A mediados de 1989, en plena campaña presidencial, tras un “puerta a puerta” en la población La Victoria, el candidato Patricio Aylwin fue invitado a entrar a la capilla donde cinco años antes había sido asesinado el padre André Jarlan, durante una manifestación contra Augusto Pinochet. Enrique Krauss —quien lo acompañaba— recuerda que lo invitaron a firmar un libro de visitas. “Don Patricio escribió que todo el esfuerzo que estábamos realizando era para que existiera libertad en Chile. Después de escribir, se detuvo un segundo, reflexionó un rato, tomó el lápiz de nuevo y borró con fuerza la palabra ‘libertad’ y la cambió por ‘justicia’”.

Según Krauss —quien luego fue el jefe de su gabinete—, “justicia” fue el verbo rector de su mandato y, por las circunstancias en que se desarrolló el proceso de recuperación de la democracia, y por la formación intelectual de Aylwin (era hijo de un estricto juez que llegó a ser presidente de la Corte Suprema), todo ese proceso tenía que ser ajustado a derecho. “Históricamente, todo lo que nos había ocurrido era producto del quebrantamiento del Estado de derecho y eso es lo que había que recuperar”, señala su ex colaborador.

Para varios de los protagonistas de este periodo, la necesidad de justicia fue un denominador común que permitió recomponer las confianzas entre las fuerzas políticas, que se miraban con recelo. Y fue, a la postre, lo que permitió la reunificación de los ánimos para dar paso hacia la Concertación de Partidos por la Democracia.

En la última entrevista que Aylwin concedió al ex ministro Sergio Bitar y al académico Abe Lowenthal en 2012, en el libro recientemente publicado Transiciones democráticas: Enseñanzas de líderes políticos, habla de la importancia del tema de los derechos humanos en plena dictadura como factor de unión.

En la última entrevista que Aylwin concedió a Sergio Bitar para un libro en 2012, señala que “el tema de los derechos humanos unió a las personas en el gobierno de Pinochet – más allá de sus diferencias ideológicas– en la defensa de la dignidad humana”.

“El tema de los derechos humanos unió a las personas —más allá de sus diferencias ideológicas— en la defensa de la dignidad humana. Aquellos que trabajábamos como abogados de derechos humanos éramos democratacristianos, radicales, liberales y comunistas y nos podíamos encontrar defendiendo causas en las cortes. Yo las defendí en varias ocasiones, cuando Jaime Castillo (ex ministro de Justicia y reconocido líder de la Democracia Cristiana) fue exiliado, y también a amigos socialistas que habían sido expulsados del país. Hubo una ocasión, no me acuerdo del caso, en que la sala de audiencias era pequeña y la Corte Suprema autorizó poner altavoces afuera, uno podía escuchar los argumentos en los pasillos de la corte. Y se perdieron casi todos los juicios”.

Para muchos la muerte del ex presidente Aylwin es sólo el comienzo de un debate sobre el futuro de Chile: el legado del primer presidente de la transición tiene que ver con la búsqueda de la verdad y justicia, aunque fuera con ciertos matices.

“Justicia en la medida de lo posible”, fue el concepto que escucharon 80 mil personas en ese abarrotado Estadio Nacional el 12 de marzo de 1990, cuando Aylwin llevaba poco más de 24 horas con la banda presidencial y que luego refrendó en su primer 21 de mayo frente al Congreso Pleno.

El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que recibió el 8 de febrero de 1991 de manos del jurista Raúl Rettig, se convirtió en una de las piezas más potentes de este legado. El discurso del 4 de marzo siguiente, después de refugiarse a leer en silencio y reserva las dos mil páginas del informe, donde pide perdón a los familiares de las víctimas de violencia, fue su sello.

Pero, ¿qué significa hoy la frase “en la medida de lo posible”?

“Es el debate que Chile va a tener a propósito de la muerte de Aylwin. Es la discusión de futuro y yo creo que le puede hacer muy bien a la política actual”, dice Jorge Correa Sutil, a la sazón, secretario de la Comisión Rettig y protagonista de esta historia.

En busca de la verdad

Habían pasado varios días de marzo de 1990 y los primeros funcionarios del gobierno se acomodaban tímidamente en los amplios despachos de La Moneda. El reducido número de colaboradores de Aylwin en sus primeros días de mandato, permitía que varias de esas oficinas estuvieran vacías, sólo ocupadas por el escaso mobiliario heredado de la dictadura. Por esos días, el flamante mandatario tenía una costumbre: para resguardar la reserva de algunas de sus reuniones, utilizaba esos despachos, todavía sin dueño. A uno de esos fue convocado por esos días el entonces presidente del PS, Jorge Arrate.

“El presidente me convocó a La Moneda para plantearme que era necesario tomar posición en materia de derechos humanos como gobierno y pedía una opinión de la dirección del PS. No en ese momento, sino una opinión más elaborada. Su preocupación, de todas maneras, era inmediata”, dice Arrate a Qué Pasa, recordando que se sorprendió por lo decidido que vio al ex mandatario.

Todos los registros de la época confirman esta última afirmación. Para Aylwin era un tema prioritario, pese a que iniciaba un gobierno de transición a la democracia con Augusto Pinochet respirándole “en la oreja”.

Esa conversación con Arrate buscaba cerrar una decisión que, aunque personal, debía convertirse en colectiva. Desde el verano, ya con el semblante de presidente electo, en conversaciones con amigos y colaboradores, venía planteando el mismo tema y pidiendo consejo. Por ese entonces escuchó a dos personas que influyeron decisivamente en los pasos que daría: su hermano Andrés y Pamela Pereira, ambos abogados de derechos humanos.

“En la época en que recién habíamos salido de la dictadura, me tocó la responsabilidad de tener bastante relación con don Patricio para decidir el camino que iba a tomar el gobierno en esta materia”, dice Pereira. “Desde el punto de vista de las familias, siempre tuvimos una posición única de que esto tenía que ir a los tribunales de justicia, investigarse y buscar las sanciones penales”.

Aylwin concibió que, antes de la justicia, había que establecer la verdad.

Si bien se trataba de un compromiso de campaña en el programa de la naciente coalición, para Aylwin estaba empeñada su palabra. Así se lo dijo a la revista Apsi, en su edición del 17 al 31 de enero de 1990, en una entrevista donde se le describe como “relajado” pese a las tensiones del momento previo a asumir el mando.

“Pinochet es el signo del régimen que el país ha repudiado”, dice el título de la entrevista, en la que anticipaba que iba a cumplir sus promesas en materia de derechos humanos.

“Esto no es una cosa para decirla en vísperas de elecciones y no hacerla. Nada de lo que dije durante la campaña lo dije para sacar votos. Todo lo dije, grato, e ingrato, porque también dije cosas que eran impopulares, lo planteé porque creo que corresponde a lo que hay que hacer. En definitiva, sigo creyendo que en este país debe haber verdad y justicia”, señaló el entonces presidente electo al periodista Jorge Andrés Richards.

Apego a la ley

Aylwin sabía que navegaba sobre aguas turbulentas y debía ser cauto para no alentar una reacción airada de Pinochet, el comandante en jefe del Ejército. Pero no sólo eso. Quienes compartieron con él son categóricos: en cualquier decisión que tomara Aylwin, se apegaría al contexto estrictamente jurídico. En eso no claudicaba. Sus años de profesor de educación cívica en el Instituto Nacional y su larga tradición de docencia en la Universidad de Chile, donde se especializó en el Derecho Administrativo, pesaban.

Historiadores y personajes de la época le reconocen a Aylwin su capacidad para imponer el respeto a la institucionalidad y a las reglas del juego vigentes: esa fue su principal herramienta, combatir la dictadura con sus propias reglas.

“Cuando Aylwin dice ‘en la medida de lo posible’ en el acto inaugural en el Estadio Nacional, frase que le han cuestionado mucho, su referente era en la medida que la ley lo permita, la ley que nos entregó el gobierno militar y que estaba vigente”, explica Krauss.

Correa Sutil refuerza esta idea: “Arriesgar la institucionalidad era poner un plato servido a Pinochet. Desde la misma noche del plebiscito nos tuvimos que transformar en grandes defensores de esa institucionalidad y en personas que ambicionábamos modificarla, pero desde sus propias reglas. No era posible poner en riesgo aquello, porque se ponía en riesgo la transición a la democracia y la posibilidad de tener democracia. Él eso lo entendía muy bien. Pero, al mismo tiempo, tenía ese compromiso moral muy profundo. Por lo tanto, con mucha sabiduría y con muy buena muñeca política, avanzó lo que en esa época era inimaginable”.

En la citada entrevista de Bitar a Aylwin, el propio ex mandatario relata la forma en que se fue delineando la comisión, demostrando un estilo de liderazgo personalista y muy presente: ejecutaba directamente las tareas, sin intermediarios y era extremadamente detallista.

“Lo de la Comisión Rettig fue una obra absolutamente de Aylwin, con los consejos de Pancho Cumplido; fue una genialidad. Porque, después de eso, él dijo, y lo comentábamos con los ministros políticos, ‘los derechos humanos hay que sacarlos de la arena política’”, recuerda Boeninger en una posterior entrevista reproducida en el libro “La igual libertad de Edgardo Boeninger”, de Margarita Serrano.

“Llamé a las personas, una por una, que a mi juicio gozaban de prestigio y representaban distintos puntos de vista, en un intento por asegurar que la comisión tuviera legitimidad. Estaba liderada por Raúl Rettig, un reconocido jurista, un gran líder del Partido Radical. Él y yo habíamos sido muy cercanos; había sido un miembro del Grupo de los 24. Destacaba porque era igualmente respetado en la derecha como en la izquierda”, relata. Y continúa: “Me acuerdo que yo estaba muy interesado en persuadir a un venerable líder de los conservadores chilenos, Francisco Bulnes, para que fuera parte de la comisión, porque era ampliamente respetado en la derecha tradicional. Incluso fui a su casa a pedírselo, pero me dijo que no. Fue muy difícil encontrar gente en la derecha que aceptara. Finalmente, el historiador Gonzalo Vial aceptó; había sido ministro de Educación de Pinochet. También involucramos figuras del mundo de los derechos humanos, como José Zalaquett. Todos eran ampliamente respetados”, recuerda entonces el ex presidente.

Correa Sutil reafirma este estilo de Aylwin, con quien ya había colaborado en el Grupo de los 24, del que había sido secretario. El ex subsecretario del Interior cuenta que el ex mandatario lo llamó a su teléfono y lo citó personalmente a La Moneda. Una vez en su despacho le extendió una copia del borrador del decreto que creaba la comisión, donde estaba en blanco el nombre del secretario. “Me dijo:‘Yo quisiera, como usted puede imaginar, poner su nombre ahí’”, dice Correa Sutil, quien lo recuerda tan detallista que incluso se había preocupado de llamar al entonces rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Manuel Montt, para asegurarse, que tras el término del trabajo de la comisión, Correa Sutil tuviera posibilidades de volver a ejercer la docencia, que se vería interrumpida por la convocatoria presidencial.

El 25 de abril de 1990, Aylwin anunciaba la creación de Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

“Cerrar los ojos ante lo ocurrido e ignorarlo, como si nada hubiera pasado, sería prolongar indefinidamente una fuente constante de dolor, de divisiones, odios y violencia en el seno de nuestra sociedad. Sólo el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia pueden crear el clima moral indispensable para la reconciliación y la paz”, dijo el ex gobernante al presentar a la comisión.

El sociólogo Eugenio Tironi, director de Comunicaciones del gobierno de Aylwin, asegura que la creación de la Comisión Rettig fue una decisión “totalmente personal”. “Él manejó todo el tema de los derechos humanos en forma muy íntima y autónoma, sólo con la asesoría de Francisco Cumplido, que era el ministro de Justicia. Esto no pasó por el cedazo de los asesores, estrategas o comunicólogos”, dice Tironi, quien recuerda que el único espacio donde pudo influir fue en el diseño de los actos de constitución y entrega del informe, donde la solemnidad fue debidamente estudiada y aplicada.

Tironi, al igual que los ministros del comité político, Edgardo Boeninger (Segpres) y Enrique Correa (Segegob), no estaba del todo convencido de que había que iniciar el gobierno con una decisión tan riesgosa.

Así lo grafica el propio Boeninger en una posterior entrevista reproducida en el libro La igual libertad de Edgardo Boeninger, de Margarita Serrano, en la que mira con perspectiva la decisión del ex mandatario.

“Lo de la Comisión Rettig fue una obra absolutamente de Aylwin, con los consejos de Pancho Cumplido, su ministro de Justicia; fue una genialidad”, decía el ex ministro de la Segpres. “Porque después de eso, él dijo, y lo comentábamos con los ministros políticos, ‘los derechos humanos hay que sacarlos de la arena política’”

Cándido pero prudente

En la entrevista del ex ministro Bitar a Aylwin, el ex presidente recuerda la altísima tensión que provocó el anuncio en Pinochet, quien reaccionó airadamente, y le pidió varias audiencias, que le fueron negadas. Incluso, Aylwin ordenó a Patricio Rojas que recibiera al entonces comandante en jefe, pero este se negó, considerando un agravio que la primera autoridad no lo recibiera en Palacio. Tras varias semanas, Aylwin accedió a reunirse con su antecesor, en un encuentro marcado por la tensión. “Cuando convocamos a la Comisión de Verdad y Reconciliación para investigar las desapariciones de personas durante la dictadura, Pinochet me dijo ‘¿Por qué hace esto, señor presidente? Es como cuando la paz reina nuevamente en una familia, pero alguien reclama la herencia y todos se pelean’. Yo le respondí: ‘Vamos a hacerlo’; y después, cuando el informe fue publicado, hubo considerable tensión. Ellos convocaron al Consejo Nacional de Seguridad, pero no lograron más que eso”, dijo el ex mandatario.

Los entrevistadores luego le preguntan a Aylwin:“¿Cómo tomó la decisión de crear la Comisión de Verdad y Reconciliación? ¿Qué reacción esperaba de los militares?”.

“Fue fundamentalmente mi iniciativa”, responde Aylwin. “Pensé que era necesario, pero primero tenía que convencer a mis asesores. Ni Edgardo Boeninger ni Enrique Correa, mis principales asesores políticos, pensaron que fuera una buena decisión, pero yo estaba convencido que era la manera de abrir puertas. Si uno quería que los militares abrieran una solución. Tuve que ser tan cándido como prudente, por eso usé la frase de buscar ‘justicia en la medida de lo posible’ —por la que he sido muy criticado— reflejando un grado de prudencia, porque si la justicia iba a ser total, eso significaba llevar a tribunales a Pinochet y toda su gente, e iba a desatar una guerra civil. ‘En la medida de lo posible’ era un camino viable porque habría juicios, pero no una decapitación, no acciones agresivas contra aquellos que continuaban teniendo el poder de las armas”.

“Pinochet dijo que iba a estar alerta, que ninguno de sus hombres podía ser tocado”, agrega el ex presidente. “Pero el informe de la comisión tuvo un impacto enorme, porque había muchos que todavía no creían que hubo violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. El informe de la comisión fue como una confirmación oficial. Y después vinieron otros pasos y tuvimos ganancias concretas en verdad y justicia que llegaron más allá que en la mayoría de las transiciones”.

Entre el perdón y el punto final

Krauss recuerda que, durante su gobierno, todos los domingos en la tarde, Aylwin citaba a sus ministros políticos a su casa para analizar cómo venía la semana. La calurosa tarde del domingo 3 de marzo, tras un periodo de vacaciones, Aylwin convocó a su casa a Krauss, Boeninger, Correa, Cumplido y Patricio Rojas (Defensa), a quienes leyó el discurso —escrito de puño y letra— que tres días después leería ante el país al hacer públicas las conclusiones del emblemático documento. Hubo un silencio total en el pequeño living de la casa de Providencia. “En el momento en que pide perdón, don Patricio, entre nosotros, se emocionó y yo, que soy llorón, también me emocioné, porque era un gesto de reconocimiento por la primera autoridad del país, respecto a la herida que lamentablemente todavía existe”, recuerda Krauss.

Ese lunes 4 de marzo de 1991, el presidente Aylwin entregó los resultados de la comisión, los que había reflexionado en silencio casi un mes entero. Ahora estaba frente al país dando a conocer seis tomos con los casos de 2.279 víctimas de la violencia de la dictadura.

Pese a esto, el “perdón” de Aylwin resultó contradictorio para muchos. Para sus asesores políticos, una señal de debilidad. Para las víctimas, un reconocimiento personal, quizás innecesario. “En esa época no se usaba que se pidiera perdón. No se usaba, menos, el perdón de Estado”, recuerda Jorge Arrate. “Aylwin asumió la representación de la nación, no le preguntó a nadie, es lo que él sintió que le correspondió hacer como presidente y en esa condición decir, a nombre de todos los chilenos de la historia, pido perdón como Estado. Eso fue simbólicamente importante. Pero no todos estuvieron de acuerdo”.

Los familiares de las víctimas consideraron insuficiente el gesto. Desconfiaban. Temían que todo este esfuerzo podía terminar en una ley de punto final, un escenario que se asomó hacia el final del primer mandato democrático y que Aylwin evaluó seriamente.

“Perdonar o no era un acto absolutamente personal”, recordó este miércoles Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a CNN Chile. “Otra cosa es lo que se debió hacer como Estado, porque lo que verdaderamente aquí está en juego es el nunca más, esa es nuestra mayor preocupación”.

El límite de lo posible

“Mover el cerco de lo posible”, eso buscaba, según Sergio Bitar, la Comisión Rettig;esa era la convicción del ex presidente Aylwin. En la perspectiva del tiempo, los propios protagonistas reconocen que el empuje del ex mandatario permite abrir un camino hacia la justicia.

La tarde del domingo 3 de marzo de 1991, Aylwin convocó a su casa a su equipo político, a quienes leyó el discurso que días después leería ante el país. Hubo un silencio total. “En el momento en que pide perdón, don Patricio se emocionó y yo, que soy llorón, también me emocioné. Era un gesto de reconocimiento de la primera autoridad del país, respecto a la herida que lamentablemente aún existe”, dice Krauss.

Aylwin estaba consciente de sus limitaciones. La “medida de lo posible” son hechos: sus consejeros desde la campaña lo habían convencido de que no iba a tener piso político derogar en el Congreso la Ley de Amnistía de 1978. Pese a ello, nuevamente, Aylwin buscó un camino dentro de la propia institucionalidad, al enviarle el mensaje a los tribunales de que antes de aplicar dicha norma, había que conocer la verdad, investigar.

“De verdad el presidente Aylwin intentó hacer justicia en la medida de lo posible, al máximo de lo posible”, precisa Correa Sutil. “Los jueces no estaban disponibles para investigar, en ese momento aplicaban el Decreto Ley de amnistía inmediatamente, y la verdad es que Aylwin permitió, a través de la Comisión Rettig, que fuera posible una cuota mucho mayor de justicia. Ahí estuvo su visión política: en entender que si el país se compenetraba de la verdad, la presión social iba a llevar necesariamente a mayores cuotas de justicia”.

Bitar señala a Qué Pasa que la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación “abrió curso al más amplio y prolongado periodo de procesos judiciales contra los culpables de violación de los derechos humanos. Y ayudó a que los familiares de las víctimas y los que sufrieron encontraran un camino de justicia en democracia. La transición chilena, aunque lenta, ha sido la más contundente en este campo. La importancia de esa decisión ha sido refrendada por su proyección internacional. Una iniciativa similar fue adoptada por Sudáfrica durante el gobierno de Mandela, aunque sin las consecuencias chilenas en materia de castigo”.

Arrate se despacha así una reflexión distinta sobre el legado de Aylwin: “Hay casos donde se hizo justicia efectiva. En el caso de Manuel Contreras y muchos otros. Y otros, donde se hace justicia en la medida de lo posible, como ocurrió con Pinochet. La verdad fue una frase desafortunada, que nunca supe bien qué quiso decir”.

Legado y despedida

Si bien el legado del ex mandatario termina siendo contradictorio e incluso confuso para algunos, a propósito de su fallecimiento se ha generado un consenso transversal de que su definición en materia de derechos humanos termina trascendiendo en la historia.

Con todo, este miércoles el ex presidente fue despedido por amigos, camaradas, compañeros de camino, adversarios e incluso enemigos.

Hasta Carlos Altamirano, ex secretario general del PS y uno de sus más acérrimos antagonistas durante el gobierno de Salvador Allende, llegó a rendirle un último adiós, participando de la guardia de honor. La escena daba cuenta de una especie de reconciliación transversal de los que quedan, con esta contradictoria figura de Patricio Aylwin.

“Perdonar o no era un acto absolutamente personal. Otra cosa es lo que se debió hacer como Estado, porque lo que verdaderamente aquí está en juego es el nunca más, esa es nuestra mayor preocupación”, dijo este miércoles Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos a CNN Chile.

Casi en la misma vereda que Altamirano, el actual presidente del PC, Guillermo Teillier, entregó un sentido discurso, en el que no dudó en reconocer su legado, mientras los cuadros más jóvenes de su partido (Camila Vallejo, Karol Cariola y Daniel Núñez) participaban de la guardia de honor.

“Debemos reconocer el aporte que hizo el presidente Aylwin al esclarecimiento de las trágicas violaciones a los derechos humanos y a establecer públicamente la información disponible en esos momentos sobre las víctimas de las atrocidades cometidas en dictadura que fueron consignadas en el Informe Rettig, lo que refuerza los procesos judiciales que se han llevado adelante hasta el día de hoy”, dijo Guillermo Teillier.

En la vereda contraria, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, reconoció el valor de este legado, del gesto de “perdón” que, según dijo al despedirlo, es lo más elocuente.

“Dio otros pasos que hablan de su magnanimidad y sentido de ecuanimidad. Abrió la investigación a las violaciones a los DD.HH. al crear la Comisión Rettig, que permitió conocer la dimensión y gravedad del problema. Dio las primeras señales respecto de la necesidad de hacer justicia, pero también de abrir caminos a la reconciliación. Su gesto de pedir perdón al país es más elocuente que cualquier argumento”, advirtió el presidente de la UDI.

Quizás el discurso que más emocionó a la familia Aylwin en el Salón de Honor del Congreso este miércoles, durante el velatorio público, fue el de la hija mayor de uno de sus adversarios más enconados: Salvador Allende.

 “Hay casos donde se hizo justicia efectiva. En el caso de Manuel Contreras y muchos otros. Y otros, donde se hace justicia en la medida de lo posible, como ocurrió con Pinochet. La verdad fue una frase desafortunada, que nunca supe bien qué quiso decir”, aseguró a Qué Pasa el ex presidente del PS durante el gobierno de Aylwin, Jorge Arrate.

La presidenta del PS puso de relieve la perspectiva histórica de la figura del ex mandatario y realizó un paralelo reconciliador con su padre.

“La historia otorga la perspectiva necesaria para apreciar en plenitud a las figuras de relieve. Estoy convencida que las futuras generaciones verán al presidente Aylwin como un hombre que enfrentó los desafíos de su tiempo con la entereza y la prudencia que exigía el período que se iniciaba. Lo verán como el hombre que a partir de su iniciativa de la Comisión Rettig asumió la responsabilidad estatal de recuperar la verdad histórica, y de poner en marcha las primeras medidas justas de reparación”, sentenció Allende.

Quizás el gran escollo de la valoración histórica de Aylwin sean, precisamente, estas nuevas generaciones: para el jueves, el segundo día de duelo nacional, dirigentes estudiantiles universitarios y secundarios convocaban a sus masas a movilizarse en protesta por la “lentitud” en las reformas del gobierno, sobre todo en la educacional.

Para los políticos de los partidos tradicionales que despedían a Aylwin, la movilización, aunque legítima, significaba una verdadera afrenta.

Las nuevas generaciones de políticos son hoy los jueces más drásticos de la manera en que Patricio Aylwin lidió con el tema de los derechos humanos en la transición. Son también, inevitablemente, beneficiarios del país que el ex presidente ayudó a forjar, y de la democracia en cuya primera piedra la historia verá su nombre.