Todos los senadores ya están inscritos para alguna intervención. Incluso hay algunos que lo harán para cada uno de los artículos que se vayan votando en la Sala de la Cámara Alta cuando a partir de este mediodía se de inicio a la tan esperada votación del emblemático proyecto de reforma laboral, una de las principales promesas de cambios estructurales que se plasmaron en el programa presidencial. El debate en sala comenzará la mañana de este miércoles y está programado que dure hasta las 22 horas y continuará, en sesión especial, el jueves hasta el total despacho de la iniciativa.

Son varios artículos del proyecto que irán trabando el debate, pues por su redacción y contenido, que ha sido modificado varias veces al fragor de las negociaciones en los días previos, han ido despertando interpretaciones que desde los partidos y desde los expertos en legislación laboral, dejan dudas sobre el real alcance de la nueva normativa. Muchos estiman que la gran cantidad de cambios que ha sufrido la redacción del texto, que se hicieron incluso hasta última hora de ayer antes de su aprobación en la Comisión del Trabajo del Senado, ha dificultado el cabal entendimiento de gran parte de su articulado.

Acá los ejes que marcarán el debate:

 

Sindicatos interempresa:

Este artículo, el 363 del capítulo VII sobre las limitaciones al derecho a huelga, pretende establecer los requisitos para la negociación colectiva de un sindicato interempesa; es decir un sindicato que represente a más de una empresa de rubros distintos. El Ejecutivo en su proyecto, que busca establecer la obligatoriedad de este tipo de negociación para el empleador, estableció algunos requisitos mínimos para dicha obligación. Por ejemplo que el sindicato interempresa deberá contar con un total de afiliados establecidos en los quórum del artículo 227, que establece para una empresa de menos de 50 trabajadores que podrán construir sindicatos con 8 de ellos, siempre que representen el 45% del total de los trabajadores. En este tema el Ejecutivo también agregó otros requisitos para la obligatoriedad, referidos a que la negociación interempresa se deberá hacer en empresas de igual tamaño. Este punto fue aprobado en la comisión con los votos de los senadores oficialistas, Jaime Quintana (PPD), Carolina Goic (DC) y Juan Pablo Letelier (PS). Este último pidió en la sesión de ayer en reiteradas oportunidades al Ejecutivo que se aclarase la redacción con el fin de que se asegure que dicha normativa tiene el carácter de obligatorio, principio que el PS quiere proteger, a diferencia de algunos senadores DC, como Andrés Zaldivar, quien adelantó que de ser esta negociación obligatoria la votaría en contra.

En este mismo capítulo, sobre el artículo 364 hubo también serias discrepancias. Acá se establece que las comisiones negociadoras de los delegados sindicales de la negociación interempresa solo tendrán a un representante sindical oficial, mientras que el resto de los miembros de los otros sindicatos solo podrán acceder como asesores. El artículo fue aprobado, con los votos de la oposición, representados por el senador Andrés Allamand y Hernán Larraín, pero con el voto en contra de Letelier quien dijo para argumentar su rechazo que con este artículo no “quedaba claro el sentido del sindicato interempresa”, agregando que así se ponía en duda uno de los ejes de la reforma: la titularidad sindical.

 

Adecuaciones necesarias, derecho a huelga:

El capítulo VI será otro de los más discutidos, y se refiere a uno de los pilares de la reforma: el derecho a huelga efectiva. En su texto original el gobierno estableció de forma concreta que se prohibía el reemplazo de los trabajadores en huelga, ya sea este externo o interno. Esta redacción, luego de sendas presiones venidas especialmente de la Democracia Cristiana, representados para este efecto por el senador, Andrés Zaldívar, se debió moderar, con el fin de asegurar un mínimo el funcionamiento de la empresa en huelga. Así la última indicación del gobierno expresó que “la huelga no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella, ni la ejecución de las funciones convenidas en sus contratos de trabajo”. Esta redacción dio para amplias interpretaciones y mucho debate. Luego de una larga discusión en la comisión, el Ejecutivo, representados por la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, el ministro Segpres, Nicolás Eyzaguirre y el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicaron que el espíritu de esta normativa es impedir sí o sí el reemplazo interno. No se podrán hacer cambios de funciones ni de establecimientos (trasladar trabajadores de una sucursal a otra de la empresa), y sólo se remitirá a las funciones establecidas en los contratos de trabajo y que además tengan habitualidad en el desempeño de la tarea para la cual se le contrató. Lo que sí se podrán acomodar serán turnos y horas extras, que estén previamente acordadas en los contratos. Para algunos este último punto ya abre el espacio para el reemplazo interno.

Valdés explicó que finalmente se irá haciendo jurisprudencia sobre lo que los tribunales laborales califiquen como práctica desleal (es decir que haya reemplazo para afectar la huelga, y no para cumplir con, por ejemplo, servicios mínimos). El ministro de Hacienda remató su exposición aludiendo que al final de todo el “reemplazo ya estaba teniendo una carga innecesaria para este debate”, ante lo cual el prefirió decir que esta indicación a lo que apunta es a crear ciertas posibilidades al empleador para que se garantice que el no huelguista pueda desempeñar su trabajo. Eyzaguirre complementó que finalmente todo esto va depender del criterio y que los tribunales laborales terminarán sentando las bases de lo que se considere o no una práctica desleal.

Con todo este punto fue votado a favor, con el rechazo de la oposición, pero con el voto positivo del senador del PS, quien fue reiterativo en pedirle al Ejecutivo que esto no iba a significar un reemplazo interno, con el fin de que quedará plenamente registrado en las actas, para evitar así algún giro de última hora. Este punto, si bien fue un punto para Zaldívar y los hermanos Patricio e Ignacio Walker, quedó en duda respecto a las diversas interpretaciones que hoy se puedan mostrar en los discursos en la Sala. En el PS observan que tal como está, cumpliría con el principio de derecho a una huelga efectiva.

 

Subcontratistas

El Ejecutivo sobre la negociación colectiva de las empresas subcontratadas presentó una última indicación, respecto al artículo 306 del capítulo VIII de centrales sindicales, aprobada en la comisión, que también traerá un arduo debate. Se refiere a que “la negociación colectiva en una empresa contratista o subcontratista no afectará las facultades de administración de la empresa principal, la que podrá ejecutar directamente o a través de un tercero, la provisión de la obra o el servicio subcontratado que haya dejado de prestarse en caso de huelga”. Acá hay un férreo rechazo del mundo sindical y del PC- PS debido a que observan que se perjudicaría la fuerza de los sindicatos subcontratados, debido a que la empresa “madre”, podría seguir funcionando, al no ser ellos los que prevén de las condiciones laborales. Este tema, comenta un asesor laboral, es importante pues gran cantidad de empresas ocupan subcontratistas, lo que en la práctica será una herramienta muy ocupada.

Los otros temas conflictivos serán respecto a la extensión de beneficios que se no se otorga a los trabajadores no sindicalizados, punto que ya se anunció de parte de la oposición será motivo de requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), por considerar que se atenta contra el derecho a la libertad de afiliación. Así también, los senadores DC como Andrés Zaldívar insistirán en reponer una indicación declarada inadmisible en la comisión del Trabajo, respecto al concepto de huelga pacífica.

Con todo, se prevé un intenso debate que develará las falencias o aciertos de uno de los proyectos más esperados por el mundo sindical. El texto de ser aprobado, volvería en tercer trámite a la Cámara de Diputados, y de ahí, si no existe concordancia en los cambios hechos en el Senado, iría a Comisión Mixta, donde se discutirían sólo los artículos controversiales, y no el texto en general.