No fueron unas vacaciones tan descansadas. Durante las tres semanas que duró el receso veraniego del Consejo Ciudadanos de Observadores del proceso constituyente, sus integrantes continuaron en contacto, compartiendo propuestas y documentos. ¿El motivo? Una serie de asuntos que quedaron en el aire, los que serán abordados durante la jornada de hoy.

El primero de ellos tiene que ver con el alcance que tendrá la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) a la hora de escoger y capacitar a los facilitadores del proceso constituyente, personajes que serán responsables de dirigir y monitorear los cabildos, y que por esta tarea recibirán un sueldo de $ 3.3 millones de pesos.

"Hay algunos integrantes que quieren acotar al máximo la injerencia del gobierno, aunque todos reconocen que hay una contribución importante. Pero hay una discusión pendiente que se va a manifestar a propósito de cada cosa: de la selección, de la capacitación, de los encuentros y la idea del consejo es abordar ese tema", sostuvo Patricio Zapata, presidente de la instancia.

Las diferencias entre el Consejo y el Ejecutivo en esta materia se remontan a comienzos de año, como queda constado en el acta de la reunión que sostuvieron el 4 de enero de 2016. Mientras los primeros sostenían que la presencia de la Segpres restaba neutralidad a los cabildos, desde el Ejecutivo argumentaban que, dado que el proceso corresponde a una tarea de gobierno, el gobierno debía participar. Las dudas se vieron exacerbadas luego de que se diera a conocer un documento que envió la Segpres durante el fin de semana, en el cual se le asigna un rol protagónico a La Moneda en la capacitación de los facilitadores.

“Hoy tenemos que discutir si está suficientemente garantizada la independencia y la imparcialidad, y si es que debe haber más participación del Consejo o menos de Segpres. Estoy seguro de que van a haber opiniones muy distintas en este tema”, agregó el constitucionalista.

Para abordar todas estas inquietudes, en la reunión también estará presente Rodrigo Egaña, presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, representando la postura de gobierno. La nómina de facilitadores debe estar lista a fines de marzo.

Además, Patricio Zapata propondrá hoy un cronograma tentativo según el cual, de ser aprobado, se regirán las actividades del organismo de aquí hasta octubre, cuando termina el mandato del Consejo.

¿Manos atadas?

Otro de los asuntos que ha sido fuente de controversias durante las últimas semanas tiene que ver con las funciones que el Consejo está facultado para realizar. A pesar de que están próximos a cumplir tres meses de trabajo –sus integrantes fueron nombrados el 2 de diciembre del año pasado–, todavía existe poca claridad acerca de cuáles son las funciones del organismo. Así lo dio a entender el empresario Roberto Fantuzzi, uno de los observadores, en una entrevista con La Tercera, donde alegó que si él no fuese uno de sus miembros, no entendería los artículos que han emanado del Consejo.

Algunos aseguran que el problema de fondo es que, a pesar de que cuando la presidenta anunció la creación del Consejo de Observadores aseguró que su tarea sería velar por la total transparencia del proceso constituyente, para asegurar así que “cada peso del erario público se gaste como corresponda”, en la práctica esto no ha ocurrido así.

De acuerdo al decreto de ley publicado en el Diario Oficial, –y que fue firmado por los ministros Burgos y Eyzaguirre–, la capacidades del organismo se limitan a “conocer e informar” acerca de las etapas de educación cívica y la realización de los cabildos, pero no tienen atribuciones para fiscalizar como se gastan los recursos en estas actividades. Esto luego de que Contraloría realizara cambios a la redacción original del texto, porque no se ajustaba correctamente a los términos jurídicos.

Este punto es especialmente delicado, dado que los montos comprometidos para el proceso constituyente en el presupuesto 2016 superan los $ 1.200 millones de pesos, cifra que se estima, podría aumentar.

No obstante, el presidente del Consejo desdramatizó la situación. "Mi opinión es que tratándose de este tipo de comisiones presidenciales designadas por potestad reglamentaria autónoma, el campo de lo que se puede hacer está bastante claro. Yo personalmente encuentro que nada de lo que aparece en el decreto nos impide realizar la función para la cual fuimos creados", opinó Zapata, quien se reunió a fines de enero con los ministros del comité político precisamente para pedir explicaciones por este tema.

"Algunos consejeros se preocuparon con esto, porque pensaron que sería un debilitamiento a nuestra función, que nos atarían las manos. Pero en la reunión que sostuvimos con los ministros para ver este asunto, los tres ministros que estuvieron presentes, Burgos, Eyzaguirre y Díaz, fueron muy enfáticos en decir que la voluntad del gobierno y la voluntad de la presidenta es de reconocer y respetar todas las atribuciones que le fueron entregadas", finalizó.

A pesar de que este punto no está en la tabla, no se descarta que alguno de los consejeros lo ponga sobra la mesa.