Tras una reunión que duró varias horas y que sostuvieron esta tarde un grupo de senadores de la comisión de Constitución  con la ministra de Justicia, Javiera Blanco y el fiscal nacional, Jorge Abbott, en el Ex Congreso, se anunció que este martes al inicio de la sesión de la Cámara Alta se pedirá la unanimidad de los senadores para reabrir el debate sobre la indicación que endurecía las penas para quienes vulneren el secreto de las investigaciones del Ministerio Público.

El gobierno y los senadores arribaron a la cita con la idea de buscar una fórmula que permita morigerar el impacto de la indicación, que se aprobó hace dos semanas durante la discusión del proyecto de ley de agenda corta antidelincuencia, donde no hubo debate en particular sobre el punto, es decir, se aprobó sin abrir discusión entre los senadores.

El presidente de la comisión de Constitución, Pedro Araya, explicó que tras la reunión de hoy se arribó a una fórmula para precisar la normativa y evitar que las sanciones alcances a terceros vinculados a las investigaciones comos los periodistas y medios de comunicación, que fue lo que precisamente desató la polémica pública.

De hecho, precisa respecto de quiénes serán los sujetos obligados a guardar el secreto de las investigaciones.

“La idea es precisar aquellos sujetos que están obligados a guardar secreto o reserva en el caso de una investigación criminal, porque lo que nos interesa es que el Ministerio Público cuente con herramientas que le permitan, al final del día, esclarecer los delitos”, explicó esta tarde Araya.

“De esta manera se ha establecido que el fiscal pueda solicitar por una sola vez la ampliación de la investigación hasta por 40 días, respetando los derechos que tiene el imputado”, puntualizó Araya.

El senador detalló que la fórmula establece que estarán obligados a guardar secreto de la investigación tres categorías de sujetos: primero, los funcionarios públicos como el fiscal, el defensor público y las policías; un segundo grupo son los intervinientes, vale decir, el querellante, la víctima y el abogado particular; y un tercer grupo, aquellas personas que tienen que cumplir alguna resolución judicial ordenada por el Ministerio Público o por el tribunal.

Este martes la comisión deberá redactar el texto para presentarlo a la sala del Senado, donde se necesita la unanimidad para reabrir debate sobre un punto que ya se votó.