Pese a que tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitaron arresto domiciliario total para Laurence Golborne, el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, decretó firma quincenal y arraigo nacional para el ex ministro de Sebastián Piñera.

El ex ministro fue formalizado por delitos tributarios en el marco del caso Penta, donde, de acuerdo a los antecedentes reunidos por la Fiscalía, habría recibido más de $378 millones de pesos a través de 26 boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas por una decena de empresas.

La audiencia se extendió entre las diez de la mañana y las dos de la tarde, y tal como lo viene realizando desde que explotó el caso Penta, el ex candidato presidencial negó las acusaciones que se le imputan.

“Aquí existe un juicio político, donde se están acusando de manera distinta a distintos actores. Yo no me voy a escudar en lo que otros hicieron o en la situación que otros estén viviendo. Yo asumo mi responsabilidad y estoy dispuesto a someterme a los tribunales para demostrar que, desde el punto de vista tributario, no he cometido ningún delito", sostuvo Golborne.

Si bien en 2014 Golborne fue uno de los primeros en reconocer que había recibido dinero del grupo Penta, su argumento de defensa es que se trató de financiamiento para la pre-campaña presidencial, figura que no estaba regulada por la antigua ley de partidos políticos.

"No existía ningún mecanismo de financiamiento para las precampañas políticas, no había ninguna regulación que decía cómo esto se tenía que hacer”, afirmó el ex ministro.

Así, quedó descarta la posibilidad de concurrir a un juicio abreviado, a diferencia de lo que había adelantado este martes el fiscal nacional Jorge Abbott.

¿Colaboró o no?

Pese a que las cautelares que dictó el juez fueron menores a las que pedía el Ministerio Público, el fiscal Manuel Guerra descartó que esta decisión fuera un fracaso para los prosecutores.

“El tribunal ha estimado como adecuadas medidas cautelares distintas a las que nosotros solicitamos. No lo consideramos como un fracaso porque creemos que estas medidas en definitiva también sirven para cautelar la comparecencia a los distintos actos del procedimiento”, explicó el fiscal.

En este punto, la principal diferencia entre el Ministerio Público y el tribunal fue por la atenuante de colaboración.

De acuerdo a los fiscales, Golborne no ha colaborado de manera sustancial con la investigación. Como ejemplo, pusieron que este martes el ex ministro guardó silencio cuando fue citado a declarar por las boletas emitidas a empresas distintas a Penta. Más grave aún, sostienen que en su declaración de noviembre de 2014 negó que existieran facturas a otras empresas.

“En nuestro concepto, faltó a la verdad al no señalar la existencia de estos aportes”, afirmó el fiscal Pablo Norambuena.

El tribunal, en cambio, tomó en cuenta los argumentos de la defensa, que puso énfasis en que Golborne fue una de las primeras figuras en declarar, y que los antecedentes que aportó fueron fundamentales en la formalización de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

No obstante, si se tomaron en cuenta como agravantes el hecho de que los delitos fueron reiterados y concertados, además de la condición de candidato de Golborne al momento de recibir estos aportes.

“Estamos hablando de una persona que optaba por llegar a la primera magistratura de la nación, pero que iba a tener comprometidos interés con un grupo de empresas de grupos económicos más importantes del país. Si el señor Golborne hubiese sido candidato y hubiese ganado la elección, probablemente su interés hubiese estado comprometido con esas empresas, y eso merece la máxima gravedad”, afirmó el fiscal Guerra.

Aunque no se ha tomado una decisión, el Ministerio Público no descarta la posibilidad de separar las aristas de las 10 empresas que acaban de ser querelladas por el SII, teniendo en cuenta que el plazo de investigación de Penta está a punto de vencer.