Con 29 votos a favor y ninguno en contra, el Senado aprobó esta tarde el acuerdo que permitió reabrir el debate y modificar la indicación que endurece las penas  para quienes vulneren el secreto de investigación. Así, la nueva normativa distingue de manera específica a tres grupos de personas que podrían recibir sanciones, para evitar que su interpretación pudiera afectar la labor de los periodistas.

Estos grupos son en primer lugar, los funcionarios públicos que habrían participado en la investigación, segundo, aquellas personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público o por una orden del tribunal, y por último, los intervinientes del proceso penal que están establecidos en el artículo 12 del código procesal penal.

Quienes violen el secreto, en tanto, podrán ser sancionados con una multa de 20 a 200 UTM, o presidio menor en su grado mínimo.

El senador Pedro Araya, presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta –donde fue aprobada la indicación original– explicó que el espíritu de la norma jamás fue limitar la libertad de expresión, sino que buscaba solucionar el problema de la extensión del periodo de 40 días que dura el secreto de la investigación, muy corto a juicio del Ministerio Público. Por eso, se propusieron dos soluciones: extenderlo a 80 días, siempre que se respeten los derechos del imputado, y ampliar las penas que ya establecía el código procesal penal, desde el año 2000, para los funcionarios públicos que violaran el secreto a todas las personas, públicas y privadas, que participan en la investigación.

"La comisión entendió, y como lo ha entendido además la doctrina de la jurisprudencia, que esta obligación del secreto era una obligación limitada a quienes conocían del proceso por causas directas per entendemos, que con justa razón, algún periodista pudo haber pensado que alcanzaba la prensa, cosa que no es así porque nunca fue motivo de discusión en la comisión”, sostuvo el senador Pedro Araya.

Además, el presidente de la comisión fue enfático en que el deber de secreto sólo actúa sobre un período determinado: "Respecto a lo que le interesa a la opinión pública, que es el conocimiento de la investigación, ese conocimiento va a existir una vez que esté levantado el secreto. Aquí no estamos volviendo bajo ningún punto de vista a procesos secretos que no van a ser conocidos por la gente”.

Esta misma postura fue sostenida por el ministro del Interior, Jorge Burgos, presente en la sala durante la discusión. "Sobre el texto original, a juicio del gobierno nunca estuvo, ni en la letra ni el espíritu de quienes participaron en esa redacción, intentar afectar a terceros ajenos a los intervinientes o realizar acto alguno contra la prensa. La indicación soluciona los eventuales problemas interpretativos que algunos creían tenía la primera norma", planteó Burgos.

El senador de la UDI Hernán Larraín, en cambio, fue más lejos a la hora de defender la norma, insistiendo en que la discusión que se originó la semana pasada en torno a ella fue un debate fantasma.

"Aquí no se está protegiendo a nadie, al contrario, se está asegurando que el fiscal y su equipo pueda avanzar en la investigación que se busca. Esa transgresión es la que se sanciona, porque antes no tenía una sanción clara. Por eso, creo que esta norma no es necesaria dado los efectos prácticos",  argumentó Larraín.

No obstante, la explicación no dejó conforme a todos los senadores. El primero en expresar sus dudas fue el ex RN Antonio Horvath, quien criticó que la ley no hiciera una distinción entre reserva y secreto, además de que a su juicio, no quedaba lo suficientemente establecido que la  víctima estuviera libre de recibir sanciones. Lily Pérez de Amplitud, por su parte, manifestó que le parecía que la definición de funcionarios públicos era muy amplia.

Alejandro Guillier, sin embargo, fue quien realizó los cuestionamientos más duros. "Yo creo que sigue siendo una norma ambigua, que va a quedar con una interpretación que va a ser dañina para nuestros poderes del Estado y para la debida independencia de las investigaciones periodísticas. Encuentro que este artículo es francamente innecesario", señaló el senador.

Ninguno de ellos votó en contra del proyecto, sino que se abstuvieron,

Esta tarde, la sala del Senado discutirá el proyecto de ley de agenda corta contra la delincuencia hasta su total despacho.