“Esto tiene cara de extorsión”. Fue el único comentario que atinó a hacer el ex ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, cuando el histórico militante UDI Patricio Cordero llegó a su despacho con unos antecedentes inquietantes. Ocurrió a fines de 2014, meses antes que estallara en la prensa el caso Caval. Entonces Cordero, quien ya tenía vínculos comerciales con esa empresa, le contó que la dueña, Natalia Compagnon, y el gestor inmobiliario Juan Díaz tenían en su poder unos mails que mostraban que Larroulet junto a otros personeros de la UDI estaban complotando para develar los negocios de la familia de la presidenta Michelle Bachelet.

Los correos electrónicos eran a todas luces falsos, mal escritos, las direcciones no correspondían, y Larroulet, quien aparecía firmando, jamás había redactado algo de ese tipo. El académico de la Universidad del Desarrollo, finalmente, optó por reírse de lo absurdo de la situación y desestimar el asunto. El economista, que ha participado en los equipos programáticos de la mayoría de las campañas presidenciales de la centroderecha, suele repetir que tiene una regla de oro: mantenerse lo más alejado posible de las intrigas y operadores que se mueven en las sombras de la actividad política.

Aunque el extraño episodio no figura en el expediente del fiscal Luis Toledo, sí fue mencionado de forma general en la declaración de junio de Isaac Givovich, el yerno de Joaquín Lavín, investigado por facturas facilitadas por su empresa GES Consultores para la cuenta del síndico Herman Chadwick. Según su testimonio, Juan Díaz le dijo que el caso Caval no iba a llegar muy lejos, ya que “él tenía información importante y correos electrónicos falsos que acreditaban que Natalia Compagnon había extorsionado al empresario Gonzalo Vial Concha, y que ella también tenía correos que vinculaban a personeros de la UDI en una red de espionaje, correos que él tenía en su poder”.

Isaac Givovich declaró que Juan Díaz le dijo que “tenía información importante y correos electrónicos falsos que acreditaban que Natalia Compagnon había extorsionado a Gonzalo Vial, y que ella también tenía correos que vinculaban a personeros UDI en una red de espionaje”.

Gonzalo Vial, dueño de Graneles del Sur e hijo del dueño de Agrosuper, Gonzalo Vial Vial, fue el primer y más importante cliente de Caval, a quienes pagó $1.200 millones por servicios que no están del todo claros. En su último testimonio en Fiscalía apuntó a un posible caso de estafa: “Natalia se presentó a las reuniones portando constantemente papeles que contenían información incorporada en supuestos correos electrónicos que hacían alusión directamente a maquinaciones de terceros en contra de mis negocios (…) me he dado cuenta de que todos estos documentos, más de 300, pueden ser parte de un engaño cuyo único propósito era obtener dinero por parte de mis empresas”, afirmó.
En su declaración también sostiene que Mauricio Valero, el otro socio de Caval, “comenzó a ofrecerme gestiones para realizar algunos trámites en el SII y otros organismos públicos, los cuales no me parecieron adecuados o legítimos, por lo que decidí cortar relaciones con él”.

Con estos antecedentes en mano, el fiscal decidió abrir una nueva arista al ya abultado y complejo caso Caval. La defensa de Compagnon negó que ella haya extorsionado a Gonzalo Vial y endosó cualquier responsabilidad al ex asesor comercial de Caval, Victorino Arrepol, quien vendía supuestos servicios de hacker y era quien le entregaba los correos. Arrepol ya es investigado por suplantación de identidad y delito informático al falsificar un mail del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

Una empresa de lobby

A un año de que se destapara el caso, Caval sigue siendo una interminable caja de sorpresas. Constituida en febrero de 2012, como Exportadora y de Gestión Caval Limitada, su amplio giro va, según el Diario Oficial, desde la “comercialización, de toda clase de mercaderías, especialmente commodities”, hasta la “representación de empresas nacionales o extranjeras, consultoría de negocios así como la inversión de toda clase de bienes raíces o muebles”.

Vial dijo que la socia de Caval le aportó más de 300 correos captados por personal especializado en informática y que daban cuenta de un complot en contra de sus negocios. Un dato que llama la atención fue que Vial llegó a contratar por tres años al abogado Ciro Colombara, dado que “supuestamente me acechaba un megafraude”, declaró el empresario.

Pero el informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados —que fue aprobado el pasado miércoles en forma unánime en la sala de sesiones— concluye con otra definición más directa: “Caval era una suerte de empresa de lobby, cuyo perfil y ventaja comparativa radicaba justamente en sus vínculos y conexiones político-públicas que le generaron en muy pocos años ganancias y contratos por sobre la media de empresas similares”. Y que “crearon el ambiente ideal para generar posibles escenarios de tráfico de influencia, uso de información privilegiada u otros delitos o infracciones administrativas hoy investigadas por la justicia y que tienen como germen la infracción de deberes de abstención en el uso de relaciones posicionales al estar en el entorno cercano de quien sería la Presidenta de la República”.

El informe reproduce cómo varios diputados fundamentaron su voto. “Esta comisión logró acreditar la existencia de una empresa que se dedicaba a la maquinación para obtener recursos privados y públicos por la vía de conductas que pueden constituir delitos”, sostuvo Osvaldo Andrade (PS). “Hicieron uso y abuso del nombre de la Presidenta de la República para llegar a hacer un negocio especulativo inmobiliario falaz y mentiroso”, agrega Juan Luis Castro (PS). “Esta trilogía de corrupción comienza con el síndico de quiebras, sigue con Caval y termina con el municipio”, señala Alejandra Sepúlveda (independiente).

El informe se pronuncia sobre la polémica del crédito de $ 6.500 millones que le dio el Banco de Chile a Caval, luego de una reunión del vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, con Compagnon y Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta, el texto de la comisión concluye que podría configurarse una causal para investigar “un eventual tráfico de influencias o abuso de poder por parte de la Sra. Compagnon”. El documento recoge testimonios que dan cuenta cómo los asesores de Caval, Victorino Arrepol y Sergio Bustos, durante la tramitación del crédito emplearon el nombre de Bachelet y su parentesco con la dueña de la empresa. También relata la opinión de los ejecutivos bancarios sobre lo inusual del préstamo. El informe reprocha la actitud de la Superintendencia de Bancos de no criticar la operación.

El documento, además, describe las gestiones en la Municipalidad de Machalí de Juan Díaz —asesor del síndico Herman Chadwick y de Caval— con los funcionarios Jorge Silva y Cynthia Ross para que aceleraran el cambio del plan regulador que valorizaría los terrenos. Y la información privilegiada que Silva como director de Obras del municipio traspasó a Mauricio Valero. Pese a que había manifestado a la seremi su conformidad con la densidad de 60 habitantes por hectárea, el funcionario le escribió a mvalero@cavalinversiones: “Una vez aprobado el plan regulador nosotros efectuaremos una enmienda aumentando la densidad en un 20%”, otorgándole un valioso antecedente.

Amistades peligrosas

El 12 de enero pasado, el empresario Gonzalo Vial Concha le agregó un ingrediente más al llamado caso Caval. Por primera vez surgió la palabra “engaño”, proveniente de quien fuera el principal cliente de Compagnon y Valero. Ese día Vial declaró por segunda vez ante el fiscal Toledo. Según su relato, en enero de 2012 la nuera de Bachelet lo contactó telefónicamente para ofrecerle pertenencias mineras, una de las cuales, recuerda, era Moritas, al este de Antofagasta. Tras una serie de reuniones, se firmó entre la empresa que preside Vial, Graneles del Sur, y Caval un contrato de representación y comisiones, consistente en el rastreo de proyectos mineros, portuarios y de infraestructura, entre los que destacan estudios comerciales en relación a un terreno de 24 hectáreas en Rancagua y un proyecto en Tejas Verdes, paño de más de 108 hectáreas en Machalí. En total, el acuerdo implicaba el pago de $162 millones. Sin embargo, Vial terminó pagando $1.200 millones.

El año pasado Minsal abrió una auditoría interna para determinar posibles irregularidades en los contratos adjudicados a Saydex, la que demostró que entre 2010 y 2015, 22 servicios de salud firmaron convenios con Saydex por un total de $ 22 mil millones.

Durante 2012 y 2013, Compagnon y Vial estuvieron en permanente contacto. Incluso Caval le ofreció desarrollar un centro de hipoterapia y un museo —proyecto en el que trabajó Sebastián Dávalos, pero que no prosperó —. En medio de toda esta relación, surgieron testimonios que vinculaban a Caval con el proyecto Freirina. Compagnon relataba que Vial Concha le había pedido a la firma una asesoría comunicacional para revertir la opinión de la comunidad acerca de la planta de Agrosuper. Fuentes cercanas a la empresa han puesto en duda ese trabajo.

Otro negocio que Caval habría intentado realizar para Vial fue un estudio para adquirir el proyecto de termoeléctrica Los Guindos en la VIII Región. Para esto Valero y Compagnon compraron el 2012 informes en derecho a Ana Lya Uriarte, actual jefa de gabinete de Bachelet, quien en esa fecha acababa de inaugurar su bufete Sustentabogadas. Caval fue uno de los primeros clientes de la ex ministra de Medio Ambiente y recibió pagos de la empresa por 20 millones.

Esta semana el gobierno salió a defender la legalidad del trabajo de la profesional, que no tiene relación con el caso Caval. Revista Qué Pasa solicitó a Sustentabogadas poder revisar el informe elaborado por Uriarte, ante lo cual Magdalena Atria, socia fundadora del estudio, respondió: “La petición es del todo improcedente, ya que es contraria al secreto profesional. Más parece un intento de enlodar el prestigio de una abogada por un encargo profesional que no tiene nada que ver, ni temática ni temporalmente, con el denominado caso Caval, lo que obviamente me parece poco profesional y reprochable”.

Aunque Gonzalo Vial dijo en su primer testimonio que “mi relación con Natalia no era de amistad, diría que de mucho respeto y muy interesante”, el abogado de la socia de Caval, Felipe Polanco, en cambio, aseguró esta semana que ellos llegaron a tener una “amistad profunda”. En ese escenario, el empresario le entregó información sobre el manejo de sus sociedades y sobre asuntos familiares privados. Ahí, Compagnon le planteó que era necesario averiguar acerca de la seguridad informática de sus empresas. Vial dijo que la socia de Caval le aportó más de 300 correos captados por personal especializado en informática y que daban cuenta de un complot en contra de sus negocios y que buscaba su ruina.

Un dato que llama la atención fue que Vial llegó a contratar por tres años al abogado Ciro Colombara, que representa hoy al síndico Herman Chadwick en la causa, dado que “supuestamente me acechaba un megafraude”, declaró el empresario.

Vial Concha asegura haber dejado de trabajar con Caval en 2013. Hoy cree que los documentos mostrados eran falsos. Sin embargo, a fines de 2014 lo contactó Victorino Arrepol, quien le aseguró que él había sido el encargado de obtener la información contenida en los correos. “Fue recomendado por Natalia, pero después no me habló muy bien de él. Arrepol jamás trabajó para mí ni mis empresas”, señaló tajante Vial en su primera declaración.

Siete meses después cambiaba la versión, diciendo que le había aportado dinero de manera periódica (entre $1 millón y $ 1,5 millones mensuales por un total de casi $ 10 millones). De hecho, del 27 de enero de 2015 data el contrato firmado entre ambos, donde acordaron un plan de manejo de información de todas sus empresas, incluida compañías de su padre, Gonzalo Vial Vial. Cuando, a través de mensajes, Arrepol comenzó a decirle al empresario que le debía dinero “y que tenía que pagarle, de lo contrario me lo vería con su abogado”, rompen la relación. En noviembre pasado, Arrepol demandó al empresario por no pago de parte del trabajo realizado.

Sumario en Salud

Uno de los negocios más enigmáticos de Caval fue el que hizo para la empresa de servicios tecnológicos Saydex. Tanto, que los antecedentes fueron separados del proceso y tomados por el fiscal adjunto de Rancagua, Carlos Fuentes. Según el informe de la Cámara, la empresa de Compagnon comenzó a prestarle asesorías a inicios de 2012, para respaldar sus postulaciones a millonarios contratos públicos con el Ministerio de Salud. Saydex pagó a Caval $ 170 millones por estos servicios.

Para cumplir su cometido, y según la declaración de Patricio Cordero en Fiscalía, él junto a Valero se reunieron con Nibaldo Mora, entonces jefe de salud del Servicio Metropolitano Central. “Valero acordó con Mora pagarle la suma de $ 25 millones por sus gestiones a favor de Saydex, de los cuales, entiendo, alcanzó a pagarle $ 20 millones. Mauricio Valero tenía perfecta conciencia que le estaba pagando a un funcionario público para que desarrollara acciones propias del ámbito de su gestión”.

El año pasado el Minsal abrió una auditoría interna para determinar posibles irregularidades en los contratos adjudicados a Saydex, la que demostró que entre 2010 y 2015, 22 servicios de salud firmaron convenios con Saydex por un total de $22 mil millones. Según declararon las autoridades del ministerio, se detectaron incumplimientos en las boletas de garantía, debilidades de control e irregularidades en las licitaciones y contratos y un eventual perjuicio fiscal, ya que los derechos de propiedad del software son de Saydex y no fueron traspasados al Estado. La ex subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, declaró que “existe un presumible delito de cohecho que comete el director del servicio de Salud en la época del presidente Piñera”.

Extraños negocios

Dentro de la multiplicidad de negocios que tiene Caval, se encuentran incursión en el rubro de los combustibles, ventas de insumos para la minería en altura y otros negocios de especulación inmobiliaria, como los 12 predios que Compagnon adquirió en 2014, en el sector de Los Choros, comuna de La Higuera, en la IV Región. Los terrenos podrían aumentar su valor ya que están próximos al proyecto minero portuario Dominga, que hasta abril era controlado por la familia de Carlos Alberto Délano, socio de Penta. Los paños podrían utilizarse para instalar todos los inmuebles necesarios para operar el nuevo puerto.

Pero uno de los negocios menos indagados es la asesoría que prestó para el grupo Luksic, luego del préstamo del 2013. La nuera de la presidenta se reunió siete u ocho veces con el empresario para hablar de negocios. Compagnon recomendó a SCR, empresa directamente ligada a Caval, que recibió 6.460 UF para realizar un estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano EISTU para la nueva planta de la embotelladora CCU en Quilicura y otro para un proyecto de la empresa en Renca. También para un proyecto de conectividad de la calle Lo Marcoleta. Según los testimonios recogidos en Fiscalía, para esto Compagnon contrató a Juan Díaz.

El ex operador UDI ha comentado que la cientista política le debe $ 300 millones por el trabajo de la CCU, y otros $ 40 millones por un préstamo personal que le hizo el 2014. Dinero que pasó en efectivo en un maletín y que tenía por finalidad pagar deudas tributarias. Hoy, Compagnon, así como Valero, enfrentan una querella del SII por delitos tributarios y están próximos a ser formalizados por los tribunales el próximo 29 de enero, al igual que Juan Díaz.

La deuda que reclama Díaz fue la que lo llevó a visitar en abril pasado en La Moneda al administrador del palacio presidencial, Cristián Riquelme, donde le advirtió que “el no pago de esa deuda podría ser un escándalo para el gobierno”, según declaró el funcionario.

Caval, que también será formalizada como persona jurídica por el delito de soborno, será disuelta próximamente por sus socios.