No se podía seguir esperando más. Al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, le preocupaba que el debate por la reforma laboral siguiera extendiéndose en el tiempo bajo un escenario económico adverso. No era conveniente seguir con la incertidumbre, habría manifestado en diversas reuniones de comité político. Ante ello, la presidenta Michelle Bachelet tomó esta tarde una decisión final: no impulsar una reforma constitucional ni una ley corta, y simplemente vetar los artículos de adaptabilidad laboral y quórum de sindicatos, resignando de esta manera la posibilidad de reponer la titularidad sindical mediante un cambio en la Carta Fundamental.

Esto significa que la nueva normativa que regulará las relaciones laborales se despachará sin la titularidad sindical,   Uno de los artículos que se vetará, los pactos de adaptabilidad,  buscaba dar mayor flexibilidad a las  jornadas de trabajo, horarios y turnos y que ante un eventual caso de huelga podían ayudar al empleador a buscar fórmulas de reacomodo de funciones. El otro artículo permitirá bajar los quórmus para que los trabajadores formen un sindicato.

La lógica que primó en el gobierno, según se comentó durante este largo proceso dentro de los equipos negociadores, fue resignarse a perder el corazón de la reforma, la titularidad sindical y como moneda de cambio vetar los elementos que a juicio del Ejecutivo ya no se hacían necesarios sin titularidad, porque dejarían aún con menos poder de negociación a los sindicatos.

El gobierno a través del vocero, Marcelo Díaz, explicó esta decisión  aludiendo principalmente a que no se contó con el acuerdo necesario para enfrentar una reforma constitucional. Por medio de un comunicado, que leyó flanqueado por la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó: “La Presidenta encargó al Comité Político y a la Ministra del Trabajo y Previsión Social explorar alternativas de cambio constitucional, que nos permitiera hacernos cargo de la centralidad que deben tener los sindicatos en las relaciones laborales.  Para avanzar en esa línea era necesario construir un acuerdo transversal, ya que una reforma constitucional sobre estas materias requiere dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, quórum que nuestra coalición no tiene. Valoramos y reconocemos especialmente la buena disposición y disciplina que tuvo la Nueva Mayoría durante este proceso”, y agregó que debido a la “ausencia de voluntad por parte de la oposición” la mandataria instruyó tramitar el veto a estos dos elementos a la brevedad.

La Moneda con este decisión intenta cerrar por completo el debate por la reforma laboral, pues desechó también la posibilidad de enviar una ley corta que intentase reponer alguno de los elementos impugnados por el TC. Con esto, el gobierno pretende de forma rápida aprobar este veto en el Parlamento (debe ser votado en ambas cámaras) y con ello evitar que bajo un magro escenario económico la reforma laboral siga siendo una piedra de tope en la búsqueda de centrar la atención en mejorar el crecimiento y la productividad. Esto debido a que gran parte del empresariado rechazaba de plano una reforma constitucional que por lo demás podía transformarse en un largo debate que poco ayudaría a terminar con el fantasma de la incertidumbre en medio de un complejo escenario económico mundial.