Si hace sólo una semana el equipo chileno ante la demanda en La Haya tomaba la ofensiva, sacando a relucir con fuerza una nueva estrategia comunicacional, siete días más tarde Bolivia volvió a ponerse en la delantera, esta vez con una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el uso de las aguas del río Silala, sacando a relucir una vieja disputa entre ambos países. Porque si bien el discurso por el día del mar del 23 de marzo pasado, donde el presidente Evo Morales anunció por primera vez la posibilidad de recurrir a organismos internacionales por este tema, fue mirado como algo sin importancia en Chile, la oficialización del anuncio durante el fin de semana encendió, de manera tardía, las alarma en el gobierno, al punto de que por primera vez podría ser Chile quien recurra a la corte de La Haya presentando una contrademanda, como lo confirmó esta mañana la propia presidenta Bachelet.

Así, con la demanda que busca una salida al mar en curso y con los últimos llamados al diálogo todavía frescos, las relaciones con Bolivia alcanzaron su peor momento en los últimos años.

El Silala es un curso fluvial ubicado en el departamento boliviano de Potosí, a cuatro kilómetros de la frontera con Chile, y sobre él existen dos interpretaciones que son el origen de la controversia: ¿Se trata de un manantial o un río?

Los bolivianos sostienen lo primero, que el Silala es un manantial, cuyas aguas han sido desviadas de manera artificial a Chile mediante canales construidos en 1908, con el permiso del gobierno Boliviano, por la Compañía de Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, una empresa de propiedad chilena-inglesa. La concesión, sin embargo, duraba solo 99 años y fue revocada en 1997 por el entonces presidente Hugo Banzer, por lo que, siguiendo esta lógica, Chile estaría haciendo uso ilegal de las aguas.

Chile, en cambio, sostiene que se trata de un río de aguas internacionales, que nace en Bolivia pero que fluye de manera natural a Chile, por lo que su uso es binacional. El principal argumento para defender esta postura es que así está demostrado en el mapa adjunto al tratado de 1904, que estableció las fronteras definitivas entre ambos países.

El conflicto, sin embargo, no tiene nada de nuevo. De hecho, fue parte integral de la agenda de 13 puntos que impulsó Michelle Bachelet en 2006, durante su primer gobierno.

Tras dos años de conversaciones bilaterales, a fines de 2009 ambos países parecían estar a punto de encontrar una solución para el uso de las aguas del Silala. Se concordó un preacuerdo que establecía que, con una vigencia de cuatro años, cada uno de los países podía hacer uso del 50% de los recursos hídricos disponibles, aunque ambos reconocían que hacía falta realizar más estudios técnicos para contar con datos actualizados sobre cuánta es el agua que fluye a Chile.

Es en este punto donde surge la actual controversia, pues el canciller boliviano aseguró que en aquella negociación, Chile estaba dispuesto a compensar a Bolivia por el uso del 50% del agua mientras se llevaban a cabo los análisis, momento en que el pago podría haber aumentado incluso al 100%.

Esto, temen algunos, podría abrir el espacio para que Bolivia argumente ante la CIJ el incumplimiento de promesas históricas, como ya han dejado entrever las declaraciones de las autoridades bolivianas. Justamente, la estrategia boliviana ante la demanda marítima se basa en el concepto de “derechos expectaticios”, según los cuales Chile habría efectuado una serie de promesas que le habrían creado expectativas a Bolivia de que conseguirían una salida soberana al mar.

No obstante, lo que es cierto es que el preacuerdo de 2009 no prosperó, puesto que Bolivia comenzó a reclamar el pago retroactivo del uso de las aguas, lo que ellos consideran una deuda histórica, pese a que este punto jamás fue abordado durante la negociación. Finalmente, fue Bolivia quien se retiró de las conversaciones luego de haber iniciado los procesos de consulta interna que exige su legislación, y no se llegó a firmar ningún tipo de convenio.

Las contradicciones de Heraldo Muñoz

Así como la demanda por una salida al océano Pacífico, la cuestión fluvial con Bolivia también es un conflicto de larga data. En 1962, por ejemplo, la disputa en torno al Lauca –un río que al revés del Silala nace en Chile y cruza a Bolivia, país que acusa el desvío y la disminución de su caudal– provocó la ruptura de relaciones diplomáticas, y en la dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería (Difrol) existe hace más de 20 años la Unidad Río Silala, encargada de reunir todas las evidencias sobre el carácter internacional de las aguas del río.

En círculos diplomáticos y parlamentarios llamó la atención la poca capacidad de reacción de la cancillería chilena ante las señales que venían dado Bolivia de que llevaría el tema Silala a La Haya.

Pese a que el canciller aseguró el fin de semana en el diario La Tercera de que se esperaba una demanda de este tipo y que llevaban mucho tiempo preparándose, lo cierto es que la semana pasada en el Ministerio de Relaciones Exteriores optaron por poner paños fríos a las amenazas emanadas desde La Paz, las que calificaron de “voladero de luces”, ya que según información recabada por esa cartera, la posibilidad de que Bolivia concretara la demanda estaba prácticamente descartada.

A esto se le suma el hecho de que desde hace varios meses había señales de una posible reactivación del asunto fluvial. En enero, Bolivia presentó una solicitud ante el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco pidiendo que realice una inspección en la zona fronteriza con Chile, luego de recibir una serie de denuncias por perforaciones ilegales en territorio nacional con que se estaría extrayendo agua para labores mineras.

Pacto de Bogotá

En Chile, en tanto, el anuncio de Morales revivió el debate respecto a la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá, el acuerdo internacional firmado en 1948 que obliga a resolver las disputas internacionales de manera pacífica por medio de la Corte Internacional de Justicia.

Las primeras crítica contra este tribunal –al que algunos sectores cuestionan por fallar de manera política y arbitraria– datan de 2014, tras el fallo de por el caso entre Chile y Perú, y se intensificaron el año pasado cuando la CIJ no acogió la objeción preliminar chilena, declarándose competente para revisar la demanda boliviana por un acceso al Océano Pacífico. Y aunque en los últimos meses parecía que la opción había quedado descartada, ahora volvió a resurgir con fuerza, y bajo el patrocinio de parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición.

La discusión cobra relevancia especial si se toma en cuenta que la disputa por el Lauca continúa pendiente, por lo que no es posible descartar su eventual judicialización.

Las señales del gobierno, no obstante, han ido en el sentido contrario de abandonar el pacto. En primer lugar, porque de hacerlo no sería posible presentar una contrademanda. "Uno de los antecedentes que se tomaron en consideración cuando debatimos con el canciller y con el subsecretario la posibilidad de denunciar el pacto de Bogotá fue que había que dejar abierta la vía para una eventual demanda o contrademanda a Bolivia", explicó a Qué Pasa el senador Francisco Chahuán (RN), presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Pero sobre todo, porque incluso si se optase por la salida, probablemente ya sería muy tarde para Chile: se debe esperar un año para que el retiro se haga efectivo, plazo en el que el país aun puede recibir ofensivas legales.

Por ello, cómo explicó el canciller, esto dejaría abierta la puerta para que Bolivia precipite otras demandas, tal como sucedió en el caso Colombia-Nicaragua, donde el gobierno de Juan Manuel Santos recibió dos nuevas demandas tras su retiro del pacto.

Por eso, ahora la energía se concentrará en la contrademanda, cuya estrategia –si es que se llega a concretar– estará centrada en la tesis de las permanentes hostilidades de Bolivia contra Chile, argumentando que el país altiplánico no ha agotado todas las instancias internas antes de acudir a organismos internacionales. Además, pedirá que se ratifique la condición del Silala como un río internacional y que se reconozca que Bolivia cambió su relato sobre este sólo recientemente, como dejan en evidencia, además del tratado de 1904, actas y minutas bilaterales, así como como un estudio aerofotogramétrico conjunto, realizado en 2001.

Mientras que en Bolivia ya comenzaron a mover sus primera fichas. El presidente Morales ya organizó una visita con la prensa al Silala, para demostrar que el origen de las aguas está en su país.