—¿Por qué está sentado allá atrás?  Usted es el personaje principal de esta historia.
Las risas estallaron en la pequeña sala de audiencias del edificio A del Centro de Justicia. La jueza Emma Tapia, del Octavo Juzgado de Garantía, le pidió al abogado Benjamín Ríos, representante del Servicio de Impuestos Internos (SII), que se sentara en la primera fila, junto al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien lidera la causa SQM, y su acompañante la fiscal Carmen Gloria Segura. Por un problema de espacio —faltaba una silla— se había sentado en la segunda fila.

La broma de la jueza tenía asidero en la realidad. El SII jugaba hasta este miércoles un papel protagónico en las investigaciones por financiamiento irregular de campañas políticas, que desde fines de 2014 vienen golpeando sostenidamente al corazón del poder.

En la audiencia, Gómez formalizó al ex ministro de Economía de Patricio Aylwin, Carlos Ominami, por aportes de la minera no metálica a su campaña senatorial en 2009 por más 178 de millones de pesos, que fueron justificados con facturas por servicios que, según el Ministerio Público, no se prestaron.

Al término de la cita, Gómez sabía que los periodistas le harían preguntas, pero por otra cosa. La situación judicial del ex candidato presidencial, ex ministro de Sebastián Piñera y ex senador UDI, Pablo

Longueira, se había vuelto delicada: nuevos antecedentes revelados el lunes por Ciper apuntaban a profundizar las huellas de influencia del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, en el proyecto de royalty minero a través del entonces senador.

A los correos electrónicos donde ambos intercambiaban información y opiniones sobre el proyecto, publicados en febrero pasado, primero por Qué Pasa y luego por The Clinic Online, se sumaban nuevos e-mails que aportaban una dimensión más profunda. El ex ejecutivo de SQM había enviado un documento a Longueira el 5 de agosto de 2010, con una serie de consideraciones que más tarde aparecieron redactadas “prácticamente igual”, según Ciper, en el proyecto de ley ingresado por el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera el 31 de agosto de ese año.

El nuevo escenario abre una gran incertidumbre, sobre todo después de que el fiscal Pablo Gómez pidiera cinco meses más para investigar el caso SQM. La causa política más importante de los últimos años seguirá abierta a poco más de un mes de las municipales.

Altas fuentes de la Fiscalía indican que tales antecedentes figuraban en la carpeta de SQM por lo menos desde octubre de 2015, pero no fueron investigados sino a partir de mediados de enero pasado.

Las luces de alerta se encendieron en la Fiscalía y en la opinión pública.
Por primera vez había indicios mucho más concretos de que, más allá de los eventuales delitos tributarios por los que Pablo Longueira tendría que responder ante la justicia, luego que la propia empresa identificara aportes irregulares por más de $730 millones a través de una veintena de personas cercanas al ex UDI, se configuraba un nuevo escenario a partir de un eventual delito de cohecho.

La revelación de estos nuevos datos, contenidos en la carpeta de Gómez,se convirtió en una bomba de tiempo que dinamitó los planes originales del fiscal nacional Jorge Abbott: cerrar lo antes posible todas las aristas de los casos Penta y SQM.

Así, el caso Longueira echaba por tierra los objetivos trazados para su primer año de mandato: marzo sería el mes en que las causas de alto impacto vinculadas a la política comenzarían un proceso de cierre paulatino. Abbott quería evitar una “eternización” de los casos y que estos siguieran creciendo como una bola de nieve. Tanto Penta como SQM, al menos respecto de los imputados formalizados, entrarían en la decisiva etapa de búsqueda de acuerdos y salidas alternativas.
Asimismo, para el propio caso de Longueira, y el de otros, como Rodrigo Peñailillo, Fulvio Rossi y Marco Enríquez-Ominami, e incluso la situación de los hijos de Jorge Pizarro, entre varios más, se esperaba una decisión precisamente del SII de presentar o no las querellas con las que la Fiscalía tomaría una decisión.

Abbott ya había dado estas señales internas, que tenían un doble propósito. En primer lugar necesitaba despejar la agenda del Ministerio Público para comenzar a moldear su gestión hacia la persecución de los delitos contra la propiedad, buscando hacerse cargo de los problemas de seguridad pública, materia prioritaria para su conducción. En segundo término, el fiscal nacional estaba preocupado por el permanente estado de incertidumbre que planteaba mantener abiertas este tipo de investigaciones.

Quienes lo conocen saben que no es un fiscal “temerario”, que es conservador en la toma de decisiones, o excesivamente “republicano”. Estaba consciente, dicen en la Fiscalía, de que el avance de las legislaciones para combatir el financiamiento ilegal de campañas y mejorar la probidad de la actividad pública daba cuenta de una respuesta desde el mundo político. En su esquema original, consideraba innecesario mantener estas investigaciones abiertas hasta el infinito, menos si este año se asomaban las elecciones municipales, donde la política se someterá al escrutinio público. Pero, la aparición de la figura de posible cohecho modificó los planes y reorientó de golpe la investigación de las platas políticas.

Otra fiscalía

Fue en la audiencia de formalización del pasado miércoles que Pablo Gómez debutó como litigante en SQM. A su lado estaba Carmen Gloria Segura. Es la única fiscal que queda del equipo que nombró Sabas Chahuán para indagar los casos de financiamiento irregular de campañas: hoy están fuera del caso Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ambos de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, y Emiliano Arias, quien salió de la causa en enero pasado y volvió a su trabajo habitual en la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Gómez y Segura, en especial el primero, hoy representan no sólo el nuevo equipo, sino el estilo que Abbott quiere dar a su mandato en la Fiscalía Nacional. Gómez, a su vez, es considerado el brazo derecho del fiscal nacional: trabajaron juntos en Valparaíso cuando Abbott lideraba la Fiscalía regional.

La escena de sólo dos fiscales en la audiencia del miércoles revela, a su vez, no sólo el sello que Abbott comienza a mostrar, sino también una señal de cómo buscaba bajarle la temperatura al caso SQM, a excepción del alza que experimentaba por el factor Longueira. Si hasta hace unos meses frente al juez en primera línea cinco fiscales —que solían caminar juntos por la explanada del Centro de Justicia— se turnaban para hablar en la audiencia, esta vez había sólo dos.

Así, a poco más de un mes de su retorno después de haber sufrido un infarto, Abbott recién comienza a retomar la línea que quería imponer poco antes de su licencia médica, con Gómez en SQM y Manuel Guerra, jefe la Fiscalía Oriente, a cargo del caso Penta.

Esta semana, por ejemplo, Abbott comenzó con los primeros cambios de su mandato y a conformar su equipo definitivo, cuando nombró en un cargo estratégico a la fiscal del caso Corpesca, Ximena Chong, en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, haciendo un enroque con José Morales, quien también fue candidato a fiscal nacional, y ahora asumirá la Fiscalía Local de Santiago.
Abbott también concretó una designación clave al sumar a su equipo estrecho de colaboradores al fiscal del caso Caval, Luis Toledo, quien dejará la investigación que sigue en contra de la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, en Rancagua para trasladarse a trabajar a Santiago. Se trata de una decisión que se venía fraguando hace al menos un par de meses, y que demoró en materializarse, a la espera de que Toledo dejara avanzada la causa: a fines de enero fue formalizada Compagnon, su socio Mauricio Valero, el síndico de quiebras Herman Chadwick y el gestor inmobiliario Juan Díaz.

El plan del fiscal nacional es tener un equipo en el que pueda delegar. En ese grupo, un rol protagónico lo cumplirá la abogada Francisca Werth, la primera mujer en ocupar el cargo de directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional. Pese a que en el papel tiene un puesto gerencial y administrativo, Abbott la integrará a la toma de decisiones estratégicas, las que, incluso, podrían abarcar el área penal. Werth será la encargada de liderar la mayor tarea del mandato de Abbott: la implementación del Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, que implica en tres años la contratación de 577 funcionarios; de ellos 122 serán nuevos fiscales.

La cabeza de Abbott, dicen sus cercanos, está justamente en el fortalecimiento del organismo, y en mejorar las notas rojas que año tras año obtiene la Fiscalía en las encuestas por su rol en la investigación de los delitos contra la propiedad.
Su carta de navegación quedará despejada el próximo 22 de mayo, cuando tenga su primer encuentro con los fiscales regionales de todo el país.

Cuaderno separado

Hasta antes del miércoles, y conocidos los nuevos antecedentes sobre Longueira, Pablo Gómez se encargó de dar varias entrevistas en las que reivindicó su investigación y se dedicó a aclarar que desde mediados de enero había empezado a realizar diligencias específicas “en torno a la investigación de un delito de cohecho” en el caso de Longueira.

Pero apenas abandonó la sala de la jueza Emma Tapia, el fiscal entregó el dato clave: había decidido abrir una investigación distinta por cohecho, separándola de la arista principal del caso SQM, enfocada hasta ahora principalmente en los delitos tributarios.

La decisión abre la puerta a un solo camino: la opción de judicializar la investigación ya no depende de un organismo externo, como el SII.

Quizás en esta definición también contribuyó el propio director del organismo, Fernando Barraza, quien el fin de semana en El Mercurio envió una potente señal pública al decir que se tomaría todo el tiempo del mundo para profundizar los antecedentes aportados por la Fiscalía y tomar una decisión, mientras planteaba que “si las investigaciones por otros delitos no prosperan, no es responsabilidad del SII”, respecto a la presentación de querellas, acción necesaria para que Fiscalía avance en la judicialización de los casos por financiamiento ilegal.

El fiscal nacional necesita despejar la agenda del Ministerio Público para comenzar a moldear su gestión hacia la persecución de los delitos contra la propiedad, buscando hacerse cargo de los problemas de seguridad pública, materia prioritaria para su conducción, pues intentará mejorar la negativa imagen que hoy pesa sobre la institución.

Mientras tanto, la fuerza de los hechos y los antecedentes fue convenciendo a Gómez y al fiscal nacional de que ya no había vuelta atrás: según altas fuentes de la institución, las pesquisas sobre eventual cohecho no sólo apuntan al rol jugado por Longueira en su calidad de senador, sino también podrían abarcar sus actuaciones como ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera, y sus vínculos con otras empresas,e incluso sus huellas en otros proyectos de ley.

El nuevo escenario abre una gran incertidumbre, sobre todo después de que Gómez entregara otra señal en la audiencia del miércoles: pidió cinco meses más para investigar el caso SQM.
Es decir, la causa política más importante de los últimos años seguirá abierta, a poco más de un mes de las próximas municipales.

El ex senador renunció el miércoles a la UDI, apenas una pocas horas después de que Gómez anunciara que tenía un cuaderno separado con su nombre en la tapa. El caso Longueira recién comienza.