Tras una audiencia de más de ocho horas, la jueza Ana Emilia Ethit decidió suspender hasta mañana la formalización de Jaime Orpis, senador desaforado tras ser imputado por los delitos tributarios reiterados, fraude al fisco y cohecho en el marco del caso Corpesca

Debido a la gravedad de las acusaciones, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el senador, medida cautelar que además fue respaldada por el Consejo de Defensa del Estado y por los abogados querellantes. De la misma manera, los fiscales a cargo del caso, Emiliano Arias y Ximena Chong, pidieron arresto domiciliario total para Francisco Mujica, ex gerente general de la empresa pesquera del grupo Angelini.

Sin embargo, según Carlos Cortés, abogado de Orpis, el desafuero -que fue ratificado por la Corte Suprema el pasado 4 de mayo- todavía no estaría oficializado, argumento bajo el cual solicitaron que el anuncio de las medidas cautelares fuese pospuesto hasta mañana. Pese a los alegatos de los fiscales -que calificaron la acción de la defensa como un intento de dilación-, la jueza Elthit accedió a la petición por falta de antecedentes que acreditaran la información, a la espera de que sea corroborada por la Corte de Apelaciones.

La audiencia continuará mañana a las 9 de la mañana.

Los argumentos del Ministerio Público

El primero en exponer fue el fiscal Emiliano Arias, quien asumió la responsabilidad de la investigación la semana pasada. De acuerdo a los antecedentes recopilados en un informe de 55 páginas, a través de Francisco Mujica Corpesca le pagó a Jaime Orpis un total de $233.147.456 entre los años 2009 y 2013, lo que equivale a un poco menos de cinco millones de pesos mensuales. Para justificar estos ingresos el senador emitió un total de 77 boletas ideológicamente falsas, simulando servicios profesionales que nunca fueron prestados.

Con el dinero de Corpesca, Orpis habría pagado desde deudas políticas, tarjetas de crédito y las contribuciones, hasta las cuentas de la lavandería y su membrecía al Club de Yates. A cambio del financiamiento, el senador actuaba a favor de la empresa en la Cámara Alta, transgrediendo los principios básicos de probidad que exigía su cargo. "El senador se encontraba a disposición de los ejecutivos de Corpesca para la representación de sus intereses, interviniendo y votando pese a tener un interés directo", afirmó Arias.

El fiscal además detalló una serie de instrucciones y documentos que fueron reproducidos por el senador en sus intervenciones durante la tramitación de diversos proyectos de ley, entre ellos la polémica Ley de Pesca del año 2013, la que fue duramente cuestionada durante su tramitación por diferentes sectores de la sociedad civil, la pesca artesanal y los pueblos originarios.

Entre estos documentos el más llamativo es lo que la fiscal Ximena Chong calificó como un verdadero "manual de cómo votar": un archivo Excel en el que se detallaba cómo se debía votar cada uno de los artículos de la Ley de Pesca, y que coincide con la forma en que votó el senador.

Por último, Orpis también fue acusado de fraude al fisco por presuntas irregularidades en el uso de sus asignaciones parlamentarias. De acuerdo a la versión que fue confirmada por el mismo senador cuando presentó su renuncia a la UDI en enero, Orpis se apropió de manera indebida de un total de $153.471.845, que le fueron asignados para contratar personal, a través de dos mecanismos: pagándole abultados honorarios a sus asesores, quienes le devolvían una parte, o a través de la simulación de contratos. El dinero, no obstante, ya fue restituido.

En tanto, los abogados de Marta Isasi -quien también fue imputada por delitos tributarios y cohecho en el marco de este caso-, pidieron que se aplazara su formalización para el próximo 2 de junio, dado que la ex diputada sufre de una depresión severa y está sometida a una cura de sueño. No obstante, la fiscal Ximena Chong se refirió a los delitos por los que está imputada al detallar los antecedentes de la formalización de Francisco Mujica, ex gerente general de la Corpesca, por soborno y delitos tributarios reiterados.

Así, Chong sostuvo que Isasi actuaba como "un vehículo de los intereses de Corpesca en el Congreso", recibiendo, en su calidad de miembro de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, instrucciones directas de Mujica, así como de otros ejecutivos de la pesquera.

"La diputada se encontraba a disposición de Corpesca para que la empresa hablara a través de ella, recibiendo como contraprestación un beneficio económico", sostuvo la fiscal.

Al igual que Orpis, Isasi también recibió un archivo de Excel elaborado por la empresa, en el que se le indicaba a la diputada de manera detallada cómo debía votar cada uno de los artículos del proyecto. Además, la persecutora sostuvo que entre 2011 y 2012, mientras se tramitaba la Ley de Pesca, Isasi mantuvo como asesor a Ramón Pino, subgerente de Corpesca. De esta forma, Pino podía asistir a las discusiones de la comisión y reportar directamente a Mujica todos los avances.