Para ayer se esperaba una decisión tras meses de incertidumbre sobre el curso que seguiría la reforma laboral luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional la titularidad sindical. El comité político de La Moneda más la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, informaron a los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría que la presidenta había optado por un camino: la reforma constitucional. Para varios fue una sorpresa y de inmediato en la reunión de comité que se llevó a cabo ayer en Palacio preguntaron si ya se iba a hacer oficial el anuncio. La respuesta de los ministros no fue muy clara, según comentó uno de los asistentes, pero lo cierto es que a la salida de la reunión ya el hecho se había transformado en noticia.

Ello, porque si bien se optó por esta decisión, antes de insistir con el veto o de redactar una ley corta, no existe aún la certeza de que exista el piso político para tener éxito en el intento, pues para que concrete la reforma es necesario sí o sí un acuerdo con la oposición. En La Moneda comentaron que el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, ya ha comenzado acercamientos con Chile Vamos para alcanzar un acuerdo. Las conversaciones apuntarían a aceptar la adaptabilidad laboral como moneda de cambio por dejar al sindicato como el principal interlocutor de una negociación  colectiva, en desmedro de cualquier otro grupo negociador.

Preminencia del sindicato, era el concepto que se acuñó tras la reunión. Esta idea es como partir de cero se comentó en la reunión, porque involucra explorando un acuerdo, para una reforma completamente nueva, a diferencia de la propuesta que en su momento había surgido de la Democracia Cristiana. Con ello, la estrategia del Ejecutivo será blindar cualquier ley corta en materia laboral con el resguardo constitucional de la preminencia del sindicato, para evitar que una vez más se acuse de inconstitucional una ley que fortalezca la titularidad.  Dentro del equipo de asesores del gobierno siempre estuvo la idea de este camino, pensando en que se iba a tener que negociar una salida digna al fracaso que significó el fallo del TC, y ante este escenario siempre estuvo en mente hacer un trueque con la derecha para lograr- al menos- cumplir con una nueva normativa en las relaciones laborales como se comprometió en el programa. Bajo todo ese panorama fue entonces la mandataria quien decidió esta vía de escape, mandatando a generar los acuerdos necesarios para la reforma en un plazo breve, con el fin de terminar con la incertidumbre.

El vocero de gobierno, Marcelo Diaz, explicó la necesidad de buscar la convergencia con la oposición: “Mientras avanzamos en ese esfuerzo que requiere diálogo con la oposición -porque una reforma constitucional de esta envergadura requiere una cantidad de votos que la Nueva Mayoría por sí sola no dispone- se suspende toda la decisión relativa veto y a la tramitación de una eventual ley corta a la espera del examen de viabilidad de esta reforma constitucional”.

En tanto, el presidente de La Cámara Baja, Osvaldo Andrade (PS), explicó que para lograr éxito en esta emprendimiento se requerirá un equipo jurídico que trabaje en los contenidos de la reforma los cuales aún no están del todo claros: “El comité político lo que ha hecho es una exploración respecto de las opiniones que podrían darse en relación a esta propuesta de ir por el lado de la reforma constitucional y dejar en suspenso tanto el veto como la eventual ley corta. Es una buena fórmula en lo inmediato, ahora hay que ver los contenidos de la reforma, para eso se pensó en hacer un equipo de trabajo”.

Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber dijo que la ley corta no se descarta una vez que se pueda establecer la reforma constitucional: “Esta reforma requiere 25 votos en el Senado, la Nueva Mayoría tiene 21 con lo cual de todas formas debe haber entendimiento con la oposición, por lo tanto lo que se está buscando es que tiene haber preminencia de la titularidad sindical sobre otros grupos negociadores. Ley corta sigue siendo importante, porque igual va a haber una ley que se tiene que bajar de acuerdo a lo que dice la Constitución”.

El camino no será fácil. El gobierno deberá ahora convencer a la derecha que no se está pidiendo la exclusividad de la titularidad sindical, sino que la preminencia. Concepto que se eligió como línea general del cambio a la Carta Fundamental que se informó se iba a explorar. Plazos no se establecieron, pero sí el mandato presidencial es que sea a la brevedad. En la Nueva Mayoría confiesan que no será fácil la negociación, porque en uno o dos meses no será posible una reforma constitucional, lo que puede extender aún más el escenario de incertidumbre que quedó tras el fallo del TC. A algunos presidentes les sorprendió esta decisión, porque hace algunas semanas La Moneda había descartado este camino por considerarlo inviable, debido a la minoría de votos con los que se cuenta en el Parlamento para una reforma de este tipo. Pero, ese escenario habría cambiado, según comentó una fuente oficialista, luego que Eyzaguirre expresara que ya se está allanando el piso con Chile Vamos. En la Nueva Mayoría esperan, eso sí, saber con detalle el contenido que tendría que la reforma para ver en qué se va a ceder en la negociación, y que esto no afecte en gran medida el objetivo que tenía esta reforma que era otorgar mayor poder a los sindicatos. Todo aún está por verse y se aventuran nuevos meses de intensas negociaciones, para intentar salvar una de las reformas estructurales a las que se comprometió el gobierno.