Luego de que este lunes la presidenta Michelle Bachelet promulgara las leyes de Fortalecimiento a la Democracia y Partidos Políticos, a fines de abril los partidos recibirán, por primera vez en la historia, aportes públicos para financiar sus actividades. Así, después meses de tramitación, al fin se pondrá en práctica una de las reformas centrales propuestas por la comisión Engel para combatir el financiamiento irregular de la política.
En total, son 14 los partidos que cumplen con los requisitos para recibir parte de los casi $ 6.000 millones que el Estado destinó para este propósito. A cambio, el gasto electoral permitido se redujo a la mitad, los partidos ya no podrán recibir aportes de personas jurídicas y estarán sometidos a normas mucho más estrictas de control y transparencia, arriesgando penas que van desde multas hasta la cárcel en caso de que las incumplan.
Se trata de cambios profundos que apuntan a modificar la estructura misma de las colectividades. Por ello, desde la UDI hasta el Partido Ecologista Verde, las directivas se vienen preparando desde hace varias semanas para enfrentar las nuevas exigencias.
Menos deudas y más sedes
A pesar de que las reglas de juego –y las penas para el que las rompe– son mucho más estrictas que antes, ningún partido va a contar con menos recursos que antes.
Si bien los montos que se manejan todavía no son definitivos, ya que aún falta que el Servel defina qué va a pasar con los votos de los candidatos independientes que se presentan dentro de una lista, dentro de los partidos tradicionales –que reciben financiamiento de los aportes basales, comunes para todos los partidos, y por tener representación en el Congreso–, en Renovación Nacional (RN), por ejemplo, estiman que va a recibir un monto cercano a los 985 millones de pesos, muy similar al presupuesto anual que el partido maneja habitualmente los años en que no hay elecciones. Lo mismo sucede en el Partido Radical, que va a recibir aproximadamente $ 330 millones.
En cambio la UDI, el PS y el PPD –que estiman van recibir aportes por $ 1.200, $ 800 y $ 790 millones respectivamente– van a contar con más recursos que los que tenían antes de que se aprobara la ley.
“Estamos bastante conformes con la normativa”, sostuvo a Qué Pasa Mario Desbordes, secretario general de RN. “Los montos que para la gente parece que fueran demasiado, la verdad es que si uno los desglosa y los divide por partido no son cantidades siderales”.
Lo mismo piensa Óscar Santelices, quien ocupa el mismo cargo en el PPD: “Ahora quedamos con un margen mayor para hacer gestión política”.
La Ley de Fortalecimiento a la Democracia establece de manera bastante amplia en qué se pueden gastar los recursos estatales, desde el funcionamiento del partido hasta la elaboración de políticas públicas. Pero en la práctica, si hubiese que resumirlo, de acuerdo a lo que respondieron los secretarios generales de las principales colectividades, la mayoría del dinero fiscal se va a destinar de manera transversal a tres ítems: arriendo de sedes, formación de militantes y pago de deudas.
“Vamos a seguir siendo igual de austeros”, sostuvo Pablo Velozo, secretario general del PS. En el socialismo no tienen considerado realizar gastos nuevos, salvo el pago de algunas deudas que tienen pendientes. También están evaluando si comprar una sede en regiones.
En la vereda contraria la situación es parecida. “La UDI tiene deudas muy grandes y lo primero que vamos a hacer cuando recibamos la plata va a ser ordenar las finanzas del partido. No vamos a poder innovar mucho más que eso”, confiesa Guillermo Ramírez, secretario general del gremialismo.
No obstante, gracias al financiamiento público, en la Unión Demócrata Independiente van a poder redestinar los aportes de los militantes, los que solían ser la principal fuente para costear los gastos administrativos del día a día. Así, las cotizaciones se van a quedar en sus regiones de origen, como medida para fomentar el desarrollo fuera de la región metropolitana.
Precisamente, la descentralización va a ser uno de los principales focos que se va a buscar potenciar con los nuevos recursos. En RN, por ejemplo, esperan poder volver a realizar un gasto que tuvieron que recortar hace unos años: contar con sedes en cada una de las cabeceras regionales, lo que implica gastos de arriendo, secretaria, teléfono e internet, entre otros.
De manera similar, el Partido Humanista pretende destinar parte del dinero que les toca en el arriendo de locales abiertos a la comunidad, ubicados en distintas regiones. “Nos interesa el contacto directo con la gente, de modo de generar ámbitos de encuentro”, dijo a Qué Pasa su secretario general, Efrén Osorio.
En el PPD, en cambio, esperan potenciar la Fundación Por la Democracia, la institución sin fines de lucro perteneciente al partido que funciona como su centro de pensamiento. “Las fundaciones juegan un papel importante, porque hay que tener ideas y propuestas de lo que uno está viendo en distintas materias y en distintos temas”, expresó Óscar Santelices.
Los radicales, por su parte, no tienen contemplado realizar ningún gasto nuevo, pero van a concentrarse en el apoyo electoral a sus candidatos y a la capacitación de militantes. En este sentido, reconocen que Internet es una herramienta fundamental. “La página web nos permite hoy día tener un canal de comunicación con la ciudadanía y nuestra idea es generar mecanismos que tiendan a comunicar también a los no-militantes, para que puedan conocer mejor en qué se están manejando los recursos”, indicó Osvaldo Correa.
De hecho, este punto es una de las exigencias de transparencia de la nueva ley. Todos los partidos tendrán que mantener actualizados sus sitios en Internet, de tal forma que sea posible acceder al detalle de cómo se gastan los recursos públicos y a las declaraciones de intereses y patrimonio de los miembros de sus directivas.
En este momento, la mayoría de los partidos está en proceso de búsqueda de un administrador general. Esta nueva figura que hay que incorporar por obligación legal debe ser un profesional que haya estudiado una carrera de mínimo ocho semestres, para que se haga cargo de manejar el tema financiero, y que además tendrá responsabilidad penal en la gestión, por lo que debe conocer las particularidades de todo el sistema.
En este sentido, varios secretarios coinciden en que el aporte más importante de estas leyes será la profesionalización de la política.
"Vamos a tener que ir avanzando en una cuestión necesaria, que es profesionalizar nuestro accionar. Probablemente vamos a tener que llevar más profesionales a la gestión diaria del partido, y hacer algunos cambios de perfil”, comentó Velozo, del PS, a Qué Pasa.
Una reflexión similar a la de su par en el PPD. "Antes de la ley teníamos que estar participando en todo, porque siempre hacemos cursos de formación y elaboramos propuestas, pero ahora esto no va a permitir contar con profesionales que puedan dedicarse por completo", afirmó Santelices.
La misma postura tiene Ramírez en la UDI: “Se van a necesitar más personas que no sean políticas, sino que sean buenos administradores y que hagan un trabajo de más largo aliento para profesionalizar la actividad. Si todos los partidos profesionalizan la actividad, va a mejorar mucho la calidad de la política”.
La oposición de los emergentes
El entusiasmo ante la primera remesa, sin embargo, no lo comparten todos, ya que el caso de los partidos emergentes, es muy diferente. A diferencia de los partidos tradicionales, ellos sólo reciben dinero por aportes basales, proporción que corresponde al 20% del total, dividido por el número de partidos y la cantidad de regiones en que están constituidos. Por eso, si bien la Ley de Fortalecimiento de la Democracia les va a permitir contar con recursos que de otra forma no hubiesen obtenido –partidos como el PRO, el PRI, el Partido Humanista o el Partido Ecologista Verde se financiaban sólo con las cotizaciones de sus militantes–, los nuevos gastos obligatorios que establece la ley se asoman como una pesada carga.
Por ejemplo, el Partido Humanista va a recibir aproximadamente 90 millones, pero calcula que entre un 20% y un 30% de ese monto lo van a tener que utilizar para pagar la auditoría anual que exige la nueva normativa, la que tiene que ser hecha por una empresa reconocida por la Superintendencia de Valores y Seguros, y el sueldo del Administrador General.
En el caso del Partido Ecologista Verde el gasto en los ítems obligatorios es incluso más drástico: entre la auditoria y el 10% de los recursos que deben ser destinados para la capacitación de mujeres se agotan la mitad de los recursos. El resto lo tendrán que destinar a los gastos del día a día y al refichaje de los militantes en cada región, exigencia de la nueva ley de Partidos Políticos.
“Los partidos emergentes pasamos de tener nada a tener un aporte básico para cubrir gastos administrativos, aunque sea muy poco. Aún así, nos parecía más equitativa la fórmula de la comisión Engel, donde no existía esta discriminación arbitraria entre partidos con o sin representación parlamentaria”, manifestó Javier Guerrero, secretario general del ecologismo.
La reinscripción de militantes es una de las principales preocupaciones del PRI, que sólo recibirá cerca de $ 20 millones al año. “El PRI volvió a ser legalmente constituido en marzo de 2015. La norma del refichaje nos puede perjudicar si es que nos exigen someternos al mismo régimen que los partidos tradicionales”, teme Eduardo Salas, secretario general del partido.
La crítica más dura, sin embargo, proviene del PRO. “Me parece una burla, es tomarle el pelo a la democracia, a la ciudadanía, decir que ahora vamos a financiar la política cuando en realidad lo que estamos viendo es que los partidos del duopolio se están llevando toda la torta. Es como que la plata de la ANFP se repartiera entre el Colo Colo y la Católica”, manifestó a Qué Pasa Patricia Morales, presidenta del progresismo. Su partido va a recibir cerca de 110 millones.
Por eso, su propuesta –que aún tiene que ser ratificada por las bases del PRO– es evaluar si existe algún resquicio legal que les permita destinar los fondos estatales a programas de apoyo a la infancia o de otra índole social.
Los partidos tradicionales han desestimado estas críticas. “El tema de los aportes tiene que ver con el financiamiento de la democracia, no con los requisitos para formar partidos políticos, que es otra cosa”, aclaró Osvaldo Correa, del Partido Radical. “Se generó la facilidad para formar partidos, pero entendemos que estos partidos, en un proceso normal, tienen que tender a consolidar su institucionalidad”.
"Él (Marco Enríquez-Ominami) está engañando a la gente cuando pretende que esto es perpetuar el binominal. La gente en la elección anterior en definitiva uno podría decir que decidió cuánto va a obtener hoy día de financiamiento. Si le hubiera ido mejor tendría más financiamiento”, añade Mario Desbordes, de RN.
