La presidenta Michelle Bachelet en reiteradas ocasiones ha hablado que existe una “deuda histórica con los pueblos indígenas”. Deuda que ha comenzado a ser saldada paulatinamente y no con pocas trabas,  con el proyecto de ley que ya está en discusión en la Cámara de Diputados que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. Sin embargo, aún puede haber un paso más allá, un anhelo que por años vienen pidiendo la mayoría de los pueblos originarios del país: su reconocimiento constitucional. Quizás ahora se pueda abrir una real oportunidad con el proceso constituyente que se acaba de abrir de forma especial para las 9 comunidades reconocidas legalmente, al menos esa es la expectativa del gobierno.

Este proceso constituyente es especial, pues se tiene que regir en base a las exigencias que plantea el Convenio 169 de la OIT y a los contenidos que están presentes y a la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas de 2007. Todo este panorama hizo que el gobierno, en medio del proceso constituyente, haya tenido que elaborar uno diferente para los pueblos. Proceso que ya abrió su convocatoria la semana pasada y que será coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. La primera fase de esta etapa es el llamado a participar que se hará a las personas indígenas organizados a quienes se les convocará directamente; mientras que para aquellas comunidades no  organizadas habrá una difusión abierta, a través de avisos radiales, sitios web, volantes y folletos, explican desde la cartera de Desarrollo Social.

En estos cabildos que se pretenden realizar entre agosto y noviembre de este año, se espera que el contenido sea exclusivo en torno a materias indígenas y no serán las mismas temáticas de los demás cabildos que ya se están llevando a cabo a lo largo del país, en los llamados encuentros locales.

Como resultado de este proceso se elaborará un  documento que será entregado a la presidenta para que sea considerado en el proyecto de Constitución. Pero de ahí viene aún un paso más: Se abrirá un proceso de consulta a los pueblos indígenas del proyecto de Constitución que se le hará al país, en aquello atingente a los indígenas y sus pueblos antes de ser enviado al Congreso, de acuerdo a lo que estipula el Convenio 169 de la OIT.

En el gobierno tienen una alta expectativa sobre la cantidad de encuentros que se hagan efectivos. Esperan que sean alrededor de 200 en total. Cada uno de estos contará con la presencia de un relator especial, responsable de presentar las características del encuentro y de orientar la participación; y de un facilitador intercultural que apoyará al relator orientando el diálogo, apoyándolo, si es necesario, en el lenguaje y en aspectos culturales de cada pueblo.

Pero todo este proceso estará además supervisado por  un comité de seguimiento que estará conformado por organismos internacionales de las Naciones Unidas y que será absolutamente autónomo del gobierno, aclaran desde el ministerio de Desarrollo Social.

La inclusión constitucional

Desde el acuerdo de Nueva Imperial de 1989, en donde se trazaron las primeras líneas de la nueva ley indígena que se promulgó durante el gobierno de Patricio Aylwin, que el tema del reconocimiento constitucional ha estado presente. Es decir, otorga -como ocurre en la mayoría de los países de América Latina- de rango constitucional a los pueblos indígenas, reconociendo su existencia dentro del Estado chileno. De ahí en más una serie de proyectos de ley han apuntado hacia esa dirección, pero todos sin lograr hasta ahora un resultado concreto.

En ese sentido el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, expresó a Qué Pasa la alta expectativa que existe en torno a este proceso y  los resultados que se pueden obtener en vías de saldar completamente aquella deuda histórica reconocida por la mandataria: “En el diálogo con  organizaciones indígenas hay bastante interés por el proceso constituyente indígena y harta expectativa, especialmente porque la mayoría de las Constituciones de América Latina que se han reformulado, la cuestión indígena se ha presentado como un debate y se ha zanjado con diferentes mecanismo de reconocimiento, incorporación e inclusión constitucional" Para Barraza esta es una oportunidad para cambiar sustancialmente la Constitución por una más participativa y que aborde todas las materias postergadas: “Este proceso es una oportunidad histórica, tanto para dotarnos de una Constitución participativa como para abordar materias postergadas y de deuda histórica del Estado chileno con los Pueblos Indígenas", finalizó.

Con todo ahora se está en el proceso de información y convocatoria, esperando ya comenzar a desarrollar los primeros cabildos especiales que abordarán los asuntos indígenas y en donde el tema del reconocimiento constitucional, seguramente será una de las artistas más abordadas.