Esta mañana, Eduardo Engel, quien dirigió el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción y hoy encabeza la plataforma Observatorio Anticorrupción, integrado por Espacio Público y Ciudadano Inteligente, entrega un informe de evaluación de las políticas de Probidad y Transparencia impulsadas por el gobierno y aprobadas por el Congreso a un año de la entrega del informe de la citada comisión.
La evaluación del observatorio entrega dos realidades: consigna un 55% de avance de las políticas y les pone una nota promedio de 4,3 en calidad, es decir, aprueban apenas.
Para arribar a estas conclusiones, el Observatorio creado en noviembre del año pasado, tomó como base las cinco áreas del informe final de la "Comisión Engel" y se creó una metodología para medir el progreso y calidad de avance de las propuestas. Las áreas corresponden a Prevención de la corrupción, Regulación de los conflictos de interés, Financiamiento de la política para fortalecer la democracia, Confianza en los mercados e Integridad, ética y derechos ciudadanos.
Los resultados arrojan notas dispares en las diferentes áreas: Financiamiento a la política (5,3), Regulación de los conflictos de interés (4,5), confianza en los mercados (4,4), Integridad, ética y derechos ciudadanos (3,8) y Prevención de la corrupción (3,2)
“Durante el año pasado vimos un importante despliegue por parte de las autoridades de Gobierno y parlamentarios, permitiendo elaborar y aprobar medidas que tienen por objeto fortalecer nuestra democracia”, explica Eduardo Engel, presidente de Espacio Público.
“En efecto, en este primer año de reformas se han realizado cambios profundos en lo que respecta a las campañas electorales y al funcionamiento interno de los partidos políticos, con una reformulación de las reglas de financiamiento de la política. Esto, acompañado de un nuevo Servel con facultades de fiscalizar y de un sistema de sanciones más drásticas, nos permitirá contar con campañas políticas más transparentes y centradas en las ideas de los candidatos. Sin embargo, nada de lo anterior sería posible sin el activo rol que vimos por parte de la sociedad civil y de diversas organizaciones, quienes empujaron la agenda y exigieron los cambios que nuestra legislación necesitaba”, señaló.
Uno de los puntos analizados también es la probidad en los municipios, un ítem de relevancia a propósito de la inminencia de las elecciones municipales de octubre, en este punto, reprueba el avance de las políticas del gobierno: con nota 1,8 y un 12% de avance.
“Si queremos aumentar los niveles de transparencia, establecer mayores controles en el uso de los recursos y garantizar la competitividad democrática en las elecciones comunales es prioritario que el gobierno presente un proyecto de ley en esta materia,” explica Rodrigo Echecopar, subdirector de la Fundación Ciudadano Inteligente.
El informe concluye que existen dos áreas prioritarias de avance:
- Probidad en el Estado: que incluye los temas de prevención de la corrupción en municipios, conflictos de interés, probidad y transparencia el Congreso y mejoras al sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
- Ética y fiscalización de privados: que contempla medidas como fortalecimiento de las facultades de fiscalización de ciertos organismos, fomentar el sistema de denuncias –como la delación compensada y la protección de denunciantes- y sanciones proporcionales y disuasivas.
