Por más de cuatro horas los senadores de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, junto al ministro Nicolás Eyzaguirre y su equipo de asesores, debatieron entorno a los artículos 26, 27 y 28 de la ley de financiamiento a la política, que corresponden precisamente a aquellos que definen las sanciones para quienes infrinjan las normas sobre gastos de campaña, que van desde las multas, cárcel y hasta la pérdida del cargo. El miércoles de la semana pasada el proyecto no pudo ser despachado desde la sala del Senado, ya que algunos senadores no estaban de acuerdo con sancionar con cárcel este tipo de delitos, por lo que los comités parlamentarios acordaron enviar el proyecto a la Comisión de Constitución para revisar la redacción de estos puntos, pese a que el proyecto había pasado previamente por las comisiones de Probidad y  de Hacienda de la Cámara Alta.

En el trámite se estableció una pena de presidio menor en su grado medio (entre 541 días y tres años de cárcel) y una multa de tres veces lo defraudado tanto para aquellos que recibieran aportes de personas jurídicas, como para quienes obtuvieran aportes utilizando procedimientos distintos a los contemplados en la ley y cuyo monto excediera en un 50% lo permitido por la misma. La sanción incomodaba a los parlamentarios de la comisión, quienes alegaron que era necesario introducir algún tipo de matiz para que las penas no fueran desproporcionadas.

"No es lo mismo recibir 150.000 pesos que recibir 5 millones de pesos, tenemos que tener criterios de gravedad para poder hacernos cargo de que esto realmente sea consistente", afirmó el Hernán Larraín (UDI), uno de los senadores más preocupados por la proporcionalidad de las penas.

Así, por unanimidad la Comisión voto mantener las penas de tres años, pero estableciendo una gradualidad en su aplicación, lo que quiere decir que se “mantiene el techo pero se baja el piso” a presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, entre 61 días a 541 días. El motivo de esto, según los parlamentarios, no es suavizar las penas, sino facultar a los jueces con un de rango aplicación más amplio.

Así lo sostuvo el senador RN Alberto Espina, quien ejemplificó sus argumentos con la ley que regula el narcotráfico. “En esta misma comisión, hace años nosotros aprobamos una pena altísima para el narcotráfico, entre cinco años y un día a diez años. Pero nadie condenaba a cinco años y un día a una mujer que traficaba cinco papelillos, porque los jueces no le podían aplicar la misma pena que un gran narcotraficante, así que la hacían pasar por consumidora. Entonces, quedaba un vacío en que operaban las bandas de microtraficantes, que también podían ser muy poderosas. La solución fue flexibilizar la ley".

A modo de contrapeso, no obstante, se disminuyó de 50% a 40% el monto según el que empiezan a regir las sanciones y se mantuvo el presidio menor en su grado mínimo como sanción penal única para los casos en que se utilicen los aportes obtenidos por el fisco para una finalidad distinta a la cual están destinados, por considerar que este tipo de falta tiene una naturaleza distinta a las anteriores.

Por último, a pesar de que los aportes de personas jurídicas están completamente prohibidos, se fijó la posibilidad de que en casos “excepcionales” en que los aportes de este tipo de personas sean inferiores a las 50 UF, el Servel pueda “prescindir” de denunciar o querellarse frente a esto hechos en caso de que considere que no hubo una acción dolosa, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que correspondan. El objetivo sería establecer una diferencia entre los aportes realizados por ejemplo, por pymes, de los que realizan grandes empresas con el objetivo de reducir su carga impositiva.

Sin cárcel

Si bien las penas que se aprobaron en la comisión corresponden a lo que había planteado la comisión Engel, en la práctica subsiste un problema en su aplicación respecto de quienes esperan sanciones ejemplarizadoras como la cárcel. Esto pues el Código Procesal Penal permite la suspensión condicional del procedimiento cuando las penas no exceden de los de tres años. Esta es una salida alternativa en la que si el procesado cumple a cabalidad determinadas reglas de conducta y otros requisitos acordados con el  juez de garantía durante un período de prueba, se extingue la acción penal, lo que podría terminar por eximir a quienes cometan delitos de financiamiento irregular a la política.

Si bien para solucionar este inconveniente basta con establecer que ante este tipo de delitos no se puede apelar a la suspensión condicional del procedimiento, esto no quedará subsanado en la ley de financiamiento a la política. La alternativa por lo tanto sería zanjarlo en el proyecto de agenda corta contra la delincuencia que se discute de manera paralela y que también es uno de los siete proyectos con prioridad legislativa que tienen que quedar despachados antes del 31 de diciembre.

Pérdida del escaño

El punto más álgido de la discusión de ayer se debió a las causales que implican la pérdida del cargo como castigo para quienes cometan infracciones que la ley considera graves, donde no se llegó a un acuerdo.

En la propuesta del Ejecutivo, se consideraban motivo suficiente para la destitución en primer lugar, haber sobrepasado en un 25% el límite al gasto electoral permitido por la ley, siempre que dicho porcentaje superara las 40 unidades de fomento, y segundo, sufrir el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos de campaña por contener una diferencia superior al 20% entre el gasto electoral declarado y lo determinado por el Servel.

Ambas disposiciones causaron reparos inmediatos de los parlamentarios, quienes argumentaron en bloque que ponían en desventaja para las candidaturas más pequeñas, como las de concejales y alcaldes de zonas rurales, que se manejan con mucho menos recursos y con equipos menos preparados.

“Tengo tres comunas chicas en la región, con un presupuesto de un millón de pesos, que si se pasan en 250.000 pesos van a caer en esta causal. Tenemos que ser cuidadosos, porque si no vamos a establecer una norma que va a ser fuente permanente de problemas”, argumentó el senador Pedro Araya.

Sobre el primer punto, se llegó al acuerdo de mantener el 25% como límite de sobrepaso al gasto electoral, pero siempre y cuando el monto superara las 100 unidades de fomento, elevando considerablemente lo dispuesto originalmente. Sin embargo, las diferencias en torno al rechazo de la cuenta general fueron insalvables.

Mientras el ministro Eyzaguirre argumentaba que era fundamental que, dado que el Servel no tiene capacidad para inspeccionar exhaustivamente todas las rendiciones de cuenta, los incentivos para declarar de manera correcta tienen que estar en la norma, por lo que era imposible eliminar la disposición como pedían los parlamentarios, estos últimos protestaban que se trataba de una sanción demasiado estricta en un aspecto en el que suelen cometerse errores, y en el que además no se respetaba un debido proceso.

“Me parece de mucha gravedad la letra b) porque tal como está hoy la ley, muchas cuentas son objetadas por la gran cantidad de ítems y de información que hay que entregar. Me imagino que habrá un proceso de rendición de cuentas, porque en cualquier proceso administrativo debe haber un plazo de rectificación”, sostuvo el socialista Alfonso de Urresti, presidente de la Comisión.

“Yo les pido que vayan a ver las comunas chicas de Chile, donde estos errores pasan a menudo, donde el administrador es una amigo cercano que hace la paleteada. Son errores que en el 90% de los casos son administrativos, y nosotros estamos castigando con la destitución, con la pena de muerte. Creo que estamos exagerando y creando un montón de dificultades”, agregó de manera efusiva el senador Espina.

Aunque los parlamentarios propusieron establecer un proceso de claro de rectificación o la participación de un tercero imparcial que actúe como árbitro entre los candidatos y el Servel, finalmente no se llegó a un acuerdo, y los senadores rechazaron de forme unánime el inciso que contenía la disposición. Por el momento, este punto es el que podría trabar el despacho de la ley, aunque el ejecutivo presentará hoy una nueva enmienda para que sea votada en la Sala, tomando en consideración los aspectos que se sugirieron en la comisión.

La discusión en la Cámara Alta se va a retomar hoy a las 12.30 horas hasta su total despacho. Además de votar las enmiendas a los artículos relativos a las sanciones penales, sigue pendiente definir cuál va a ser el plazo de prescripción para los delitos y qué va a pasar con el refichaje de los militantes.