Para el gobierno era más que un anhelo. Casi un compromiso de Estado. La idea era que la presidenta Michelle Bachelet anunciara este 21 de mayo la completa promulgación de la reforma laboral, considerado el cuarto cambio estructural tras la reformas tributaria, educacional y constitucional. Pero el actual avance del proyecto impedirá que el nuevo sistema de relaciones laborales entre en ejecución este año. Si bien el texto legal sorteó con éxito la comisión mixta este martes, lo que podría permitir que esta semana se termine de despachar completamente del Congreso tras su inminente aprobación en la Cámara y en el Senado, la oposición confirmó que interpondrá un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), lo que extenderá en varias semanas los plazos para su promulgación, y siempre bajo la sombra de un fallo adverso que obligue a modificar lo que el órgano de control constitucional eventualmente objete.
El requerimiento apuntará hacia cuatro puntos específicos según ya adelantó la oposición: Los monopolios de los sindicatos que se formarán con la nueva regulación; la forma de extensión de beneficios que desplazarán de estos a los trabajadores no afiliados, además de la prohibición de poder negociar individualmente los contratos; la obligatoriedad que se estipula de negociación interempresa para las grandes y medianas empresas; y la vulneración de la privacidad de información de las remuneraciones de los trabajadores al ser éstas públicas para los dirigentes sindicales.
Uno de estos artículos que más generará debate será la más probable invocación que se llevará a cabo en el requerimiento a la vulneración del artículo 19 N° 15 de la Carta Fundamental que se refiere al derecho de asociarse sin permiso previo. Allí, se establece que ninguna persona puede ser obligada a pertenecer a alguna asociación. Este es uno de los puntos que más han hecho hincapié los legisladores opositores.
Ante este escenario en el gobierno ya barajan algunas respuestas para la argumentación que se deberá brindar al TC ante esta impugnación. Parlamentarios y asesores observan que en ninguna parte de la Constitución se establece el derecho a la obtención de beneficios que es lo que está en tela de juicio según la oposición. Ante ello, dentro de la defensa del artículo se pretenderá demostrar que no existe ninguna obligación de afiliación, pues una cosa es asociarse a un grupo intermedio- en este caso un sindicato- y otra distinta es obtener beneficios, último punto el cual no estaría presente en la Carta Fundamental. Y en eso se basaría la defensa del Ejecutivo, para refutar dicha vulneración al capítulo de los derechos fundamentales.
Con respecto a otro de los puntos en cuestión sobre la publicación de las remuneraciones, en el Ejecutivo observan que acá no se está vulnerando ningún punto, de algo que por lo demás ya está en vigencia, en torno a que se necesita saber las cantidades de los sueldos para algo tan esencial como saber qué es lo que se va a negociar. Es lo que se entiende como una información específica que se requiere para el proceso de negociación colectiva y que se refiere a plantillas de remuneraciones, costos de la mano de obra, balance general de la empresa y plan de inversión, explican desde el Ejecutivo.
Con todo en el gobierno existe una plena confianza técnica en que el proyecto debiese pasar la instancia; no obstante siempre se abre una cuota de incertidumbre, pues nunca se sabe cómo puede actuar un tribunal, y así lo expresó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón: “Desde el inicio, recuerden que este proyecto lo inició la ministra (Javiera) Blanco y el ministro (Alberto) Arenas, y desde ahí se hicieron informes en materia de constitucionalidad y estamos preparados para enfrentar este debate. El TC existe y apenas tengamos que enfrentarla la vamos a enfrentar. Con el Ejecutivo ya estamos trabajando coordinados con la Segpres quien ve estas materias”, dijo.
Plazos imposibles
Ahora lo que viene es que el texto debe ser despachado completamente del Congreso, lo más probable esta semana. De ahí vendría el requerimiento que tiene que ser notificado de forma oficial al gobierno y al Parlamento, para posteriormente cursar su tramitación ante el TC. Luego de ello, el órgano evaluará los plazos para los alegatos y posteriores sentencias. En caso de rechazarse todos los requerimientos el TC recién revisará todo el texto como es lo que acostumbra hacer ante cualquier ley que emane del Congreso. Y en caso de acoger alguno de los puntos, el Ejecutivo podría recurrir a veto o bien a la modificación, mediante otra ley de los puntos rechazados. Todos estos plazos ya hacen peligrar tanto la aprobación antes del 21 de mayo como también la entrada en vigencia que por plazos ya quedaría para el próximo año.
Así, a la reforma laboral le quedan varias y complejas batallas que librar luego de 14 meses desde que el proyecto diera sus primeros pasos ante el Congreso. En el gobierno no quieren repetir el bochorno que significó la glosa de gratuidad en educación que fue objetada el año pasado por el TC, y ahora aseguran estar preparados para todos los escenarios de cara a los alegatos. Al menos así se lo han hecho ver a los partidos de la Nueva Mayoría, quienes confían en que este paso por el TC no será más que un trámite. Aunque también advierten que el hecho de ir a un tribunal siempre abre todas las puertas, como también las puede cerrar.
