Revista Qué Pasa ha tomado conocimiento de la presentación de una querella por parte de la Presidenta Michelle Bachelet en contra de algunos periodistas de la Revista, por el supuesto delito de injurias y calumnias. Del contenido de la referida acción criminal no podemos hacer comentarios hasta conocerla.
Dicho lo anterior, todas las autoridades se encuentran sometidas al escrutinio y fiscalización de los ciudadanos, y los medios de comunicación tienen una especial misión en este sentido, ya que efectúan este control de quienes ejercen el poder, como parte esencial del funcionamiento de la democracia. La Presidenta de la República no está exenta de este control.
Por este motivo, consideramos de la mayor gravedad y rechazamos la presentación de esta acción criminal que intenta coartar la libertad de expresión. El hecho que la querella sea presentada por la Presidenta en calidad de ciudadana no disminuye esta presión, ya que ambas calidades son inseparables. De otra manera no se entendería que la presentación de la querella fuera anunciada por el Ministro Secretario General de Gobierno.
En la mencionada publicación sólo se reprodujeron los dichos de una persona imputada en el denominado Caso Caval, que fueron obtenidas en una intervención telefónica autorizada por el juez de la causa. Estos antecedentes no estaban amparados por ninguna clase de secreto, eran de acceso público para los intervinientes en la causa, y fueron obtenidas legítimamente por los periodistas de este medio. La publicación en la revista de parte de la carpeta investigativa de la fiscalía en caso alguno constituye una falta, ni legal ni ética. Más aún, parte del contenido era de público conocimiento, ya que había aparecido en diversos medios de comunicación. Aquella parte de la transcripción publicada en nuestro sitio web que no era conocida, fue reeditada según nuestros estándares editoriales hasta tener la versión de las personas aludidas, y se pidieron las disculpas correspondientes.
Para defender la libertad de expresión amenazada recurriremos a todas las instancias, nacionales e internacionales, tanto jurisdiccionales como gremiales, pues consideramos que los peligros relacionados con esta acción gubernamental, merece reaccionar con la mayor fuerza.
