Tras una discusión maratónica de dos días, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que despenaliza la interrupción del aborto en tres causales. Con 67 votos a favor y 43 en contra en el caso de peligro de vida de la madre, 62 a favor y 46 en contra por inviabilidad del feto y 59 a favor y 47 en contra en caso de violación, el proyecto fue despachado al Senado.
Es la primera vez que un proyecto de este tipo logra pasar el primer trámite constitucional, y si bien logró sortear la primera prueba con un margen mucho más amplio del que se prevía, el debate que le espera en el Senado no será menos complejo. Esto, porque aunque en la Cámara Alta la mayoría el oficialismo mantiene la mayoría de representantes, esta es más holgada, y se prevé que varios de los senadores de la Democracia Cristina voten en contra, acogiéndose a la libertad de conciencia que ha defendido el partido.
Desde que se comenzó a legislar este proyecto en enero del año pasado, las diferencias que ha expresado la DC con el resto de los partidos de la Nueva Mayoría ha sido el gran dolor de cabeza del gobierno, sobre todo porque el tema era parte del programa. Los democratacristianos han reiterado en numerosas ocasiones estar en contra del aborto libre, por lo que durante los 14 meses que duró el debate legislativo se enfocaron en exigir garantías de que el proyecto no iba a ser la puerta de entrada para esto, especialmente por las causales de inviabilidad del feto y violación, las más complejas para el partido.
Así, luego de que el texto pasara por las comisiones de Salud, Constitución y Hacienda de la Cámara, la DC consiguió que se aprobara la objeción de conciencia para los médicos, la obligatoriedad de la denuncia en caso de violación y un proyecto de acompañamiento para las mujeres que se vean en la necesidad de interrumpir su embarazo.
"Evidentemente es inconstitucional y estamos redactando un requerimiento al TC, ya que contradice lo que pretende nuestra Carta Fundamental, confiamos en que las próximas instancias prime la sensatez", sostuvo el diputado de ese partido Arturo Squella.
La composición de esta instancia ya le jugó en contra al gobierno a fines del año pasado, cuando el tribunal declaró inconstitucional la ley corta