El anuncio de la creación de un documental que registrará los principales hitos del segundo mandato de Michelle Bachelet, para el que se destinarán, en un principio, 40 millones de pesos, causó indignación en las redes sociales. Porque, incluso cuando la misma presidenta había catalogado al 2015 como el año más difícil en sus dos períodos, la decisión de producir este material de una hora de duración, causó sorpresa.

Más aún cuando se sabe que la impulsora y redactora del proyecto que, según el artículo de Reportajes de La Tercera que lo devela, es la cineasta Tatiana Gaviola, que ya fue cuestionada en diciembre pasado por adjudicarse uno de los montos más altos que entregó el Consejo de la Cultura a través del Fondo Audiovisual mientras era funcionaria del gobierno, donde estuvo contratada de julio a diciembre de 2015 bajo el cargo de "asesora de la dirección administrativa en el marco del programa de apoyo a actividades presidenciales", con la calificación de "directora artística con mención en televisión" con un sueldo bruto de $3.382.500.

Cabe consignar que el proyecto no fue licitado, sino que se le encargó directamente a Gaviola. "Los servicios que se requiere contratar revisten el carácter de especialísimos, pues implica hacer seguimiento constante y dedicado al quehacer de la Primera Magistratura de la Nación en sus actividades oficiales y protocolares, por lo que se hace estrictamente necesario acudir a un prestador cuyo perfil detente la idoneidad técnica y profesional que requieren tales prestaciones", dijo Cristián Riquelme, director administrativo de La Moneda, a La Tercera.

Con respecto al rodaje y producción, el trabajo de la audiovisualista se proyecta por 12 meses y cubrirá seis áreas temáticas: visión estratégica del país de la Presidenta de la República, principales reformas y el programa de gobierno, forma de liderazgo, forma de gobierno, relación con la ciudadanía y desarrollo del país.

Solo un registro de memorias

El vocero de gobierno (S) Osvaldo Soto salió a aclarar esta mañana los alances del polémico documental. La explicación, que desde temprano brindaban desde en La Moneda, es que el material que se prepara no es un documental ni tiene fines propagandísticos, sino que sólo es un trabajo de archivo y memoria. Desde el Ejecutivo también aclaran que este tipo de pieza audiovisual ya se preparó en la anterior administración Bachelet, sin que fuera objetado en aquel entonces.

“No vamos a hacer de este tema la polémica del verano. No estamos hablando ni de una campaña de marketing ni de un documental. Este es un proyecto que dice relación con una memoria y un archivo, que tiene una dimensión audiovisual. Es un ejercicio que se hizo ya en la primera administración de Bachelet y dice relación con ser capaces de ir ordenando los hitos del mismo año”, explicó Soto. Además, clarificó que este material no será exhibido a la ciudadanía, pues está pensando para el archivo de Palacio: “No es un material que vaya a salir a la ciudadanía no es una campaña publicitaria, ni es un documental sobre la presidenta. Es ejercicio de guardar y mantener la memoria de lo que es la acción de un gobierno”.

La Moneda también justificó el gasto y enfatizó que se enmarca dentro de la ley: “La persona que ha sido contratada lo ha sido, básicamente, bajo el marco legislativo que establece la ley de compras, es un servicio especializado. Se ajusta plenamente a los requerimientos de legalidad sobre la materia”, enfatizó el portavoz.

En tanto, el Ministro del Interior, Jorge Burgos, reaccionó con molestia ante la oleada de críticas que han surgido por la ejecución de este material: “Nosotros somos una sociedad de normas, no solo jurídicas,  también morales, constitucionales así esto funciona. Si hay alguien que cree que se traspasó una norma al momento de tomar una decisión respecto de un trabajo de archivo, testimonial, tiene todo el derecho de hacerlo (…) Ahora, esto transformarlo en el hecho del verano me parece un exceso. No soy de los políticos que me levanto todas las mañanas en ver cómo le pegó a un opositor. La gente está cabreada  que los políticos solo hagan noticias, en cuanto se reprochan unos con otros”, dijo, agregando enfático que “llegó la hora que nos pongamos un poco más serios. No podemos vivir todos los días haciendo reproches”.

El jefe de gabinete descartó, además, de forma tajante que eso sea un trabajo electoral, pensando en que este es un año de elecciones municipales.

Otros fallos de la Contraloría

Esta mañana tanto la UDI como RN presentaron, de forma separada,  oficios a la Contraloría General de la República, objetando la legalidad del proyecto audiovisual y cuestionando los recursos que se destinaron para su ejecución.

La Contraloría ya ha emitido resoluciones respecto a demandas similares en el pasado. Una de ellas fue en el gobierno de Sebastián Piñera respecto a la publicación de once libros sobre el legado y la gestión de su gobierno. Fueron 14 mil ejemplares que la administración de aquel entonces repartió públicamente con un costo total de $141.000.000 millones. En un dictamen del 4 de julo de 2014 el órgano controlador objetó el proyecto pues a su juicio infringía las leyes de Presupuesto de 2013 y 2014, ya que estas impedían a los ministerios efectuar campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar logros de una autoridad específica o del gobierno en general, con excepción de las cuentas públicas. Además, el informe concluyó que no se cumplió con las normas que establecen que ministerios, intendencias, gobernaciones y órganos y servicios públicos que integran la administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Otro ejemplo fue hace poco, cuando la oposición también acudió a la Contraloría para objetar el video de la reforma tributaria, en el cual el gobierno explicaba los alcances de la reforma con la polémica frase de que “los que están en contra de la reforma tributaria son los poderosos de siempre”.

La Contraloría en su dictamen del 10 de abril de 2015 resolvió que dicha campaña comunicacional se ajustaba a la ley, pues la Secretaria General de Gobierno podía efectuar este tipo de campañas, de forma de comunicar a las diferentes organizaciones sociales y a la ciudadanía en general sobre información que fuera de interés. Por lo tanto, se consideró legal que por vía audiovisual y por medio de una página web del Ejecutivo se diera a conocer dicha información.

Lo que sí cuestionó en ese dictamen el órgano regulador fue el tono del mensaje, por lo que instruyó al Ministerio a moderar el uso del lenguaje: “Lo anterior no obsta a que la CGR (Contraloría General de la República) pueda considerar recomendar al MNSGG (Ministerio de la Secretaría General de Gobierno) usar recursos lingüísticos moderados, en atención a que con otras palabras, igualmente, la información puede ser entregada y comprendida en un lenguaje cotidiano", se explicaba en la resolución.

Con todo, el oficio presentado este lunes por el proyecto audiovisual de la Presidencia deberá hacer ingreso formal a la Contraloría, quienes analizarán en un plazo no determinado, dependiendo de la prioridad que se le dé, si incurre o no en algún tipo de ilegalidad en torno a los gastos y a los fines que la pieza tiene.