Bolivia se lo está tomando en serio. Este fin de semana el presidente Evo Morales acusó a Chile de tener un enclave militar en las cercanías del Rio Silala ubicado en la segunda región, expresando nuevamente que nuestro país actúa con soberbia y hostilidad no respetando la ley internacional sobre bases militares en la frontera.  La Cancillería chilena no dudó en reaccionar y por medio de un breve comunicado desmintió categóricamente la afirmación del mandatario boliviano.” Es totalmente infundada  la acusación del Presidente boliviano de que Chile habría instalado una base militar  “ilegal” a menos de 15 kms de la frontera con ese país, en la zona del Río Silala. No existe tal supuesta instalación militar. Lo que ha habido es una intensificación del patrullaje militar en territorio chileno para impedir los ataques contra civiles, robos, contrabando y narcotráfico provenientes de Bolivia, lo cual ha tenido el efecto de disminuir notoriamente esos actos delictivo”, dice el texto de la cancillería nacional.

Bajo este escenario,  La Paz ya amenazó con una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ)  y está llevando a cabo una fuerte cruzada comunicacional durante las últimas semanas. Chile debe estar preparado

En ese contexto, tres analistas internacionales observan que sí es posible que se arme un nuevo caso, y para ello nuestro país tiene diversos caminos. Al menos la presidenta Michelle Bachelet ya anunció que de concretarse la demanda, Chile hará lo mismo; es decir contrademandará. Pero, ¿qué argumentos podrían verse enfrentados?

La semana pasada la Universidad Central organizó un seminario en torno el escenario jurídico que se puede abrir ante una eventual nueva controversia. El ex director jurídico de la cancillería, Hernán Salinas, el ex embajador y analista internacional Samuel Fernández y el abogado experto en derecho internacional Hugo Llanos debatieron sobre la materia. Acá entregan algunas pistas y luces de lo que se podría venir en el futuro.

¿Río o manantial?

El profesor de la Universidad Católica Hernán Salinas cree que este caso se disputará en torno a los argumentos escritos en la Convención de las Naciones Unidas sobre uso de aguas internacionales, respecto al uso equitativo de los recursos. Este es un pacto firmado por Chile y no por Bolivia, pero es una fuente que la corte deberá tomar en cuenta. Pero para ello primero se debe despegar un detalle no menor que va a resultar clave al momento de una eventual demanda: ¿Ambos países consideran a este cauce como un río?, y acá vienen los primeros desencuentros.

De acuerdo a Chile el Silala es un río internacional de curso sucesivo que nace en Bolivia, país aguas arriba y cruza la frontera con Chile, país aguas abajo. Es un escurrimiento que se mueve por gravedad desde Bolivia hacia Chile a través de una quebrada  de 20 metros de ancho por 30 de alto, donde se van sumando aportes laterales de otros cauces. Esta es la interpretación que hace Chile respecto al Silala, según explica el profesor Salinas. Pero Bolivia a esta fecha tiene otra interpretación. A partir de 1999 Bolivia ha negado la calidad de río internacional al Silala, alegando que se trata de un manantial y que ha sido desviado artificialmente por Chile. Sin embargo, no es la postura que había antes, pues por los cien años anteriores la propia cartografía boliviana reconoce al cauce como río internacional, los mapas del Instituto Geográfico Militar boliviano lo han reconocido por más de cien años. El mapa anexo del tratado de paz y amistad de 1904 lo grafica al Silala como un río internacional de cauce sucesivo, sostiene Salinas.

Ante lo cual en esta primera etapa de argumentación, a juicio del académico, Chile corre con cierta ventaja: El río no ha sido desviado artificialmente por Chile. Las aguas fluyen naturalmente. En un sector efectivamente existe una canalización que es rudimentaria y que permite mayor eficiencia en el uso del agua, pero no altera la calificación como río.

El académico Hugo Llanos agrega en esta argumentación las contradicciones en cuanto a la definición de manantial o río que ha hecho Bolivia: “En 1996 la cancillería boliviana emite el siguiente comunicado oficial: El Silala es un río que tiene origen en una vertiente al pie del cerro del mismo nombre en el territorio de Bolivia e ingresa posteriormente a Chile. Dicho de otro modo Bolivia es dueña del curso superior y Chile del inferior”. Esta sería una prueba concreta del cambio abrupto de parecer de las autoridades bolivianas.

Las concesiones chilenas

Resuelto el tema del concepto, viene ahora una de las partes esenciales que alega Bolivia: el uso de las aguas que Chile ha hecho como país ribereño, sin pagar un peso por dicha utilización. De hecho la demanda sería básicamente solicitando una indemnización por este aprovechamiento que habría hecho nuestro país de dicho curso de agua.

Efectivamente el Estado chileno otorgó en 1906 una concesión a la empresa The Antofagasta-Bolivia Railway Company Limited. Años más tarde (1908) Bolivia hizo lo propio a la misma compañía. Esta concesión se realizó para alimentar de combustible al tren de Antofagasta y se caducó para este uso en 1961. El profesor Llanos explica que Bolivia no puede argumentar un uso en beneficio de Chile en esta situación: “En 1961 se le transfirió por parte de esta empresa los derechos al estado chileno, porque ya no se necesitaban las máquinas a vapor. Se perdió el interés. En el mejor de los casos Bolivia solamente podría reclamar la utilización de las aguas de 1961 a esta fecha, pero se le interpone otros obstáculos, es una empresa privada con una concesión gratuita”.

A la fecha, esta agua en territorio chileno es usada por Antofagasta Minerals, y por Codelco, como también por dos municipios que no suman más de 1.200 habitantes y que, según, los tratados internacionales, Chile como país ribereño tiene el derecho para  ocupar las aguas río abajo justa y equitativamente en relación a los otros países ribereños, en este caso de Bolivia.

El uso equitativo

“La regla de derecho equitativo es una norma internacional de derecho constitudinario que ha sido reconocida en el artículo 5° de la convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de aguas internacionales, para fines distintos de la navegación del año 1997, la cual se encuentra en vigor y de la cual Chile está suscrito, mientras que Bolivia se abstuvo”. Esta es la definición que entrega el ex director jurídico de la cancillería y actual miembro del equipo defensor nacional ante la demanda por salida al mar, y que resultará clave en el debate jurídico que se puede abrir ante esta eventual nueva demanda. A este elemento puede aludir Bolivia, pero existe una arista no menor: Bolivia pudiendo haber hecho uso de las aguas río arriba (en su territorio) no lo ha hecho, teniendo el pleno derecho de hacerlo. Y de eso Chile no es responsable.

“Esta regla del uso equitativo no implica igualdad, lo que implica que tiene que ser equitativa de acuerdo los factores de necesidades económicas y sociales y eso se cumple con Chile que utiliza las aguas por Codelco y dos municipios chilenos. 1.200 habitantes ocupan el agua. Bolivia tiene derecho a usar esas aguas y ajustándose a los usos preexistentes que Chile hace para satisfacer necesidades sociales y económicas”, agrega el profesor Salinas.

En este punto los tres expertos apuntan que la Convención es clara de acuerdo sus artículos de uso de aguas en ríos internacionales, lo que ambos países han reconocido como un río a excepción de Bolivia estos últimos años que dio vuelta su versión. Y en este plano estrictamente jurídico Chile no debería tener problemas. Pero, tal como ocurre en el actual litigio por la salida soberana al mar y la obligación de negociar, también existen factores políticos. Y acá el terreno se vuelve más sombrío.

La corte política

El ex embajador Samuel Fernández tiene resquemores y preocupaciones porque estima que la parte política nos desfavorece y porque, además, cada amenaza que ha hecho Bolivia últimamente la ha cumplido.

“Tengo miedo de algo diferente, ¿el objetivo es hacerlo conforme a derecho por parte de Bolivia para demandar a Chile o es un objetivo político de otra naturaleza que se transforma en una cosa jurídica, que busca la justificación jurídica para materializarlo ante la corte?, se preguntó el académico de la Universidad Central durante su exposición en el seminario organizado por esa Casa de Estudios. Fernández cree que acá Bolivia puede armar un caso de corte más bien político, atendiendo que la Corte de la Haya ha venido resolviendo sus últimos litigios bajo el prisma de la equidad. Y justamente el reclamo de un uso no equitativo del uso de las aguas del Silala puede ser un caso de interés para la corte.

“La utilización equitativa señala a la asignación justa de beneficios que pueden derivarse de aguas transfronterizas entre naciones ribereñas. Bolivia podría invocar la repartición y apuntaría a la tendencia de la corte en sus últimos fallos de que está  buscando soluciones equitativas. No le está dando el 100% a una parte y 0% a la otra, sino que algo equitativo. Hace mucho rato que la corte lo viene practicando eso”, afirma Fernández, apuntando un interesante ejemplo relacionado al anterior fallo de La Haya en el litigio con Perú: “En el párrafo 134 de sentencia con Perú, la Corte dice que la búsqueda es la solución equitativa. Hace rato que la corte dice que lo que no queda claramente pactado en los tratados, se debe buscar la solución de la controversia. Busca una cosa equitativa y acá el curso de aguas se está usando de forma equitativa, no descarto que este sea un argumento muy serio que pueda tomar Bolivia y que pueda decir: tengo material, al menos en este punto, para poder demandar a Chile, porque no nos ha pagado, ha reconocido que si nos ha podido pagar, y está utilizando el 100% de las aguas, que yo no lo haga aguas arriba puedo revertirlo. Pero no lo estoy regalando a Chile, así podría pedir una indemnización”, sostiene el profesional.

Y justamente Bolivia puede reclamar porque Chile sí ha estado dispuesto a sentarse a negociar una salida económica. La última vez en el llamado acuerdo de los 13 puntos de 2006, en donde hubo un pre acuerdo de 4 páginas que se cayó luego que Bolivia demandara a nuestro país por el punto 6, sobre la salida al mar. Es decir, existe un precedente de intensión de Chile de dar una salida económica, lo que también se asemeja a la actual demanda en el punto central de la obligación de negociar.

El profesor Llanos complementa explicando que dada la creatividad mostrada últimamente por la corte acá hay un riesgo para Chile más bien político: “Hay un riesgo para la posición chilena por lo complicado que es desde el punto de vista más de relaciones internacionales que de derecho internacional”.

Con todo, los asesores bolivianos ya están estudiando el caso, viendo el espacio jurídico para mostrarle a la corte que Chile no ha cumplido con este principio rector de la equidad. Pero antes de llegar al tribunal, Bolivia ya está instalando el caso en la comunidad internacional, haciéndose parecer como un país perjudicado por el actuar de Chile.

Nuestro país puede contrademandar, pero no es fácil el camino pues los expertos coinciden en que no hay argumentos de peso para acusar de algo a Bolivia, pues este país- hasta ahora- no ha hecho uso de su derecho a ocupar las aguas de su territorio. Entonces la intensión presentada por la presidenta Bachelet al momento de conocerse el deseo boliviano de acudir a La Haya aún no tiene un horizonte claro. Lo que sí está claro es que la batalla comunicacional por el Silala ya comenzó y la cancillería chilena está en alerta para emprender una estrategia al respecto. Como también ya está evaluando presupuestos y costos para armar un nuevo equipo jurídico. El presidente Morales arremetió y con fuerza, y seguramente se las ingeniará para colocar su reclamo a lo largo del mundo en foros internacionales o en otras más creativas instancias.