"Hay partos naturales y partos inducidos", afirmó el ministro del Interior, Jorge Burgos. La ironía sonó como un desahogo. Es que el ex diputado DC se veía tenso. De hecho, volvió a Santiago desde Valdivia para dar él mismo el anuncio.
Según explicó el secretario de Estado, "el director de la división de administración de la Presidencia de la República, señor Cristián Riquelme, ha tomado la decisión de renunciar a su cargo, renuncia que formalizará por escrito el día lunes, cuando vuelva de su feriado legal. Eso es lo que quiere informarles esta tarde".
Respecto de si su salida responde a una petición de la presidenta, el ministro acotó que no, que él renuncio. "Yo estoy en condiciones de decir que yo tengo esa información y yo sí he estado en contacto con la presidenta durante el día, desde Valdivia”, explicó. Burgos, eso sí, dijo que hasta el momento no hay ninguna acción concreta contra Riquelme y valoró su renuncia.
El nombre de Riquelme comenzó a aparecer en la presa cuando se conoció la reunión que sostuvo, en La Moneda, con el operador político UDI Juan Díaz, quien le pidió que intercediera para que Natalia Compagnon, nuera de la presidenta, le pagara una deuda. Pero su actuación en el caso Caval no terminó ahí: luego estuvo directamente implicado en el formateo del disco duro del computador que Sebastián Dávalos ocupaba en Palacio.
Contraloría designa Fiscal para investigación
La Contraloría General de la República inició una investigación sumarial de oficio este miércoles, según el mismo ministro Burgos confirmó al momento de anunciar la renuncia de Riquelme. Esta investigación apuntará a indagar las compras y movimientos comerciales que se hicieron durante su rol como administrador de La Moneda. Para ello, el órgano ya designó a una fiscal a cargo quien comenzará a trabajar en la recopilación de antecedentes.
Existe un plazo de 5 días para que la funcionaria designada lleve a cabo la investigación en la búsqueda de responsabilidades administrativas que haya cometido el funcionario en torno a los ilícitos por los cuales se le está indagando, para luego allí determinar si se amplía la investigación de sumario, por un plazo máximo de 90 días.
Como aún no se he hecho efectiva la renuncia, cuestión que se hará formalmente el lunes, el funcionario podrá ser investigado, por la Contraloría, arriesgando sanciones que van desde una censura, una multa hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos, en el caso de que se le encuentre algún tipo de infracción. Independiente de ello, también puede estar sujeto a algún tipo de investigación penal que correría por rieles separados, en el caso de que se presente alguna querella en su contra.
