Un punto de quiebre. Así fueron tomadas las palabras del Fiscal Nacional Jorge Abbott, quien este medio día entregó la cuenta pública que por mandato legal debe hacer cada año la primera autoridad del Ministerio Público.

En su discurso, el primero que da en su rol de Fiscal Nacional, Abbott realizó una crítica a como está diseñado el sistema persecutor: duro en los delitos contra la propiedad y más laxo en los denominados ilícitos de “cuello y corbata”.

“Si la protección del correcto funcionamiento de los mercados, como de la política impositiva del Estado constituyen elementos fundamentales para que las personas puedan acceder tanto a beneficios sociales, producto de la situación de pobreza, como a la propiedad de bienes y servicios, no puede dejar de llamar la atención que la persecución penal de las conductas ilícitas en dicho contexto se encuentren gravemente restringidas y levemente sancionadas, a diferencia de lo que ocurre con los delitos contra la propiedad”, señaló en su discurso el Fiscal Nacional.

Abbott se refería, específicamente, a los delitos tributarios y de colusión en los que operan el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Fiscalía Nacional Económica a través de querellas y denuncias, las que sin éstas, la fiscalía no puede operar.

“El Ministerio Público, a diferencia de lo que ocurre de conformidad con las reglas generales del proceso penal, no puede iniciar investigaciones de oficio en este tipo de delincuencia, sino que ve supeditado su actuar a la interposición de querellas o denuncias de autoridades de la administración pública del Estado, acciones penales cuya presencia puede ser incoada u omitida según la apreciación discrecional de dichas autoridades”, explicó en su alocución en el ex Congreso Nacional a la que asistió la Presidenta Michelle Bachelet.

La idea, según señalaron conocedores de la interna de la Fiscalía, es marcar una inflexión o un punto de quiebre en torno a que el Ministerio Público no está en este denominado “juego del poder” en el que pareciera que la elite siempre se las arregla para zafar de la persecución penal. Por lo mismo, la idea, es abogar por una mejora legislativa que permita entregar más libertad al órgano persecutor para perseguir los delitos de “cuello blanco”.

El mismo Abbott realizó un análisis posterior a Qué Pasa sobre sus palabras en la cuenta pública. “Definitivamente nosotros creemos que hay una incoherencia de parte del Estado frente al reproche penal de cierto tipo de delitos que cometen ciertos sectores sociales que están más habilitados y que tienen un tratamiento bastante más privilegiado que el tratamiento que tienen los delitos que cometen las personas que tienen menos recursos y que tienen menos posibilidades dentro de la sociedad”, explicó.

Abbott se refirió en específico al tema de la libre competencia, cuyo último caso, el del papel confort, no pudo seguir siendo investigado por el Ministerio Público, ya que la Fiscalía Nacional Económica no dio acceso a información que mantuvo dentro del ámbito de la confidencialidad y no entregó el acceso: “En el tema de la libre competencia, una vez dictada la sentencia por el tribunal de libre competencia lo lógico sería que el Ministerio Público pudiera ejercer la acción penal. Y hoy día, como está quedando la norma en los términos que está siendo tramitada por el Congreso Nacional, el Fiscal Nacional Económico va a tener él la exclusividad de ejercer o no la acción penal”.

Sobre el tema de los “arreglos de la elite”, Abbott sostuvo: “Más que diferenciarse y estimar que están todos arreglados, esto es simplemente generar un sistema que asegure la igualdad de todos los ciudadanos cuando se cometen delitos sea cual sea el bien jurídico afectado. No puede ser posible que haya ciertos bienes jurídicos privilegiados que cundo afecten a cierto grupo de personas tenga un tratamiento distinto al del común de los mortales”.