Todo indicaba que se llegaría fácilmente a un acuerdo sobre el informe final con las conclusiones y propuestas de la segunda comisión investigadora del caso Caval. El trabajo había sido transversal durante todos los meses que duró la investigación y tanto en la oposición como en el oficialismo estaban de acuerdo en la necesidad de plantear críticas serias al vínculo de Sebastián Dávalos con los negocios de la empresa de su mujer, Natalia Compagnon.

Pero durante la jornada de este lunes –cuando faltaban menos de 24 horas para el fin del plazo en que la llamada comisón "Caval II" debe entregar su informe– comenzaron a asomarse a la luz las diferencias que podrían impedir que la comisión presente un documento único y consensuado, revelando las diferencias entre oficialismo y oposición sobre el tema.

Los diputados integrantes llegaron a la sesión de ayer, la penúltima antes de entregar el informe final, con la idea de resolver dichas diferencias. Pero, el ambiente se enrareció con una sorpresiva noticia que interrumpió la discusión de los diputados. El ex presidente del PS informó que le había llegado la "información extraoficial" de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se había querellado contra la empresa Caval y los socios Natalia Compagnon y Mauricio Valero por delitos tributarios. La información de Andrade era efectiva y fue confirmado minutos después por un comunicado del servicio, lo que hizo detener el debate para que los diputados reaccionaran ante la prensa sobre el tema, antes de seguir adelante. La información era relevante, pues marcaba un giro del SII según lo informado por el propio director cuando concurrió a la instancia, donde aseguró que no existían antecedentes para emprender tales acciones. La conclusión más evidente, en particular, de parlamentarios opositores fue que la acción penal del SII abría la posibilidad a nuevas formalizaciones ya que las que fueron solicitadas por el fiscal del caso Luis Toledo, dejaban fuera hasta ahora a la nuera de la presidenta Bachelet.

Tras el receso obligado, volvieron a la carga.

Además de algunas acotaciones de forma –los diputados Alejandra Sepúlveda (PRI) y Guillermo Ceroni (PPD) consideraron que las conclusiones no eran lo suficientemente explícitas– las principales diferencias radican en tres exigencias que los parlamentarios de Renovación Nacional (RN), representados en la comisión por los diputados Marcela Sabat y Diego Paulsen, consideran “intransables” para votar a favor del informe y que no están presentes en la última versión que redactó el DC Gabriel Silber, presidente de la comisión. Algunos diputados opositores buscan atribuir responsabilidades directas a la Presidenta Bachelet, y la exigencia de realizar un sumario administrativo al administrador de la Moneda, Cristián Riquelme, además de exigir la salida de este último.

 

La responsabilidad de la presidenta

La atribución de responsabilidades a la presidenta Bachelet es uno de los mayores puntos de discordia. En RN pretenden que el informe reconozca de manera explícita que la presidenta cometió un error al nombrar a su hijo como Director Sociocultural de la Presidencia.

“Más allá de ser la mamá del señor Dávalos o la nuera de la señora Compagnon, ella fue quien nombra al señor Dávalos a la dirección sociocultural, y nosotros pedimos que la presidenta debe responder por las equivocaciones de su hijo porque es de público conocimiento que es facultad del presidente nombrar al director sociocultural de la presidencia, y quien tiene que poner las exigencias es el Presidente de la República”, fue el argumento de Paulsen en el tenso debate que se dio ayer en la comisión.

Pero los reproches de RN no se limitan a la Presidenta, sino que también alcanzan a sus ministros, especialmente a los ministros Segpres y Trabajo, Nicolás Eyzaguirre y Ximena Rincón, respectivo, al primero por evitar que se realizara un sumario interno contra Cristián Riquelme y a la segunda por negar, en un primer momento, la solicitud de declaración de patrimonio de Dávalos, según el planteamiento de RN.

“Si estamos hablando de una defensa corporativa de La Moneda es porque hay argumentos, en La Moneda no se quiso hacer un sumario y el ministro Eyzaguirre, de manera irrisoria, pasó a llevar a esta institución de la Cámara de Diputados”, insistió Marcela Sabat.

Sin embargo, en el oficialismo defendieron la idea de trazar una diferencia entre aquellos datos que efectivamente han podido ser comprobados por la justicia de aquellas que no lo han sido.

"Lo que importa es que el informe recoja cosas que se han podido acreditar y aquellas cosas que no se han podido acreditar, se mencionen en esa condición. Eso facilitaría un entendimiento entre todos nosotros”, solicitó el diputado Osvaldo Andrade (PS).

“Tiene que haber conclusiones objetivas y subjetivas, pero las subjetivas no las podemos afirmar. Decir que hay una defensa corporativa de  La Moneda no me parece del todo objetivo. Sí me parece objetivo decir que el ministro Eyzaguirre se negó a tal y tal cosa, con nombre y apellido. Pero cuando hablamos de La Moneda, es como decir que todos los parlamentarios son sinvergüenzas. No todos los son”, añadió el radical Fernando Meza.

En esta exigencia, RN no cuenta con el apoyo del resto de la oposición. El diputado Felipe Ward (UDI) fue enfático en la necesidad de distinguir la responsabilidad política de Bachelet de cualquier otro tipo de implicación con los negocios de su nuera.

"Me parece un tema de justicia separar lo que ha hecho el señor Dávalos y la señora Compagnon, con lo que ha hecho y dicho la presidenta. Yo creo que el gran pecado político de la presidenta en el caso Caval fue haber dicho que se había enterado por la prensa, pero no creo que ella esté involucrada más allá de eso”, aseveró el militante de la UDI.

Un nuevo mecanismo para el nombramiento del director del SII

Otro de los argumentos que se repitió en la exposición de varios parlamentarios tiene que ver con los cargos que son de confianza del Presidente de la República, especialmente los secretarios regionales ministeriales y el director del SII.

Sobre este último, el diputado Gustavo Hasbún planteó la idea de buscar un sistema mixto de nombramiento, similar al que se utiliza para elegir al fiscal nacional o al contralor general de la República, “para que realmente pueda ser representativo y dar la objetividad de que es una persona que puede tomar sus decisiones con total libertad”.

Aunque la sugerencia fue tomada en consideración por varios parlamentarios, el diputado comunista Daniel Nuñez mostró sus dudas. “¿Podríamos establecer una reforma tributaria con un director del SII que fuera consensuado, de asegurar un ordenamiento determinado? Lo que quiero preguntar es hasta donde un mecanismo consensuado respeta la soberanía popular en la toma de decisiones, ni tampoco con eso se puede garantizar la competencia profesional y técnica”, señaló.

También desde el oficialismo y en el borrador del texto que redactó el diputado Silber se promueve la necesidad de mejorar la regulación del patrimonio de los integrantes de la familia del Presidente de la República, así como de restringir las acciones de lobby que tales personas pudieran realizar.

El debate continuará esta mañana a partir de las 11.00 hrs. en el Congreso, en Valparaíso, para revisar de manera detallada el informe, que será votado a las 19.00 hrs.