Jean Beausejour es el último en llegar. De lentes oscuros, jockey Adidas y pantalón verde, el futbolista se pierde en la casa central de la Universidad de Chile antes de encontrar el salón rectoría donde la reunión comenzó hace unos veinte minutos. No desentona con la tenida. Los demás miembros del Consejo Ciudadano de Observadores Constitucionales también optaron por ir sin corbata y de manga corta para enfrentar la calurosa tarde del 22 de febrero. Incluso Francisco Fernández Fredes, el ex fiscal nacional económico, luce una blanca guayabera.

Están casi todos. Sólo faltaron el director de The Clinic, Patricio Fernández, la periodista de Cooperativa Cecilia Rovaretti y la presidenta del sindicato de trabajadoras de casa particular, Ruth Olate. Dos de las tres mujeres que conforman el consejo de 17 integrantes, designados en diciembre por la presidenta Michelle Bachelet y cuya función es dar garantías de imparcialidad en el desarrollo de las etapas de educación cívica y diálogos ciudadanos del proceso constituyente iniciado por el gobierno.

Pese a las protestas de algunos por tener que interrumpir sus vacaciones, decidieron realizar la décima reunión del consejo en pleno periodo estival, presionados por la agenda de La Moneda que insiste en mantener su cronograma de comenzar los cabildos ciudadanos en abril para que no se crucen con las elecciones municipales de octubre.

Las dudas de los observadores no se hicieron esperar: “¿Por qué decidieron ustedes que el proceso de capacitación lo lleve a cabo la Segpres y no una entidad universitaria, por ejemplo, que no reviste un carácter tan marcadamente político?”, preguntó el abogado Gastón Gómez.

Antes de que el abogado DC Patricio Zapata, vocero del grupo, inicie la tabla del día, el secretario ejecutivo de la comisión, Andrés Vodanovic, pide que la prensa salga del lugar. Los comisionados han tenido varias discusiones sobre la transparencia de las sesiones acordando la no presencia de periodistas. En distintas sesiones se ha discutido si se deben hacer actas extensas o breves, siendo Lucas Sierra, subdirector del Centro de Estudios Públicos CEP, y Francisco Fernández partidarios de actas acotadas, “ya que no rendimos cuentas a mandantes”, explicaron.

En la última sesión del 25 de enero se discutió si se debían transmitir las sesiones vía streaming. Lucas Sierra argumentó que no, ya que “puede inhibir el debate y generar el incentivo perverso de que, finalmente, las verdaderas discusiones se van a tomar tras bambalinas”. En la misma línea el abogado de la Universidad Católica Arturo Fermandois dijo que “existen ciertos necesarios espacios de intimidad política, en el proceso de formación de acuerdos. Existen buenas razones para limitar excepcionalmente los espacios de publicidad total”. Finalmente ganó por 7 votos contra 5 que las sesiones se transmitieran on line, con el voto favorable de Beausejour, quien, en una de sus contadas intervenciones, argumentó que “no podemos tener medias tintas. Puede generar suspicacias el hecho de que algunas sesiones no sean transmitidas”.

Sin embargo, en la cita del lunes Patricio Zapata informó que finalmente las sesiones no serán transmitidas, ya que averiguó que el servicio de emisión en vivo costaba muy caro —$ 2 millones por sesión—. Y no hay presupuesto. Por eso sólo subirán un audio, días después de cada sesión.

Dudas y sospechas

La sesión de lunes partía tensionada. El fin de semana RN, que encabeza Cristián Monckeberg, había amenazado con retirar su apoyo al proceso constituyente por considerarlo sobreideologizado. “¿Tres mil facilitadores postulados en dos días? ¿Qué me dice eso? Eso me dice que tenían todo arreglado, que tenían el conocimiento de las bases antes de socializarlas a la gente. Ya empezaron a hacer trampa”.

Temprano Patricio Zapata telefoneó a la directiva de RN para calmar las aguas —no encontró a Monckeberg, pero habló con Mario Desbordes—, insistiéndoles en la imparcialidad del consejo y en que ellos no quieren entrar en discusiones político partidarias.

La sesión de ese día estuvo dedicada de lleno a cómo el Servicio Civil selecciona a los 216 facilitadores territoriales que coordinarán los cabildos ciudadanos —así como los asesores legales y sistematizadores de contenidos que supervisarán dichos encuentros— y a todos sorprendió la cifra de 8 mil postulantes. Antes, observadores como Lucas Sierra habían cuestionado los requisitos discrecionales de la convocatoria como llamar a “personas con vasta experiencia en procesos de participación” y con “experiencia en trabajo con grupos vulnerables”. Los observadores no lograron imponer la prohibición de que los seleccionados sean militantes de partidos, pero sí que firmen una declaración jurada de que no serán candidatos municipales.

Para dar una señal de garantía, serán los propios observadores quienes en marzo viajarán a regiones para las entrevistas finales a los candidatos al puesto.

Decidieron no volver a sesionar en La Moneda. Durante los siguientes encuentros ni siquiera había café y galletas. “Volví a reclamar, esta vez con mucha menos liviandad y amenazando con dejarlo en acta, porque el hecho denotaba un desdén”, señaló Patricio Fernández.

Otro tema que genera controversia es el anuncio de la jornada de capacitación a los facilitadores que estará a cargo del Ministerio Secretaría General de Gobierno. El abogado de la Segpres Tomás Jordán y su equipo (Pamela Figueroa, Rodrigo Araya y Carolina Gómez) fueron invitados durante la sesión del lunes a exponer sobre este encuentro que se realizará el 1, 2 y 3 abril en el que los profesionales seleccionados serán recibidos por un ministro de Estado, escucharán charlas de distintos expertos y recibirán consejos para manejar audiencias, controlar las emociones y resolver conflictos, ya que en cada cabildo comunal participarán entre 200 y 400 personas.

Las dudas de los observadores constitucionales no se hicieron esperar: “¿Por qué decidieron ustedes que el proceso de capacitación lo lleve a cabo la Segpres y no una entidad universitaria, por ejemplo, que no reviste un carácter tan marcadamente político?”, preguntó el abogado Gastón Gómez. Según expuso en la sesión: “Todo proceso de capacitación debe eliminar cualquier sesgo que se interprete, aunque suene grotesco, como manipulación de conciencias”.

Otro comisionado, Hernán Larraín Matte, agregó que: “Para dar una señal de neutralidad, creo que los ministros del comité político no deben ser los que den la bienvenida a los facilitadores. También hay que elegir con cuidado el lugar donde se haga el encuentro”.

Para el comisionado José Miguel García Echavarri, dirigente gremial de La Araucanía, “al final el gobierno contrata a los facilitadores, el gobierno hace el libreto y el gobierno capacita. Esto no tiene presentación, yo me opongo al formato”.
Tomás Jordán explicó que el tema lo lidera Segpres porque el presupuesto para el proceso constitucional fue asignado a esa repartición y los facilitadores, que recibirán un sueldo total de $ 3,3 millones, serán en el papel empleados del ministerio. Pero que se buscará mantener la neutralidad y que se instruirá con claridad a los facilitadores que en ningún caso pueden opinar en los cabildos, sino que sólo conducir y organizar el diálogo de los asistentes.

Según declaró Zapata: “Si hay alguna chance de que estos facilitadores logren sobrevivir a un encuentro con ciudadanos reales en este invierno de este Chile de tanta sospecha, es que ellos sean vistos no como funcionarios de gobierno, sino como personas de amplia legitimidad. Y nosotros como consejo tenemos que ayudar a ese proceso”.

En el receso hubo una discusión a viva voz entre dos de los observadores, José Miguel García y el empresario Roberto Fantuzzi. “Hay que estar aquí de buena fe, porque de mala fe es mejor irse para la casa”, declaraba Fantuzzi, quien rechaza la crisis de confianza instalada en el país y que se replica en la comisión: “Me da rabia que se dude de todo lo que hace el otro. Ya se acabó el Chile donde basta darse la mano para llegar a un acuerdo, ahora todos desconfían”.

Ni café ni galletas

La primera sesión del consejo se realizó el 3 de diciembre en el palacio de La Moneda. Según relató Patricio Fernández en una editorial de The Clinic, “partió con un pie forzado que incomodó mucho. En nuestra primera sesión de trabajo, el gobierno nos presentó una campaña publicitaria y un constitucionario. Acordamos que no correspondía que saliera avalada por nosotros. Ese domingo al lanzamiento de la campaña, asistió el presidente Zapata y apenas un par de comisionados. Es unánime al día de hoy la convicción de los observadores que dicha campaña de educación cívica ha tenido bajísimo alcance”.

Decidieron no volver a sesionar en La Moneda. La semana siguiente lo hicieron en el GAM. Pese a que era hora de almuerzo sólo había café y galletas. Varios reclamaron. Durante los siguientes dos encuentros ni siquiera había café y galletas. “Volví a reclamar, esta vez con mucha menos liviandad y amenazando con dejarlo en acta, porque el hecho denotaba un desdén”, señaló Fernández, quien insistió en varias oportunidades que el decreto de ley que crea la comisión no los catalogara como una “comisión asesora presidencial”. No tuvo éxito.

En las sesiones siguientes en la U. Católica, la U. de Santiago y la U. de Chile, finalmente había jugos y sándwiches. Una pequeña victoria, pero que no refleja el escuálido presupuesto de trabajo que tiene la comisión. En febrero, Zapata conversó con el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, para pedirle más fondos. También habló con el titular de Interior, Jorge Burgos, para que éste enviara una carta ratificando el compromiso del gobierno con la independencia de la comisión.

La relación con La Moneda es un tira y afloja. Varios comisionados dicen sentirse presionados por la agenda impuesta por el gobierno, que tiene un apretado cronograma para que las bases ciudadanas que arrojaran los cabildos estén listas este año para que el próximo la Presidenta Bachelet pueda redactar un proyecto de nueva Constitución con el que despedirá su mandato.

Juanita Parra, la baterista de Los Jaivas, quien pidió disculpas a los comisionados por faltar a las primeras sesiones, pues se encontraba de gira, manifiesta en las actas una preocupación de fondo: “Estuve estas semanas en 16 conciertos a lo largo de Chile. Y en ninguna comuna tienen información de este proceso constitucional. Nadie sabe. Va a participar la gente que siempre está vinculada a la política, pero los chilenos todavía no son parte”.