Jueves 16 de junio, pasado el mediodía. La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI tenía una misión clara y precisa: entregar los oficios emanados desde el Ministerio Público que pedían la incautación voluntaria de la contabilidad de 16 empresas. Con esta acción los fiscales de Alta Complejidad de la Zona Oriente capitalina, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, partían una arremetida que comenzó a dibujarse luego de la declaración y posterior formalización de Tomás Roberto Carrasco, dueño de las empresas VSA y Siglo Outsourcing, el 30 de marzo pasado. El ex contralor de Banmédica había sido imputado a fines de marzo por una serie de delitos relacionados a evasión de impuestos, emisión de contratos forward y la entrega de boletas ideológicamente falsas para conseguir recursos en beneficio a la campaña de Laurence Golborne.

Así daban vuelta las primeras señales que dio el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien tras asumir su cargo, en diciembre de 2015, anunciaba que buscaría terminar las investigaciones por dineros políticos lo más rápido posible.

El escenario cambió tras un importante fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo planteada por la defensa del ex senador Carlos Bombal —quien fue formalizado por facilitar, en el contexto del caso Penta, el pago de una boleta de $ 4 millones para beneficiar la campaña del ex candidato a diputado Fernando Herman—. De acuerdo al fallo del tribunal de alzada, el sobreseimiento fue rechazado, ya que bastaba una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de Penta en la que se denunciaba el hecho, para imputar el cargo. Se caía así la tesis que defendía las querellas nominativas, en las que debían estar identificadas las personas y empresas contra las cuales el SII arremetía.

El escenario cambió tras un fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo planteada por la defensa del ex senador Carlos Bombal, quien fue formalizado por facilitar el pago de $ 4 millones a la campaña de un ex candidato a diputado.

Así, se abría la puerta para poner nuevamente a varios poderosos en jaque. Y los fiscales de la Oriente comenzaron a cruzarla. De hecho, fue el propio jefe regional de esa zona, Manuel Guerra, quien dio luces y celebró la decisión de la Corte. “Lo recibimos positivamente porque lo que hizo la Corte fue acoger la teoría que nosotros venimos sustentando, en orden a que no es necesaria querella nominativa para poder formalizar investigaciones y acusar a los responsables de delitos tributarios. Sólo basta que los hechos estén denunciados, como ocurría en este caso de Bombal y como ocurre en otros casos que tenemos”, dijo luego de conocer el fallo y agregó: “Obviamente que eso nos abre las puertas para poder seguir avanzando en las investigaciones”.

Por lo mismo, sólo bastó la querella que interpuso Fernando Barraza, director del SII, el pasado 6 de mayo, en contra de Carrasco y el propio Laurence Golborne, quien será formalizado el próximo miércoles 29 de junio por delitos tributarios, para dar luz verde a los fiscales, quienes tienen preparado un diseño. El primer objetivo de los persecutores será ir en contra de los controladores y ejecutivos de las compañías surgidas a través del testimonio de Carrasco, quien confesó entregarles boletas a varias de ellas. Algunas ya realizaron rectificaciones voluntarias ante el SII, tras lo cual aparecieron nuevos nombres de emisores de documentos tributarios que beneficiarían a políticos y cuyos trabajos, se sospecha, nunca se concretaron.

Entrega de contabilidad

Aunque en un principio fueron tres las empresas mencionadas por Carrasco —Inversiones Caburga, Ripley y Bci—, poco a poco comenzaron a aparecer nuevas compañías sospechosas de realizar aportes encubiertos a campañas políticas. Entre ellas, CAP, Watt’s, dos sociedades del grupo Hurtado Vicuña (inversiones Paso Nevado y Longovilo), Inmobiliaria Economac, GT Advisors y FF Servicios. En total son 10 empresas relacionadas a la declaración de Carrasco y otras seis pesquisadas por los propios fiscales en la causa de Penta original (Agrícola Ariztía, Desarrollo y Servicios Melipilla, Automotores Gildemeister, Andes Task Consulting, Asesorías e Inversiones Ilihue y ECR Promogestion Chile), las que habrían entregado financiamiento a políticos, pero que aún no se habían investigado. Todas estas compañías recibieron, a partir de la tarde del jueves 16 de junio, un oficio en el que se les solicita una incautación voluntaria de su contabilidad. Si bien el documento no especifica un plazo determinado, sí les hace una petición: “a la brevedad”.

Hasta ahora, de acuerdo a lo que se conoce de la investigación, tanto Bci como Ripley rectificaron voluntariamente ante el SII. De hecho, en enero pasado se conoció la declaración del controlador de la primera, Luis Enrique Yarur, quien reconoció el aporte a la campaña de Golborne. Según él, por su afinidad política con la UDI, decidió aportar a la campaña del ex ministro de Minería de Sebastián Piñera. Agregó que los montos eran cercanos a los $100 millones. “No hay servicios que se hayan prestado por esas empresas, los servicios no existen, y como dije, fueron aportes para la campaña de Laurence Golborne”, admitió en esa oportunidad. El empresario también entregó una serie de antecedentes y nombres de personas ligadas a políticos, como el de Ana Carolina Palacios, cuñada de la ex jefa de gabinete de Pablo Longueira; Carmen Soza del Río, ligada a la Fundación Jaime Guzmán. También aparecen Juan Masferrer, relacionado a la UDI; Gustavo Alessandri, ex concejal UDI; el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; y el estudio jurídico Ossa, Long y Macaya, relacionado al diputado UDI Javier Macaya. Asimismo, nombra a Ximena Carvacho, mujer del ex administrador electoral de Ena von Baer, Jorge Bussenius.

Desde el jueves 16 de junio la Fiscalía envió un oficio en el que les solicita a 16 empresas la incautación voluntaria de su contabilidad. Si bien el documento no especifica un plazo determinado, sí les hace una petición: “a la brevedad”.

En todo caso, las rectificaciones de Bci y Ripley se encuentran en manos de los fiscales. De esta última, además de boletas relacionadas a Golborne, se encuentran documentos ligados a Pablo Zalaquet (Reactor SpA) y al ex jefe de campaña de Andrés Velasco, Juan José Santa Cruz (Paréntesis S.A.). Además y, de acuerdo a una nota publicada por El Mercurio en enero pasado, también se incluye a Asesorías Credo Ltda., empresa ligada al publicista Diego Perry, la que según el Servel aparece como proveedora de la campaña de la actual presidenta Michelle Bachelet.

Pero la lista podría incrementarse. Esto luego de que las empresas cuestionadas por la Fiscalía respondan a su solicitud y entreguen sus contabilidades. Además, el acceso a la información mantiene una segunda vía abierta: seguir el ejemplo de Ripley y Bci y rectificar voluntariamente las contabilidades. La semana pasada el Ministerio Público envió un oficio al SII, consultando si alguna de ellas usó ese beneficio, pero hasta el cierre de esta edición —el miércoles 22—no había respuesta.

Por ahora, los fiscales Gajardo y Norambuena están enfocados en definir la participación de los controladores de las empresas investigadas en eventuales delitos tributarios. De hecho, la declaración de Luis Enrique Yarur, controlador de Bci, la realizó en calidad de imputado. Desde la fiscalía de Alta Complejidad Oriente ya se cursaron una serie de citaciones para los ejecutivos de las compañías, quienes podrían definir su futuro judicial antes de fin de año.

Desde las pirámides

Una de las primeras decisiones de Jorge Abbott luego de asumir la jefatura de la Fiscalía Nacional fue sacar a Gajardo y a Norambuena de la primera línea del que, en ese entonces, era el principal caso de platas políticas, SQM, y relegarlos a Penta, que ya estaba prácticamente definido. Así los alejaba de los focos y las primeras planas. Los dados parecían estar echados para quienes partieron con estas causas y descifraron las principales hebras de los casos que impactarían a la clase dirigente nacional. En una entrevista en El Mercurio a poco de asumir su cargo, fue bastante claro: “Me gustan más los fiscales de bajo perfil”, dijo Abbott; una frase que fue interpretada como un soterrado mensaje a Carlos Gajardo. Parecía la lápida.

Con todo, la llegada de Manuel Guerra a la jefatura de la Fiscalía Oriente le dio un nuevo aire a la dupla de la Alta Complejidad. El nuevo jefe regional decidió darles espacio a los persecutores y si bien las causas políticas quedaron relegadas a un segundo plano, decidió abrir una veta que Gajardo y Norambuena supieron aprovechar: las investigaciones a las estafas piramidales. Los focos otra vez se volcaron hacia ellos. Los casos de AC Inversions, Arcano, IM Forex y ahora último el de los hermanos Rodríguez los devolvieron a la primera línea.

Pero no fue lo único. Esta última semana el fiscal Manuel Guerra decidió dar luz verde a la propuesta de Gajardo y Norambuena de abrir una investigación de oficio en contra del ex diputado PPD Jorge Insunza, quien en junio de 2015 renunció a su cargo como ministro secretario general de la Presidencia —en el que alcanzó a estar apenas 28 días—, luego de conocerse que realizó una serie de asesorías a Codelco y a Antofagasta Minerals mientras era diputado y miembro de la comisión de Minería de la Cámara. Si bien la confirmación de la indagatoria la realizó el propio fiscal Guerra, a través de una serie de entrevistas televisivas, la escena que dominó los noticieros, luego de los informes de la selección chilena en la Copa América, fue la de los fiscales Gajardo y Norambuena saliendo de la empresa en Las Condes. Algo que muchos interpretan como el retorno del mediático fiscal al ruedo de las causas de alto perfil político.