El gobierno no quiere pasar bochornos por el requerimiento que presentó la oposición ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de cuatro artículos de la recientemente aprobada reforma laboral. Por lo mismo, hace meses que los equipos jurídicos tanto del ministerio del Trabajo como de Hacienda están elaborando estudios respecto a la constitucionalidad de la ley que crea un nuevo régimen de relaciones laborales. Por ello, cada párrafo que se escribía del texto legal era mirado con lupa por los técnicos del gobierno, sabiendo que la derecha acudiría sí o sí al órgano regulador.
Así, hoy La Moneda terminó de armar su equipo de defensa contratando a cuatro abogados quienes serán los que participarán de los alegatos que se llevarán a cabo en las próximas semanas. Este selecto grupo de profesionales es encabezado por Carlos Eugenio Mackenney, quien fue ex presidente del Consejo de Defensa del Estado y es actual consejero del organismo. Además, se desempeñó como jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior entre el 2000 y 2003. La presidenta Michelle Bachelet designó también al abogado Javier Couso, quien en 2015 defendió a la Ministra de Salud, Carmen Castillo, en la acusación constitucional de que fue objeto. Al equipo también se sumó Francisco Tapia, quien es consultor de la Organización Internacional del Trabajo y Andrés Aylwin, doctor en derecho y ex asesor jurídico del Ministerio del Trabajo entre 1991 y 1995 y 2006 y 2008.
El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, informó que además de este grupo de abogados nombrados por la presidenta se sumarán abogados externos que colaborarán en la defensa: “Hay un equipo que está desde hace varios días analizando los requerimientos y preparando la defensa de la posición del gobierno” y detalló que la instancia “va a ser reforzada por abogados externos". El ministro agregó que “tenemos la convicción de que la Reforma Laboral no sólo es buena para Chile sino que además es constitucional plenamente”.
Este viernes el TC revisará la admisibilidad de los requerimientos presentados por la oposición- que en total fueron dos escritos enviados por separado- y que cuestionan la constitucionalidad en cuatro puntos del proyecto: obligatoriedad de la negociación interempresa: la extensión de beneficios: la titularidad sindical para la negociación colectiva; y el derecho a la información en torno a que el sindicato tendría acceso a las remuneraciones de cada uno de los trabajadores.
En la Moneda preocupa que se vuelva a repetir el escenario del año pasado respecto a los reparos que hizo el TC al considerar arbitrario el esquema por el cual se daría inicio a la gratuidad en educación superior. En ese entonces hubo varias voces de expertos, incluidos por ejemplo del abogado Mackenney, que advirtieron un complejo escenario. Esta vez el gobierno ha optado por tomar todas las precauciones posibles, aunque en el Ejecutivo están conscientes de que cualquier cosa puede pasar y bajo un escenario adverso aún no se tiene claro cuál podría ser el “plan B”, que podría ser el veto presidencial o la redacción de una nueva ley en los puntos objetados.
