El Fiscal Regional Centro Norte, Andrés Montes, abrió una investigación por el eventual financiamiento irregular por parte de empresas brasileñas a la campaña presidencial de Marco Enríquez Ominami en 2013. Según explicaron desde el Ministerio Público, la indagatoria se inició a raíz de una denuncia planteada por un grupo de diputados de Renovación Nacional, en principio, al Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien investiga el denominado Caso SQM y sus diferentes aristas.
De acuerdo a lo señalado en la Fiscalía, a principios de abril los diputados, entre los que se cuentan Paulina Núñez, José Manuel Edwards, Gonzalo Fuenzalida y Felipe Ward, hicieron llegar al fiscal Gómez un oficio en el que señalaban: “La misma prensa ha dado a conocer vínculos entre las campañas de Marco Enríquez – Ominami y empresas involucradas en casos de corrupción y financiamiento irregular de campañas en Brasil. Asimismo y como tangente de lo anterior se han conocido los vínculos entre la campaña presidencial de la hoy Presidenta Michele Bachellet y el Partido de los Trabajadores de Brasil, también involucrados en dichos casos”.
Las sospechas sobre la línea de financiamiento brasileña de la campaña de ME-O partieron cuando La Tercera reveló el uso de un jet privado por parte del Enríquez Ominami en su última campaña presidencial. Según lo que se supo, el candidato usó la aeronave durante tres meses y el costo del uso habría corrido por parte de la constructora brasileña OAS, investigada en su país por corrupción ligada al oficialista Partido de los Trabajadores (PT), a cuyas filas pertenece la hoy complicada mandataria Dilma Rousseff, quien enfrenta un proceso de destitución por corrupción.
“Así mismo también hubo apoyo del Partido de los Trabajadores hacia la campaña de Michelle Bachelet. Es un hecho de conocimiento público que hubo contacto entre la constructora OAS y su campaña a través del ex Presidente Luis Ignacio Lula da Silva”, se explica en el texto que llegó hasta el fiscal Gómez.
Desde el Ministerio Público señalaron que el oficio fue reenviado por Gómez hasta el Fiscal Regional Centro Norte, Andrés Montes, ya que le correspondía a éste investigar por jurisdicción o “principio de ejecución” del posible delito en jerga técnica de tribunales. Este último interpretó el documento como una denuncia y, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, abrió la indagatoria.
Entre las primeras diligencias que podría realizar Montes estaría la elaboración de un requerimiento internacional a Brasil para solicitarle a la fiscalía de ese país información sobre eventuales aristas de financiamiento irregular hacia Chile.
Dentro de este caso también se podría investigar la visita relámpago (de un día) de la Presidenta brasileña el pasado 26 de febrero. Aunque, oficialmente se dijo que Dilma llegó a Chile para recomponer relaciones, distintos medios han deslizado la posibilidad de que la mandataria brasileña haya venido a realizar una especia de “control de daños” por eventuales implicancias en Chile de las empresas investigadas por corrupción en Brasil (Petrobras, OAS y Odebrecht).
