Un vicio procesal obligó a la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Ana María Elthit, a posponer por segunda vez la discusión de las medidas cautelares de Jaime Orpis, formalizado en el marco del caso Corpesca por delitos tributarios reiterados, fraude al fisco y cohecho.

Esto, porque tras haber ratificado el desafuero del senador el pasado 4 de mayo, la Corte Suprema debía notificar por estado de diario al Congreso, lo que, por motivos que se desconocen, no se realizó.

Aunque el Ministerio Público esperaba saber hoy si es que el tribunal acogía o no su petición de prisión preventiva para Orpis, ahora tendrá que esperar hasta que se solucione esta situación para solicitar una nueva audiencia de discusión de medidas cautelares. Debido a la disponibilidad del tribunal, es probable que esto sea a partir del miércoles de la próxima semana, y como se trata de una sesión nueva y no de una continuación de la de hoy, cabe la posibilidad de que sea realizada por un juez diferente.

Elthit fue enfática en que, pese a que esto es una dilación, no inhibe al Ministerio Público de solicitar medidas cautelares, incluso pudiendo hacerlas más gravosas. Así mismo, descartó que esto le diera a la defensa del senador una ventaja estratégica, debido a la contundencia de las evidencias presentadas por los fiscales Emiliano Arias y Ximena Chong.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por la Fiscalía, a través de Francisco Mujica Corpesca le pagó a Jaime Orpis un total de $233.147.456 entre los años 2009 y 2013, lo que equivale a 4,6 millones de pesos mensuales. Para justificar estos ingresos, el senador emitió un total de 77 boletas ideológicamente falsas, simulando servicios profesionales que nunca fueron prestados.

Con el dinero de Corpesca, Orpis habría pagado desde deudas políticas, tarjetas de crédito y las contribuciones, hasta las cuentas de la lavandería y su membrecía al Club de Yates. A cambio del financiamiento, el senador actuaba a favor de la empresa en la Cámara Alta, transgrediendo los principios básicos de probidad que exigía su cargo. "El senador se encontraba a disposición de los ejecutivos de Corpesca para la representación de sus intereses, interviniendo y votando pese a tener un interés directo", afirmó Arias.

El fiscal además detalló una serie de instrucciones y documentos que fueron reproducidos por el senador en sus intervenciones durante la tramitación de diversos proyectos de ley, entre ellos la polémica Ley de Pesca del año 2013, la que fue duramente cuestionada durante su tramitación por diferentes sectores de la sociedad civil, la pesca artesanal y los pueblos originarios.

Entre estos documentos el más llamativo es lo que la fiscal Ximena Chong calificó como un verdadero "manual de cómo votar": un archivo Excel en el que se detallaba cómo se debía votar cada uno de los artículos de la Ley de Pesca, y que coincide con la forma en que votó el senador.

Por último, Orpis también fue acusado de fraude al fisco por presuntas irregularidades en el uso de sus asignaciones parlamentarias. De acuerdo a la versión que fue confirmada por el mismo senador cuando presentó su renuncia a la UDI en enero, Orpis se apropió de manera indebida de un total de $153.471.845, que le fueron asignados para contratar personal, a través de dos mecanismos: pagándole abultados honorarios a sus asesores, quienes le devolvían una parte, o a través de la simulación de contratos. El dinero, no obstante, ya fue restituido.

Arresto domiciliario parcial para Mujica

En el caso del ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, se dictó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, medidas cautelares inferiores a las que pedía la Fiscalía, que propuso arresto domiciliario total para el imputado. Esto, porque a pesar de la gravedad de los hechos que se le acusan, en la decisión de la jueza también pesaron la irreprochable conducta anterior de Mujica y el hecho de que colaboró en la investigación.

Sobre este último punto, la fiscalía no estuvo de acuerdo. Según lo expuesto por la fiscal Ximena Chong, pese a que Mujica declaró ante la fiscalía y renunció a su derecho a guardar silencio, no proporcionó ningún antecedente significativo que permitiera avanzar de manera más expedita con la investigación.

El plazo de la investigación no fue definido, a la espera de la audiencia de formalización de Marta Isasi, pospuesta hasta el próximo 2 de junio.