El Laboratorio Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) pesquisó una serie de irregularidades en dos contratos millonarios de la empresa de software Saydex con el Servicio de Salud Metropolitano. La indagatoria es una arista del denominado caso Caval, ya que los antecedentes apuntan a que fue la cuestionada empresa en cuya sociedad estaba Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, la que realizó los contactos entre Saydex y la repartición pública.

De acuerdo al informe contable, que está en manos de la Fiscalía y los querellantes, el análisis logró identificar dos contratos de Saydex con el Servicio. El primero de ellos del 30 de diciembre de 2011 y el segundo del 24 de julio de 2012.

El primero de ellos, con montos superiores a los US$3 millones, la PDI establece que el Servicio de Salud Metropolitano no se apegó a lo establecido en su orgánica para la asignación. “Concordante con lo anterior, se identificó que en el año 2011 el SSMC (sigla para identificar al Servicio de Salud Metropolitano Central) no aplicó el procedimiento establecido para este tipo de adquisiciones toda vez que no se comunicó la intención de compra a todos los proveedores adjudicados en convenio marco del año 2008”, se lee en el documento al que tuvo acceso Qué Pasa.

Dicho convenio marco, establecido en diciembre de 2008, incluye a una serie de empresas de software que deben ser notificadas en caso de una licitación que, debido a este convenio marco, tenía el carácter de cerrada. Este trato aplicaba para compras superiores a 1000 UTM ($45 millones). Lo que no sucedió, terminando Saydex con el contrato a su favor.

En relación al contrato del 24 de julio de 2012, se señala que corresponde a la compra de Software Módulos Integrados “Florence” – Gestión Hospitalaria para la implementación, operación, soporte y mantención del sistema de información para las redes asistenciales. En esta oportunidad el Servicio sí se acomodó al convenio marco e informó a todos los proveedores suscritos a éste de la intención de compra del software a través de Chile Compra. El proceso, según el informe, se encuentra en estado de “oferta seleccionada” la que corresponde a la hecha por la empresa Saydex.

Pero había más.

El informe de la PDI de todas formas encuentra irregularidades e inconsistencias, las que están impresas en relación a esta compra, en los puntos 1.2.3 y 1.2.4 del documento.

En el primero de ellos señala: “Asociado al contrato de fecha 24 de julio de 2012 se observó que se emitió en una fecha posterior a la del contrato la resolución exenta N°1101-2012 del 08 de agosto de 2012 por concepto de adjudicación de los servicios contratados por sistema de grandes compras y por medio de la resolución exenta N°1232-2012 del 04 de septiembre de 2012 se procedió a la aprobación del contrato y sus anexos, autorizándose a través de estos la contratación de 1.850 licencias por usuario único nombrado (LUN)”

El punto siguiente, en la página 29 del informe, aclara: “Cabe consignar que se identificó una inconsistencia de fechas, en atención al orden cronológico de los documentos examinados, toda vez que el contrato tenido a la vista (24 de julio de 2012) posee una fecha anterior a la resolución de la adjudicación de los servicios contratados por sistema de grandes compras (08 de agosto de 2012), situación del todo irregular en atención a que primero se adjudica y luego se contrata”.

Además, en este proceso de compras, se estableció que el Servicio canceló más de $5 millones por sobre lo acordado y sólo se dieron cuenta cuando era imposible reversar el dinero porque el plazo para cuestionarlo ya había vencido.

Sobre los montos totales cancelados a Saydex, el informe señala que logró pesquisar tres grupos de pagos que ascienden, en total, a US$7.042.425,45. El documento aclara que la suma podría subir, ya que hubo facturas que no tuvieron a la vista a la hora de realizar el informe.

Los antecedentes ahora están en manos del fiscal que lleva la causa, Sergio Moya, que deberá decidir si formaliza esta arista, y cuál será el destino judicial de Nibaldo Mora, quien estaba a cargo del Servicio de Salud Metropolitano Central a la firma del segundo contrato (julio de 2012). Mora además estaba a días de asumir la jefatura al firmar el primer acuerdo de diciembre de 2011. Se indaga la posibilidad de que Mora, reconocido como uno de los fundadores de la UDI, haya recibido un millonario pago (se habla de más de $20 millones) por parte de Mauricio Valero, uno de los socios de Caval, empresa que asesoraba a Saydex. Valero habría recibido por gestionar el contrato cerca de $170 millones. Por ahora, la labor de los investigadores es acreditar si efectivamente hubo pagos a Mora con lo que se configuraría un delito de cohecho.