa al Partido Comunista, tiene toda la información y permanece en él porque está de acuerdo en cómo lo hace el Partido Comunista. Me imagino que cuando la gente ingresa a la UDI es lo mismo. Centrar el debate en cómo eligen los partidos no es lo que le interesa a la ciudadanía. Los partidos que quieran definir un hombre, un voto tienen todo el derecho a hacerlo, y hay quienes lo hemos establecido así, sin embargo, si esto se va a transformar en una patente de más o menos democrático, me parece peligroso", agregó el líder del MAS, Alejandro Navarro.

"Los partidos son mucho más que estatutos, en Chile tenemos partidos que son cultura política, que son historia. Hay que respetar las tradiciones y las trayectorias. No transformemos esta ley en una camisa de fuerza, porque en Chile afortunadamente tenemos una democracia de partidos y no de caudillos", añadió Ignacio Walker a modo de conclusión.

Otras Votaciones

Además de los mecanismos de elección de autoridades, otro de los puntos que generó polémica fueron los requisitos para la formación de partidos nuevos, así como para su disolución.

Finalmente se determinó que para constituirse es necesario que un partido cuente con las firmas correspondientes al 0,25% de los votos de la última elección parlamentaria en tres regiones consecutivas.

En cambio, si un partido obtiene menos del 5% del total de los votos y menos de cuatro parlamentarios, cesará de existir como tal. Esto, no obstante, a partir de 2021, ya que se aprobó una disposición transitoria según la cuál en las elecciones de 2017 bastará con que las colectividades consigan el 3% del total del electorado y dos parlamentarios para evitar la disolución.

También se aprobó la indicación que establece en los estatutos de los partidos que ninguno de los dos sexos de sus integrantes podrá superar el 60%, fomentando la paridad de género.