El ministro del Interior Jorge Burgos respondió hace una semana, al ser consultado por los cuestionamientos de los querellantes del caso SQM por la demora en la acción del SII, que "vayan al Servicio de Impuestos Internos a alegar, si ésta es una entidad dotada de autonomía también".

El debate por si este organismo debe dar el puntapié inicial a las acciones por presuntos delitos tributarios ha sido una constante en medio de las indagatorias por los casos de financiamiento irregular de la política (Penta y SQM), y en especial en los últimos días, a raíz de oficio que envió el fiscal Pablo Gómez al SII, pidiendo información sobre "cualquier procedimiento administrativo que se lleve en la actualidad o cualquier acción administrativa que se pretenda ejercer en contra de los contribuyentes emisores de boletas de honorarios de las sociedades SQM y SQM Salar".

Hasta ahora, el Ministerio Público ha mantenido la idea de que se debe esperar la querella del SII antes de intervenir. Así lo dijo Sabas Chahuán el año pasado, cuando expresó que "nosotros respetamos las facultades del SII, pero hemos dicho que en ciertos casos si no hay una querella o una denuncia cuando son exclusivamente delitos de índole tributario, hasta ahí se puede llegar con la investigación".

Su sucesor, Jorge Abbott, también ha seguido esa línea argumentativa: "creo que el artículo 162 del Código tributario (el que deja esta responsabilidad exclusiva en el SII) es una norma legal vigente y en consecuencia, si no hay querella o denuncia, no es viable ninguna acción penal", dijo el año pasado.

Por este motivo es que, a pesar de la celeridad que se ha pedido en la toma de acciones en estas indagatorias, el ritmo lo sigue marcando el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, hay voces provenientes del mismo Poder Judicial que están haciendo ver diferencias con lo señalado por los mandamases de la Fiscalía.

"No se necesitaría la querella"

El fiscal Pablo Gómez dijo la semana pasada en CNN Chile que se evalúa formalizar a Marco Enríquez- Ominami, una de las figuras políticas frente a las que el SII no se ha querellado por delito tributario.

Según explicó Gómez, "si uno quisiera discutir alguna medida cautelar del ejercicio de la acción penal, evidentemente vamos a requerir en este caso la legitimación procesal que nos va a dar la querella del SII", y que  "es posible la formalización respecto de él, es un acto de garantía donde se le comunica a la persona que se le está investigando, pero evidentemente si no la hay, eso nos va a impedir ejercer la acusación al término de la investigación".

En este contexto, el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, también salió al ruedo en CNN Chile, adelantando una publicación que realizara y que sostiene que no se requiere de la querella del SII para avanzar en las causas, puesto que a su juicio, "la jerarquía constitucional del Ministerio Público no puede estar limitada por leyes ordinarias por importantes que sean, como son las del SII. Y que lo que caracteriza a la reforma procesal penal es que exista este organismo constitucional autónomo, que es la Fiscalía, y que responde por notable abandono de deberes, por lo que sea, ante la Corte Suprema.
Por lo tanto, no responde como responden los jefes de servicios administrativos, que por muy competentes, pueden ser desahuciados por el Presidente de la República".

"¿Cómo puede ser que hay de repente delitos de fraude, de malversación, de cohecho, que están vinculados al delito tributario, y que está actuando el Ministerio Público, pero no puede ir más allá por el delito tributario, porque no tienen la iniciativa exclusiva, contradiciendo a la Constitución Política?"

Asimismo, señaló que "no conozco ningún documento oficial de la Fiscalía que desarrolle una tesis contraria, solamente he escuchado opiniones del ex fiscal Chahuán, en especial del actual fiscal nacional Jorge Abbot, que el código tributario dispone que  la exclusividad en la interposición de las querellas tributarias le corresponde al SII. Y por lo tanto, le manda un oficio, o le dice: 'tengo antecedentes, proceda a presentar la querella'".

"Ellos se basan en la teoría del SII, avalada en cierta manera de estas declaraciones de los actuales fiscales nacionales, en una teoría de Bernardo Lara, que sostiene que esta modificación del código tributario de 2012, de leyes adecuatorias, en que se trató de adecuar todo el sistema legal al nuevo sistema procesal penal,  contenía esta norma que rige hasta hoy día (número 162 del código tributario)", añadió.

El ex fiscal nacional acota que éste "es un problema realmente complejo, puede que yo no tenga la razón, puede que yo hubiera tomado otra actitud frente un problema que no tuve en la Fiscalía, pero frente a un problema que tiene mucha atención, en que diputados y senadores están todos los días preguntando por qué SII no se querellan, y frente a declaraciones que yo conocí también por la prensa de ex directores generales del SII que dan a entender claramente que tuvieron  algún tipo de presiones para no querellarse, entonces lo que yo he dicho en anteriores entrevistas es que en Chile todo se sabe. Entonces, ¿por qué en algunos casos sí y por qué en otros no? ¿Qué circunstancias influyen en esas decisiones del SII? Por lo menos no las explica al país. Claro que sería mucho mejor que se querellara, contaría la Fiscalía con un aliado muy especial, muy informado, lo cual no significa que haya condena, pero por lo menos se sigue el curso normal de la investigación".

En esta línea, insistió: "¿Cómo puede ser que hay de repente delitos de fraude, de malversación, de cohecho, que están vinculados al delito tributario, y que está actuando el Ministerio Público, pero no puede ir más allá por el delito tributario, porque no tienen la iniciativa exclusiva, contradiciendo a la Constitución Política?".

Finalmente, Piedrabuena recoge el planteamiento de Gómez, aseverando que "es bastante novedoso ese punto de vista. Ciertamente, el enjuiciamiento criminal compromete mucho más a la persona que la formalización. La formalización es poner en comunicación del imputado que existen cargos, la investigación no se cierra, sigue adelante hasta que se acusa. Pero yo pienso: ¿para qué esperar tanto tiempo para decidir una cuestión tan importante, el juicio oral? Creo que esto debe resolverse por los tribunales, pienso que los jueces de garantía tienen facultad si acaso el asunto se le promueve, y el superior jerárquico que corresponda, las Cortes de Apelaciones. Creo que no es bueno decir que las instituciones funcionen si no todas ellas pueden funcionar como lo debe hacer el Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución".