En la Fiscalía Nacional siempre advirtieron que marzo sería un mes decisivo para el futuro de SQM.

Pero si el plan original era que comenzara el proceso de cierre paulatino de las causas de alto impacto político, luego de que se destapara el intercambio de correos que mantuvo Pablo Longueira con el ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, durante la tramitación de la ley del royalty, no ha pasado sino todo lo contrario.

Este martes el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien está a cargo del caso, confirmó que ambos personajes serán formalizados por delitos tributarios, cohecho y soborno, respectivamente. Se trata de las acusaciones más graves que se conocen hasta la fecha en el marco de las investigaciones de financiamiento irregular a la política, no sólo por los cargos que se imputan, sino porque podría abarcar no sólo el tiempo en que Longueira se desempeñó como senador de la UDI, sino también su periodo como ministro de Economía en el gobierno de Sebastián Piñera.

Si algo ha llamado la atención respecto a este caso es la rapidez con la que la Fiscalía reunió los antecedentes y solicitó la audiencia de formalización. En esto ha sido fundamental el rol del fiscal Gómez, considerado el brazo derecho del fiscal nacional  Jorge Abbott, quien asumió la responsabilidad de la investigación en noviembre, tras la salida de los fiscales Carlos Gajardo primero, Pablo Norambuena y finalmente de Emiliano Arias. Porque si bien las diligencias comenzaron en febrero, poco después de que Qué Pasa, The Clinic y Ciper publicaran varios de los correos que intercambiaron Longueira y Contesse, no fue hasta el 9 de marzo, cuando Gómez anunció que abriría una investigación distinta por cohecho separándola de la arista principal de SQM, que el caso tomó vuelo. Así, la judicialización de la investigación dejó de depender de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentara una querella.

De hecho, la primera acción judicial en contra de Longueira fue interpuesta solo 10 días más tarde, el 19 de marzo, por Mauricio Daza, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente y querellante de la arista principal de SQM y Penta.

En la querella de la entidad, que fue declarada admisible por el 8° Juzgado de Garantía de Juzgado, figuran como antecedentes los pagos que realizó SQM entre 2009 y 2014 a 22 personas, naturales y jurídicas, vinculadas al ex candidato presidencial –los que suman más de $ 730 millones según una auditoría que encargó la propia minera a la firma estadounidense Shearman & Sterling–, además de los correos que habría intercambiado por Patricio Contesse. Por último, según consigna El Mercurio, a esto se le agregarían dos contratos que firmó Longueira con SQM durante su periodo como ministro, los que fueron publicados ayer por Ciper Chile.

A la fecha, no hay una querella por parte del SII.

En las últimas tres semanas han declarado en calidad de testigo el senador Ricardo Lagos Weber, quien fue el redactor original de uno de los correos que Longueira reenvió a Contesse; los ex ministros de Hacienda y Segpres, Felipe Larraín y Cristián Larroulet, quienes firmaron la ley del royalty; y el mismo ex presidente Sebastián Piñera, quien compareció de manera voluntaria ante la Fiscalía. También han sido citados a declarar el ex ministro de Minería, Laurence Golborne; Camilo Escalona y Evelyn Matthei, miembros de la Comisión de Hacienda del Senado el año en que se tramitó la ley; y el ex presidente Eduardo Frei.

A su vez, Longueira autorizó que se abrieran sus cuentas bancarias, pero todavía no ha declarado ante la Fiscalía, pese a que ha sido citado a declarar en dos oportunidades, la última de ellas en calidad de imputado. Esto, porque en ambas ocasiones sus abogados pidieron posponer la citación con el objetivo de reunir más antecedentes.

Ya confirmado que Longueira será formalizado próximamente –la fecha todavía no ha sido definida por el tribunal–, desde la UDI han salido a criticar el actuar de la fiscalía, a la que acusan de falta de equidad. "El Ministerio Público no actúa con equidad, sino con especial dureza con la oposición mientras trata con guante blanco al oficialismo”, sostuvo Hernán Larraín, presidente de ese partido.

Para otros, sin embargo, la formalización del ex senador abriga la esperanza de que pronto también puedan ser formalizados otros de los involucrados en el caso SQM sobre los que el SII sigue sin pronunciarse, como Fulvio Rossi, Jorge Pizarro, Roberto León y Marco Enríquez Ominami. Esto porque, pese a que el fiscal nacional ha insistido en que es necesaria una querella del SII para perseverar en la judicialización de los casos, hoy Gómez insistió en que es posible concretar la acción judicial a partir de la querella que este organismo realizó en abril de 2015 “contra toda persona que resulte responsable”, es decir sin una querella nominativa del SII, tal como esperaba hacerlo el fiscal nacional.