El ministro del Interior Jorge Burgos estaba inquieto. Entraba y salía de la reunión del comité político que se realiza sagradamente todos los lunes en el salón Entre Patios de Palacio. El jefe de gabinete debía monitorear las últimas novedades en torno al temporal que azotó a la zona central de Chile este fin de semana. Así, en medio del intenso ajetreo de media mañana, Burgos tuvo algunos momentos para escuchar algunas críticas de los oficialistas presentes en la mesa de trabajo. Observaciones que apuntaban a que el Estado y el gobierno en este caso en particular también tenían algo de responsabilidad en el colapso del río Mapocho del domingo, debido a las obras que se están realizando en la Costanera Norte. El Estado, y en particular el Ministerio de Obras Públicas, deben ser más estrictos a la hora de regular los servicios que presta una concesionaria, dijeron los dirigentes en la cita. “Las autoridades no son comentaristas” expresó el presidente del Partido Radical (PR), Ernesto Velasco.
Además del radical, dicho emplazamiento también lo hicieron al interior de la reunión, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade y el presidente del PC, Guillermo Teillier. En medio del debate, Burgos- según uno de los presentes- reconoció “que se pudo haber hecho más” y que para ello ahora se inició un sumario interno con el fin de establecer si en este caso específico de las obras de la autopista hubo o no negligencia por parte de las autoridades fiscalizadoras del Estado.
Tesis que se distancia de la adoptada el domingo por las autoridades gubernamentales quienes enfáticamente apuntaban como única responsable a la empresa Costanera Norte. El mismo vocero de gobierno, Marcelo Díaz, expresó a la salida de la reunión que hay que esperar lo que se determine en el sumario: “Se van a realizar las indagaciones, y esperamos que en la empresa también, para efectos de que sepamos todos que es lo que pasó y sobre todo que responda quien tiene que responder y se adopten las medidas para que en el futuro no ocurra. Evidentemente, no basta sólo con que lo digamos nosotros, sobre eso tenemos claridad y convicción, sino que también que se realicen las investigaciones que el ministro de OO.PP. ha señalado”, dijo el secretario de Estado.
De este modo se pretende clarificar cómo actuaron los órganos fiscalizadores y si se agotaron o no todas las instancias destinadas para ello. En el gobierno han insistido en que el jueves el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, fue a revisar las obras, detectando la problemática. Claro que en su condición no era mucho lo que podía hacer, pues la labor de fiscalización no le corresponde a su cartera. De todos modos ese mismo día se le extendió a la empresa a través del Inspector Fiscal de Explotación un oficio en el cual se le expresó la preocupación por la acumulación de acopio que ante eventuales precipitaciones- como las ocurridas- podría causar peligro en los sectores aledaños.
Así, dentro del comité político se conversó en torno al rol que tiene el Estado como ente regulador y cómo se puede ser más estricto en el control. Velasco expresó su inquietud ante este tema: “Espero que haya un sumario administrativo que se dé a conocer públicamente y que el ente fiscalizador que tiene que cautelar que las empresas que están concesionadas y que tienen un bien público, no solo ellos respondan, sino que también el ente público, el ente fiscalizador que es el Estado y tiene que hacer su pega”, dijo.
En la misma línea el diputado Teiller dijo que el Estado tiene que tener un mayor control sobre las obras que realizan los privados: “En general respecto de la empresa privada se necesita tener más control por todo lo que hemos visto sobre la empresa, no solo por este caso. Afortunadamente estamos discutiendo la ley anti colusión y tendremos que ver otras que vayan perfeccionando el sistema para que no ocurra lo que sucedió en este caso”.
Con todo, en el comité se les explicó que la investigación en el MOP se llevará a cabo y que se les aclaró que sí se le advirtió a la empresa que había errores que debía enmendar, pero también se enfatizó que dentro de ese escenario se revisará si en el mismo MOP hubo o no negligencia fiscalizadora.
Undurraga al Congreso
Además del sumario, el senador Jaime Quintana informó que se citará a la Comisión de Obras Públicas al ministro Alberto Undurraga, además de los representantes de Costanera Norte. “Tiene que investigarse todo. Es prematuro ver si hubo errores de fiscalizaciones. Se tendrá que ver por el MOP y sus dependencias donde estuvieron los responsables, quién autorizó este canal para desviar las aguas del Mapocho. Quien visó esas obras. Aquí no caben los blindajes, lo que corresponde es ponerse en el lugar de los cientos o miles de ciudadanos que perdieron sus enseres y se vieron severamente afectados en términos sociales”, apuntó el parlamentario.
Undurraga aclaró tras una reunión de coordinación efectuada en horas de la tarde con la presidenta Michelle Bachelet que por ahora toda la responsabilidad recae en la empresa, pero que el sumario podrá determinar otras eventuales responsabilidades de funcionarios de su cartera: “Esta verificada la presencia de funcionarios en la obra y esa información está en el sumario. Naturalmente surge la pregunta qué les faltó por fiscalizar y eso lo determinará el sumario”, explicó. Así también reconoció que se está trabajando por brindar de más control estatal a las concesionarias mediante un proyecto de ley que está en el Parlamento que crea un órgano encargado de otorgas más facultades fiscalizadoras: “Hemos enviado al Congreso la creación de la dirección general de Concesiones para otorgar más herramientas al Estado para proyectos y fiscalización y análisis económico y eso corresponde a algo más sistémico. Ahora esta situación no es producto de un problema sistémico, sino de un error de una empresa”, dijo el secretario de Estado.
Además de la situación de Costanera Norte, se revisará en la comisión de OO.PP del Senado el problema vivido con Aguas Andinas, pues varios en el oficialismo apuntan a su responsabilidad por el corte de agua que afectó a más de 4 millones de personas este fin de semana en la capital. Dentro del comité político se expresaron algunas dudas en torno a los contratos y a las inversiones que la empresa ha hecho para amortiguar los efectos de una lluvia en sus diques contenedoras. Asunto que el gobierno también se habría comprometido a revisar.
