16 de diciembre de 2014. Terminaba el primer año de gobierno de la Nueva Mayoría y el proyecto de ley de financiamiento a la política, oficialmente conocido como Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, ingresaba sin urgencia a la Cámara de Diputados. Aunque habían pasado dos meses desde el estallido del caso Penta, donde precisamente se descubrió que existía financiamiento irregular de la política, todavía se trataba más de una promesa que de otra cosa. Pero, en menos de un mes se conocería el caso SQM que, esta vez golpeaba directamente al oficialismo y las esquirlas llegaban incluso hasta La Moneda. Lo que vino después fue la activación de la crisis de confianza en la política más grande desde el retorno a la democracia, convirtiendo la agenda de Probidad en la cuarta reforma estructural del gobierno.

En términos generales, el proyecto reduce a la mitad el gasto electoral permitido, elimina los aportes reservados, prohíbe el financiamiento por parte de personas jurídicas, regula la rendición de cuentas y por primera establece sanciones a quienes infrinjan la normativa sobre gasto electoral.

Después de un año y más de 70 reuniones de comisión en ambas cámaras del Congreso, hoy el Senado debería despachar el proyecto, que además es uno de los siete a los cuales el Ejecutivo puso prioridad legislativa, por lo que debe estar listo antes del 31 de enero. Más allá de la urgencia del gobierno por apurar sus reformas, en el caso de este proyecto en particular el tiempo lo es todo; de lo contrario, la ley no estará vigente para las elecciones municipales. Sin embargo, a menos de 20 días para que se cumpla el plazo autoimpuesto, todavía hay tres puntos que traban la discusión y amenazan al proyecto con pasar a un tercer trámite constitucional: la magnitud de las sanciones, el financiamiento de la pre-campaña y el refichaje total de los militantes de los partidos.

¿Sanciones más duras?

Durante la discusión en la Cámara Baja, los diputados de la comisión de Constitución no sólo decidieron mantener las sanciones que había establecido gobierno en el proyecto de ley original –multas entre 10 y 100 UF para quienes infrinjan la normativa e incluso penas aflictivas sancionadas con días de cárcel para los delitos más graves–, sino que decidieron endurecerlas.

Por ejemplo, mientras el gobierno sugirió castigar con presidio menor en sus grados mínimo a medio a quienes obtengan aportes mediante “falsedad o engaño”, lo que se agravaba a presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado mínimo si el monto defraudado superaba las 4.100 UF, los diputados bajaron la agravante a 2.500 UF y además en sus enmiendas exigieron una multa equivalente al 100% de lo defraudado.

Por otra parte, en la Cámara Alta los senadores de la comisión de probidad aprobaron una enmienda que establece que los parlamentarios ya electos serán sancionados con la pérdida de su escaño.

No obstante, a cambio del endurecimiento de las sanciones se introdujo un elemento que no fue considerado por el Ejecutivo, pero que ya ha sido ratificado por ambas instancias parlamentarias: los delitos prescriben un año después de las elecciones.

Esto ha despertado las alarmas tanto en el gobierno como de los miembros del consejo asesor presidencial anticorrupción, más conocido como Comisión Engel, ya que en la práctica, este plazo resultaría insuficiente para que el Servel logre revisar las cuentas y detectar irregularidades.

A diferencia de lo que establece el proyecto tal como está en este minuto, para el Ejecutivo el plazo de prescripción siempre fue cinco años,  de acuerdo a las reglas generales de los delitos simples del código penal, y por eso no se especificó en el proyecto original. Así lo explicó el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, quien ha estado a cargo de sacar adelante la agenda de probidad, que también incluye la nueva ley de partidos que se discute de manera paralela.

En cambio, Eduardo Engel, quien presidió la comisión ya mencionada, propone que el tiempo de prescripción deberían ser dos años a contar de la rendición de cuentas obligatoria para todos los partidos que reciban financiamiento, y no a partir de las elecciones.

Además del periodo de prescripción, otras críticas al ítem sanciones han venido desde la Corte Suprema, donde se ha cuestionado que el Servel sea el único organismo facultado para denunciar infracciones a la Ley Electoral, de manera similar a lo que ocurre con el Servicio de Impuestos Internos y los delitos tributarios.

Por último, la fundación Ciudadano Inteligente ha manifestado su inquietud porque si bien el proyecto sanciona a las autoridades que cometan faltas con la pérdida de su cargos, aún existe una laguna que permite que aquellos candidatos que infrinjan la Ley, pero no salgan elegidos, puedan volver a postularse en elecciones futuras. Los ejemplos más plausibles de un caso como este serían Andrés Velasco y Marco Enríquez Ominami, quienes enfrentan indagatorias por gastos irregulares de campaña.

La debatida pre campaña

El caso de Giorgio Martelli y su empresa Asesoría y Negocios estuvo presente en todo momento en el debate legislativo, casi como un fantasma. Las actividades que Martelli financió al grupo liderado por el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en el periodo de "precampaña", son a esta altura un emblema de lo que se necesita corregir. Así, los mecanismos para regular las actividades anteriores al periodo de campaña se volvieron uno de los grandes dolores de cabeza para los parlamentarios.

Aunque en la Cámara se mantuvo el plazo tradicional de 60 días de campaña oficial, tras una indicación del Gobierno la comisión de probidad del Senado aprobó una la extensión del periodo de campaña hasta los 200 días en el caso de las elecciones presidenciales, sincerando la forma en que realmente actúan los partidos y sus postulantes. De aprobarse el proyecto, durante esos siete meses, los candidatos inscritos en el Servel podrán recolectar dinero y realizar gastos electorales, por ejemplo para arrendar oficinas, aunque no podrán efectuar propaganda.

Sin embargo, para muchos la medida continúa siendo insuficiente, ya que los candidatos a concejales, alcaldes y parlamentarios quedaron fuera de la regulación. Si bien en un primer momento la idea era que la campaña de 200 días corriese para todos los cargos, esto se descartó porque resultaba una medida confusa. Por ejemplo, no quedaba claro si para realizar esta “precampaña” los alcaldes que fueran a la reelección tenían que renunciar a sus cargos.

Además, continúa habiendo un vacío en cómo se regula la “no campaña”, es decir, todas aquellas  actividades anteriores al periodo oficial de campaña –como viajes, reuniones, mitines, escuelas de dirigentes, etc.– en que las autoridades que ejercen un cargo público de alguna manera también buscan adeptos.

Refichaje total

La idea original del gobierno no consideraba la necesidad de refichar la totalidad de los militantes de los partidos como requisito para recibir los aportes trimestrales que comprometió el Estado. Ni siquiera consideraba refichar una porción. El concepto simplemente no era parte del proyecto.

No fue sino hasta julio, tras el informe de la Comisión Engel, que el refichaje se volvió uno de los elementos clave de la nueva ley, cuando la presidenta prometió que no habría financiamiento mientras los partidos no sinceraran sus registros y reinscribieran a todos sus militantes.

A pesar del anuncio, cuando se introdujo la segunda disposición transitoria, junto a otras indicaciones, ésta sólo exigía refichar al equivalente de afiliados que la Nº Ley 18.603 establece como mínimo para constituirse como partido en cada región, es decir, el 0,25% del electorado que hubiera votado en la última elección parlamentaria de ese lugar.

Inmediatamente, la medida se volvió uno de los campos de conflicto más incendiarios. Por una parte, el mismo Eduardo Engel acusaba que así era insuficiente: no bastaba con unos pocos, se tenían que refichar todos los militantes, sin excepción. La razón de fondo era eliminar el poder de los “caciques”, dirigentes que, con direcciones y RUT falsos, inscriben militantes de sus circunscripciones para que voten como ellos quieren sin que nadie pueda ubicarlos, transformándolos en moneda de cambio para tranzar favores.

Los partidos encontraban que la medida era exagerada y costosa, tanto, que en un minuto de la discusión se vio reducida a simplemente llevar un registro general actualizado de los afiliados de cada partido. Finalmente la Cámara de Diputados terminó aprobando la disposición como la había introducido el Ejecutivo, sin que eso significara el fin de las tensiones.

No obstante, la comisión de Probidad del Senado terminó por aprobar una indicación del gobierno exigiendo el refichaje total, requisito que los partidos tendrán un año para cumplir. El resultado de la votación de este artículo es uno de los que genera más expectación.