Esta mañana, el fiscal a cargo del caso Penta, Manuel Guerra, confirmó que la próxima semana pedirá la audiencia de formalización para Laurence Golborne por delitos tributarios cometidos en el marco de su campaña presidencial. Esto, luego de que el 8º Juzgado de Garantía decretara arresto domiciliario total para el empresario Tomás Carrasco, quien está siendo investigado por la arista de contratos forward de Penta, y por facilitar boletas falsas para la campaña del ex biministro de Minería y Energía.
De acuerdo a información entregada por el Ministerio Público, Carrasco habría emitido boletas falsas por más de $120 millones a través de sus dos sociedades, VSA y Anglo Outsourcing. Pero además, según lo que declaró ante la Fiscalía Oriente, habría emitido facturas a otras nueve empresas con el mismo objetivo.
“El beneficiario de los dineros fue el señor Golborne y tenemos antecedentes que participó en la obtención con lo que fue el trato de mucha de las empresas para lograr que estos dineros fluyeran a su campaña, por ende creemos que también hay participación de él y sin duda lo vamos a formalizar”, anunció Guerra.
Se trata del segundo ministro del gobierno de Sebastián Piñera –y el segundo candidato presidencial de la UDI– que será formalizado en el marco de las investigaciones por financiamiento irregular a la política que comenzaron a fines de 2014, cuando explotó el caso Penta. Ayer el fiscal Pablo Gómez, responsable del caso SQM, confirmó que su equipo ya solicitó la audiencia de formalización del ex ministro de Economía, Pablo Longueira, por delitos tributarios y posible cohecho, la que fue fijada para el 1 de junio a las 10.00 hrs.
La situación ha levantado una ola de críticas de parte de la oposición, quienes desde el comienzo de las investigaciones han acusado un trato desigual de parte del Ministerio Público hacia los imputados de Chile Vamos, en comparación a los del oficialismo.
“¿Qué es lo que falta para demostrar que no se está investigando con igualdad de trato? Sólo hay acciones judiciales para la Centro Derecha. No cabe duda que aquí hay ánimo de dañar”, sostuvo el senador Juan Antonio Coloma en radio Biobío.
Acusación similar a la que realizó el diputado Felipe Ward en Emol: “Hay un sesgo político en la Fiscalía, lamentablemente eso continúa. Y es evidente también que no se atreven a investigar las campañas ligadas a la Presidenta de la República".
Aunque en el Ministerio Público han defendido en todo momento la imparcialidad de la investigación, es un hecho que los casos de alto perfil que siguen pendientes corresponden en su mayoría a políticos de la Nueva Mayoría, o al menos ligados a la izquierda, como ocurre, por ejemplo, con los parlamentarios Roberto León (DC), Jorge Pizarro (DC), Fulvio Rossi (PS); el ex ministro Rodrigo Peñailillo (PPD) o el líder del Progresimo, Marco Enríquez Ominami. En todos estos casos aún está pendiente que se querelle el Servicio de Impuestos Internos (SII), paso que el fiscal nacional Jorge Abbott ha establecido como obligatorio para continuar con la judicialización de los delitos.
A esto se le suma que la causa en contra de Carlos Ominami, ex ministro de la Concertación y padre de Enríquez-Ominami, que era la más avanzada de este sector político, ayer sufrió un duro revés en el 8º Juzgado de Garantía, cuando el juez Daniel Aravena concluyó que el delito por el que se acusa a Ominami había prescrito dos meses antes de que se presentara la querella, por lo que quedó sobreseído. El futuro de la investigación ahora quedará en manos de la Corte de Apelaciones, instancia a la que recurrirán en conjunto el Ministerio Público y el SII esperando revertir la decisión.
